La Fiscalía General del Estado, según informa EFE, ha desacreditado al juez Pablo Llarena y ha solicitado al Tribunal Supremo que aplique la amnistía al prófugo Carles Puigdemont. Argumentan que el líder de Junts no «empleó fondos europeos» ni se enriqueció personalmente. En la misma línea se encuentra la Abogacía del Estado y los letrados de los procesados.
María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Supremo, ha expresado que «decir que los actos fueron conducidos a obtener un beneficio patrimonial es, cuanto menos, sorprendente».
Desjudicializar la política…
Esta petición tuvo lugar durante una vista pública para revisar los recursos de Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, con el objetivo de que se les absuelva del delito de malversación para poder disfrutar de la amnistía. Tras fracasar estrepitosamente en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y con la probable desestimación de su solicitud, el próximo paso de quienes claman por la «desjudicialización de la política» será recurrir al Tribunal Constitucional.
La Fiscalía devuelve el favor
La genuflexión de la Fiscalía General, que capitanea Álvaro García Ortiz, acusado presuntamente de revelación de secretos, no ha sorprendido a nadie en redes. «Gol en las gaunas», exclamaba un usuario; otros, en cambio, como Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, subrayan que avanzamos paulatinamente hacia la destrucción de la separación de poderes y el Estado de derecho.
Sorpresa. https://t.co/cKsJeyBnOW— Rubén Arranz (@RubenArranz_) March 10, 2025
Salta la sorpresa en Las Gaunas https://t.co/5ntJsjbhvt— Víctor López (@VictorHosker) March 10, 2025
Cuando no participa en operaciones de estado contra adversarios, la fiscalía se dedica a proteger a la mujer del Presidente del Gobierno o a hacer de abogado de golpistas. ¿La Fiscalía de quien depende? Pues eso https://t.co/Rv0e5uJzVt— Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) March 10, 2025
