El otro día me comentaba un pequeño empresario español que para dar de alta el agua en su empresa tenía que hacer no menos de siete trámites, que, por supuesto, ni eran gratis ni se hacían en un santiamén. Imagínense impulsar proyectos de cierta enjuncia…
España es el paraíso del papeleo. Ni siquiera en tiempos de inteligencia artificial e informatización de todo hemos conseguido aligerar la pesadísima burocracia y la sobrerregulación. Es más, tengo la sensación de que cualquier trámite se hace cada día más tedioso y costoso.
Muchos emprendedores me dicen que la maldita burocracia, las inspecciones, el cumplir con las tropecientas mil normas que cambian cada pocos meses y el manoseo de las administraciones públicas les molesta tanto o más que los elevadísimos impuestos, que ya es decir. Es muy grave que la presión normativa en España tenga tanta transcendencia como la fiscal.
Con un panorama así, es difícil encontrar a gente con ganas de invertir, emprender y crear proyectos empresariales de futuro. Suficientemente difícil es impulsar un negocio en un entorno cada vez más globalizado y competitivo, como para que el emprendedor español tenga que dedicar buena parte de su jornada a pelearse con administraciones de diferente pelaje.
Según el Instituto Juan de Mariana, el 36 por ciento de la actividad económica desarrollada en España se da en sectores afectados por una carga regulatoria y burocrática excesiva, afectando a 1,9 millones de empresas y a 9,8 millones de trabajadores. Solamente en la última década se han conocido al menos 700 recursos contra decisiones regulatorias que restringen la unidad de mercado en nuestro país.
«La acumulación de requisitos, restricciones y prohibiciones regulatorias destruye empleo y desvía recursos de la economía productiva a la economía de la burocracia«
Como es fácil de intuir, esa sobrecarga administrativa tiene un gran impacto para el conjunto de la economía española. Los obstáculos para el mercado único en Europa tienen un impacto cercano al 3,5 por ciento del PIB en España, mientras que la ruptura del mercado nacional propiciada por la fragmentación normativa autonómica tiene un coste del 3,5 por ciento del PIB. En total, el coste de estos obstáculos para que las empresas puedan operar en la UE y dentro de España asciende a 90.000 millones de euros.
La acumulación de requisitos, restricciones y prohibiciones regulatorias destruye empleo y desvía recursos de la economía productiva a la economía de la burocracia. Según el citado Instituto, igualar nuestra calidad regulatoria y nuestro aparato burocrático a los niveles observados en Dinamarca permitiría incrementar la renta per cápita en 2.589 euros. Lamentablemente, los distintos indicadores referidos a la calidad regulatoria en la UE y la OCDE nos relegan a la zona baja de la tabla.
Por otro lado, depende en qué comunidad autónoma viva usted, la burocracia lo asfixiará más o menos rápido. Un dato: la carga regulatoria efectiva en Cataluña duplica la de Madrid, lo que reduce la renta de la primera comunidad en 1.141 euros por persona, destruyendo asimismo unos 52.400 puestos de trabajo.
Y como antes decíamos, esto no va a más. Parece que se cumple esa máxima que dice que el político medio necesita cada vez más normativa para controlar con más firmeza el cotarro. Desde el año 2000 se han aprobado más de 10.000 nuevas regulaciones verdes en España y desde 1996 más de 22.000 en cuestión de igualdad de género. Y no parece que hayamos mejorado tanto en estos aspectos…
No parece normal que el pequeño empresario tenga que destinar tanto tiempo y dinero para evitar sanciones por no llevar al dedillo la normativa modificada cada dos semanas. Con este panorama no es de extrañar que España esté en el puesto 97 del último ranking del Banco Mundial dedicado a medir las facilidades para hacer negocios. Es un panorama desolador propio de una economía del tercer mundo.
Entiendo que a los poderes públicos les guste mandar, ordenar, fiscalizar, controlar y expoliar a las empresas y trabajadores autónomos para pagar sus juergas políticas, pero deberían autocontrolarse mínimamente. Así, lo único que consiguen es desincentivar la economía productiva y llevar a España a una decadencia económica que todos pagaremos muy caro.
