Ángel Hurtado, juez del Trbunal Supremo, se ha reafirmado hoy en la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, así como de la fiscal provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, por un presunto delito de revelación de secretos. Ambas figuras se encuentran relacionadas con la investigación por la filtración de un correo confidencial entre el abogado de Alberto González Amador -pareja de Isabel Díaz Ayuso- y el fiscal que investiga su caso.
⚖️ El Tribunal Supremo rechaza los recursos del fiscal general del Estado y de la fiscal provincial de Madrid contra el auto que acordó tomarles declaración como investigados
— Poder Judicial (@PoderJudicialEs) February 26, 2025
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El magistrado desestima de este modo los recursos presentados por los investigados, considerando que existen indicios suficientes en su contra para atribuirles la filtración. Sí se ha sobreseído la causa contra Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, al no hallar pruebas concluyentes.
Reacciones
La decisión judicial ha generado una ola de reacciones en redes sociales y medios de opinión pública, donde los ciudadanos denuncian la gravedad del caso, señalando a su vez la ausencia de consecuencias inmediatas para los presuntos responsables. Los detractores del Ejecutivo califican así de «inaceptable» el hecho qué miembros del poder judicial estén implicados en la filtración de información confidencial con posibles intereses políticos.
Por supuesto. En un pais del primer mundo y civilizado ya habría dimitido toda la banda. Son tres VP implicados, 11 ministros y 1 fiscal. Esto es Bananero 100%
— Jorge MC (@dmjorgee) February 25, 2025
… Y García Ortiz sigue atornillado al sillón!! Como puede ser??
— @vihupiga (@vihupiga) February 26, 2025
El juez archiva la causa contra la mano derecha del fiscal general pero ratifica los indicios contra García Ortiz por la revelación de secretoshttps://t.co/XElugNTR37
El sentimiento de impunidad y la desconfianza en el sistema judicial han sido los temas más recurrentes en la conversación pública desde que se conoció el caso. Esta actualización de los hechos no ha hecho sino empeorar la situación. La falta de dimisiones o medidas disciplinarias inmediatas es especialmente criticada, reforzando la sensación de que existen dos varas de medir según quién esté involucrado en los hechos.
