En mi artículo de la semana pasada, daba cuenta de la penúltima concesión de Sánchez al presidente Illa (PSC) y a los separatistas de ERC: la condonación de 17.101 millones de la deuda contraída por los gobiernos catalanes con el Estado. Con unos meses de retraso, el gobierno de Sánchez ha acordado formalmente hacer la transferencia convenida en pago por el respaldo de los 7 diputados republicanos a la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno el 16 de noviembre de 2023. Quizá como la transferencia del gobierno mafioso llegaba con algunos meses de retraso, la vicepresidenta y ministra de Hacienda quiso ser generosa con ellos y sumó a los 15.000 millones del ala prometidos a ERC en 2023, 2.101 millones de propina para que nadie pueda decir que este gobierno no tiene palabra y Junqueras pueda alardear ante los medios de comunicación de su extraordinaria habilidad negociadora.
Echen cuentas: 17.101 millones dividido por 7 da como resultado 2.443 millones y ésta es la cifra que a los ciudadanos españoles nos ha costado que cada uno de los 7 diputados de ERC votara a favor de investir a Sánchez presidente. No se trata ni mucho menos de una cifra precisamente insignificante, habida cuenta que en los PGE 2023 se destinaban 1.548 millones a conservar toda la red viaria de España. Con la cifra condonada a Cataluña por Sánchez tendríamos recursos para pagar la conservaciónde dicha red durante 11 años. ¡Cómo para aceptar que el gobierno llegara a considerar establecer peajes mientras se negociaba la investidura de Sánchez subrayando la escasez de recursos del Estado! Quizá no ande sobrado cuando se trata de mantener las infraestructuras viarias, pero derrocha prodigalidad cuando se trata de condonar 17.101 millones a sus socios parlamentarios preferidos.
El coste político de la investidura ha sido también enorme. Como todo el mundo sabe, el grupo socialista presentó una proposición de ley orgánica de amnistía el 13 de noviembre para comprar los votos de los 7 diputados de Junts, el partido secesionista creado y dirigido por un prófugo de la justicia al que Sánchez había prometido traer a España para sentarlo en el banquillo. El daño en este caso fue estrictamente político porque obligó al gobierno y al PSOE a presentar una norma cuyo contenido ellos mismos habían asegurado era flagrantemente inconstitucional porque laminaba la separación de poderes. No se extrañen ustedes que, llegado el caso, el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido se vea en la tesitura de ‘constitucionalizar’ la ley para salvar el pellejo al gobierno.
“Estamos ante una nueva concesión que se pretende ocultar retorciendo lo que haga falta, exactamente igual que ocurrió con la amnistía que pasó de ser manifiestamente inconstitucional a ser perfectamente constitucional en pocas horas.”
Pero las cesiones de este gobierno entregado no tienen límites y cada muy pocos meses nos asombra haciendo nuevas cesiones a sus avalistas que van poco a poco desmantelando el Estado de Derecho. Esta semana le ha tocado de nuevo la china a la Constitución. El PSOE ha presentado en el Congreso, conjuntamente con el grupo parlamentario del prófugo de Waterloo, una nueva proposición de ley para transferir las competencias en inmigración y extranjería y el control de fronteras al gobierno de la Generalidad. La Constitución atribuye al gobierno de la nación la competencia exclusiva en estas materias y el gobierno de Sánchez se esfuerza en convencernos de que retiene la competencia exclusiva en estas materias, que no las transfiere, sino que las delega algobierno de la la Generalidad para ejercerlas con más eficacia aprovechando la ventaja de estar más próximo a la frontera.
Estamos ante una nueva concesión que se pretende ocultar retorciendo lo que haga falta, exactamente igual que ocurrió con la amnistía que pasó de ser manifiestamente inconstitucional a ser perfectamente constitucional en pocas horas. El pasado 15 de enero, preguntado por este asunto, el presidente Sánchez declaraba tajantemente en RNE que “todo lo que tiene que ver con la inmigración y el control de fronteras y las políticas de inmigración irregular y su lucha contra estas, en fin, tráfico de seres humanos que hacen las mafias, eso ha de estar residenciado donde tiene que estar, que es la Administración General del Estado. El artículo 149 de nuestra Constitución es bastante claro, es taxativo: es el Estado en su conjunto quien tiene esas competencias”.
En una intervención en el Congreso el 14 de septiembre de 2024, Grande-Marlaska, ministro del Interior, afirmaba también “que tanto el control de fronteras como el control de los flujos de inmigración irregular son competencia exclusiva del Estado y del Gobierno central por lo que no son susceptibles de ser transferidos ni delegados”. Claro que nadie debe sorprenderse si el ilustre juez acaba de caer en su error porque algo parecido ya le sucedió con la ley de amnistía. En un acto electoral celebrado en Cádiz, en vísperas de las elecciones generales de noviembre de 2019, Grande-Marlaska descartó que el gobierno fuera a aprobar una ley de amnistía porque “todas las pretensiones que se formalicen tienen que ser en el marco de la Constitución y de la ley. [y la amnistía] No está reconocida”. La amnistía, según Grande-Marlaska, ni cabía en el marco de la Constitución ni era legal en noviembre de 2019. Pero Pequeño-Marlaska defendía el 3 de octubre de 2023, mientras el gobierno de Sánchez en funciones negociaba su nueva investidura, la posición contraria, justificándola por la necesidad de “abordar todas las políticas de diálogo que generen cohesión, curen heridas y miren al futuro dentro del marco constitucional”.
La hemeroteca demuestra que bastan unos pocos meses y un revés electoral para que Pedro Sánchez y Grande-Marlaska hayan cambiado radicalmente sus posiciones sobre lo que es constitucional o no. Cambiaron su posición sobre la calificación jurídica de la actuación del gobierno de la Generalidad durante el proceso seguido contra algunos de ellos en el Tribual Supremo, volvieron a hacerlo indultando a algunos cabecillas y amnistiando incluso a los acusados de terrorismo, y lo han vuelto a hacer ahora cediendo el control de fronteras y la inmigración irregular. No sé a ustedes, pero a mí me producen suma inquietud los cambios de opinión de un juez que ejerce de ministro del Interior en materia constitucional y aún más los de un presidente que con el BOE en la mano está dispuesto a vaciar las arcas públicas y desmantelar el Estado de Derecho para comprar los votos de los diputados de ERC, Junts y EH Bildu, ymantenerse en la Moncloa a cualquier precio.