La Generalitat prepara ya el pago de otros 120 millones de euros a Acciona para poder cerrar de una vez por todas el conocido como caso ATLL. Se trata de un acuerdo extrajudicial negociado entre ambas partes para poner fin a un conflicto que comenzó en 2012 fallida privatización de la empresa pública catalana Aigües Ter Llobregat (ATLL), encargada del suministro de agua a Barcelona y su área metropolitana.
Durante el gobierno de Artur Mas, la Generalitat adjudicó la gestión de ATLL a un consorcio liderado por Acciona por un período de 50 años y un desembolso cercano a 1.000 millones de euros. La adjudicación fue impugnada por la empresa Agbar, competidora en el proceso, alegando irregularidades en el concurso. Tras años de litigios, en 2018 el Tribunal Supremo anuló la privatización, confirmando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que invalidaba la concesión a Acciona.
Fracaso millonario
Acciona reclamó una indemnización por los daños y perjuicios sufridos, en base a un documento de la Generalitat gobernada por Artur Mas que le garantizaba el lucro cesante de la operación si esta era revertida. En diciembre de 2022, el TSJC falló a su favor, obligando a la Generalitat a pagar 304 millones de euros. Ninguna de las partes quedó satisfecha con la sentencia y el caso acabó en el Tribunal Supremo. Y ha sido ahora cuando la Generalitat y Acciona han alcanzado el acuerdo para que la Administración abone a la compañía estos 120 millones de euros, con lo que el caso quedará cerrado, según recogen diversos medios.
Estos 120 millones de euros deben sumarse a los 385 millones abonados por el Govern de Pere Aragonés al fondo buitre Fortress, que había adquirido el pleito ante el Supremo. En total, la Generalitat ha tenido que abonar por este fracaso la friolera de 485 millones de euros. De momento, solo los comunes han mostrado su indignación ante lo sucedido y ya han solicitado la comparecencia ante la Comisión de Territorio del Parlament de los exconsellers Andreu Mas-Colell y Lluís Recoder.
