¿Condonación de la deuda de la Generalitat? Mal, porque también beneficiará a otras comunidades autónomas. ¿Plan de apoyo al catalán? Mal, porque el president Illa no da ejemplo y utiliza, también, el español. ¿Traspaso de Rodalies a la Generalitat? Mal, porque se hará a través de un consorcio en el que sigue participando el Estado. Y mal, por supuesto, la ratificación de la condena a Laura Borràs, que no tiene nada que ver con que troceara contratos públicos para beneficiar a un traficante de droga, sino con el maléfico lawfare de una justicia colonizada por el franquismo, 50 años después de la muerte del dictador.
En su empeño por descollar como alumno aventajado en la oposición al socialismo catalán y español -aunque sostenga parlamentariamente el Gobierno de Pedro Sánchez– Junts se va hundiendo con paso firme en el síndrome del pitufo gruñón.
Motivos no le faltan a la formación de Carles Puigdemont. Ha tenido un inicio de año político algo aciago, que no hace más que empeorar con los éxitos exhibidos por Esquerra.
Primero fue el giro de 180 grados respecto a la alcaldía de Ripoll. De alentar la moción de censura a Sílvia Orriols a convertirse en los grandes perdedores de la maniobra orquestada por la líder de Aliança Catalana para conseguir aprobar sus primeros presupuestos municipales. Después vendría el frenazo y marcha atrás en la moción de confianza de Pedro Sánchez. Y cierran el mes de febrero con una nueva rectificación, esta vez a cuenta del FLA.
En todos los casos, han sido los propios junteros los que se han echado la soga al cuello, metafóricamente hablando. El partido de las “jugadas maestras” parece estar perdiendo olfato político a marchas forzadas. Dirigir un partido a golpe de tuit no ayuda -eso solo le funciona a Donald Trump-. Siete años de residencia en Waterloo, con la consiguiente desconexión de la realidad catalana, tampoco.
Puigdemont parece haber perdido la habilidad táctica que le permitió aparecer ante los suyos como un campeón político derrota tras derrota del procés. Pero el partido se resiste a emanciparse del president fugado, y este mes de febrero se han visto las primeras consecuencias.
La exigencia del traspaso integral de las competencias en inmigración, incluido el control de las fronteras en exclusiva y la expulsión de inmigrantes, parece demasiado incluso para Pedro Sánchez. Y el órdago de la moción confianza se ha convertido en un disparo en el pie de los de Junts, por mucho que intenten disimularlo con el comunicado del mediador internacional al que se pidió intervenir públicamente para que la rectificación de los independentistas no fuera tan dolorosa.
El contraste con un Oriol Junqueras avanzándose a la mismísima María Jesús Montero para anunciar que el Estado asumirá como propia una deuda de 83.000 millones de euro de las comunidades autónomas es demasiado doloroso para Junts. Tanto, que la portavoz neoconvegente, Mónica Sales, se apresuró a calificar la medida de tomadura de pelo, poniendo en cuestión que vayan a apoyarla en su trámite parlamentario.
Una amenaza que el propio Puigdemont corregía al día siguiente, por supuesto desde X, antes twitter. Y lo hacía señalando a los periodistas, a los que acusa de “mala fe” o “falta de comprensión lectora”.
De momento, la amenaza de Junts está desactivada. Tras retirar la proposición para que Pedro Sánchez se someta a una moción de confianza, la credibilidad de las amenazas de Junts ha caído en picado, y en el partido de Puigdemont deben haber pensado que ha llegado el momento de dosificar sus exabruptos. Puestos a señalar, mejor a los medios que a quien tiene que aplicarte la amnistía parecen haber pensado en Waterloo.
El desconcierto de Junts se traduce en un buen mes de febrero para los socialistas catalanes políticamente hablando. Por lo menos en los que respecta a la consolidación de sus alianzas con Esquerra, que abren nuevas expectativas al Govern de Salvador Illa. Lo acuerdos del FLA y Rodalies son el primer paso para generar confianza en la nueva dirección republicana, señalan desde el Govern, recordando que el pacto de investidura se cerró con otra dirección, la liderada por Marta Rovira. Pero el castigo en términos de imagen que ha supuesto para Junts debería preocupar a los socialistas con residencia en Barcelona y Madrid.
