Me sorprende notablemente que los partidos de la oposición en España no estén denunciando que Pedro Sánchez esté derribando las bases de la Constitución Española y el actual Estado de las Autonomías. Como bien sabemos todos, para seguir en la Moncloa, Pedro Sánchez depende del apoyo de partidos separatistas que están exigiendo contrapartidas que nos llevan a un modelo confederal que nada tiene que ver con lo que conocemos hasta ahora. Por la puerta de atrás, sin el exigido referéndum, están socavando los pilares de nuestro ordenamiento jurídico constitucional para imponer un estado asimétrico y plurinacional donde habrá unos pseudo estados de primera y otros de segunda.
La soterrada negociación sobre el concierto económico o “cupo catalán” para que esa administración autonómica recaude y gestione el 100% de los impuestos no cabe dentro de nuestra Constitución. Además de romper la caja común y poner en peligro la financiación de servicios básicos en el conjunto de la Nación, destroza el principio de igualdad de derechos entre españoles y facilita un futuro golpe separatista al concretar esa bilateralidad que tanto anhelan los aliados de Sánchez en el Congreso de los Diputados. Y, señores, esto se parece más a confedelarizar que a federalizar (acuerdo multilateral de poderes compartidos). Nos acerca a un modelo con más parecidos al establecido en la Unión Europea que en Estados Unidos.
En segundo lugar, el anunciado traspaso de competencias a través de una ley orgánica en materia de inmigración a la Generalitat pactado con el prófugo Puigdemont en Zurich también muestra hasta qué punto el Gobierno está dispuesto a trinchar la Constitución Española por la puerta de atrás. Les importa un rábano que el artículo 149.1.2 diga que el Estado tiene las competencias exclusivas en materia de «nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo».
También les da igual que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TSJUE) lo impida a través de la que se conoce como caso Celaj (sentencia C-290/14) en el que se afirma que la fragmentación de la aplicación de la normativa de inmigración dentro de un Estado miembro puede comprometer la coherencia del derecho comunitario y generar inseguridad jurídica.
Es cierto que alguno me podría decir que la atención de los inmigrantes llegados a nuestro país ya la está realizando de facto las comunidades autónomas, pero en este caso el traspaso va más allá. Puigdemont lo quiere “integral”. No se trata sólo del simple impulso y gestión de políticas sociales para acoger a los recién llegados, sino que está más orientado al control de fronteras y nacionalidad, hecho que condiciona la seguridad y soberanía del país. Tal es así que incluso la consejera del Interior de Cataluña, Núria Parlon, ha anunciado recientemente (y no por casualidad) que los Mossos d’Esquadra asumirán la seguridad ciudadana de puertos y aeropuertos a partir de septiembre.
Expulsar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional de Cataluña para que los separatistas controlen las fronteras y puedan expulsar a los extranjeros que ellos quieran es el broche de oro a está política basada en ir socavando la presencia del Estado en un territorio como el catalán. Francamente, preocupa que los socialistas le estén haciendo el trabajo de zapa a los separatistas condenados por el Supremo.
Pedro Sánchez gobierna como si todo se la traiga al pairo. Todo le vale para seguir unas semanas más en su Falcón. Es de una irresponsabilidad mayúscula y es una traición palpable al conjunto de la Nación y a la Constitución Española regalarle las llaves de la caja y el control de fronteras a unos tipos que en 2017 dieron un golpe de estado separatista.
Es triste que el presidente del Gobierno sea un notable factor de desestabilización institucional de España, pero aún apena más la pasividad de los ciudadanos ante tales abusos. Como no pongamos pie en pared, de España no van a quedar ni las espinas.
