Leo en los medios que en una ciudad española, que no mencionaré, un grupo de vecinos ha abortado violentamente el intento de okupar una vivienda, sin esperar a que la situación se consolidara ni a la intervención de jueces o policías en la resolución del caso, pues, según aquellos vecinos, la experiencia les dice que por esa vía – que es la de la ley – no se resuelve nada, y, más aún, en la duda, según ellos, las leyes apoyan a los okupas en detrimento de los derechos de los propietarios o de los inquilinos legítimos del inmueble.
Esa manera de pensar no es nueva, y está muy extendida. Además, se trata de un estado de opinión que se amplía con datos que, presentados en modo resumido, son alarmantes para cualquier ciudadano honesto y cumplidor de sus deberes y convencido de que tiene también derechos. Para esas personas, la noticia de que la Ley castigará al propietario como autor de un delito de coacciones (¡), si se atreve a cortar los suministros a la casa que ha sido okupada o que se atreva a cambiar la cerradura aprovechando una ausencia del okupa, por muchos matices que tenga la información, es escandalosa y desasosegante, y, en bastantes casos, empuja al ciudadano a contratar un seguro anti ocupación o los servicios de una empresa dedicada a desokupar por las buenas o por las malas, conducta que, a su vez, está amenazada por las leyes penales.
Se trata de un estado de opinión que se amplía con datos que, presentados de modo resumido, son alarmantes para cualquier ciudadano honesto
No seguiré con el infinito anecdotario del okupacionismo que es de dominio público, como también lo es que lo que sucede en España no ocurre en ningún otro Estado europeo, pues en ninguno se acepta el estatuto de derechos que en España se reconoce a los okupas, ni hay tanta inclinación judicial a dar preferencia al okupa. La cansina, por cierta que sea, argumentación basada en el problema de la vivienda no puede conducir a transformar a los propietarios o inquilinos en el primer instrumento para afrontar la escasez de viviendas. Pero así viene sucediendo y no parece que vaya a menguar.
Tampoco entraré en el análisis de las normas jurídicas, penales y civiles, que son de aplicación a estos casos, pues basta con subrayar que su poca eficacia práctica (la exasperante lentitud en la recuperación de una vivienda es parte de la ineficacia) viene coadyuvada por la frecuente renuencia judicial a dar inmediata tutela a quien ha perdido su vivienda, en lugar de redirigir al perjudicado a que inicie un proceso penal o civil.
Claro está que habrá excepciones, pero incluso, en el negado supuesto de que eso no sucediera, el solo y comprobado hecho de que ha ocurrido muchas veces bastaría para justificar la preocupación, sin olvidar, además, los graves episodios de violencia callejera que han acompañado a sonoros casos de desalojos, sucesos que han encontrado comprensión y solidaridad de parte de algunas fuerzas políticas – por ejemplo, Podemos – que, sin llegar a proclamarlo expresamente en sus idearios, entienden que la okupación es un derecho de quien no tiene vivienda.
Es asombrosa la frivolidad con la que los responsables públicos o los voceros de algunos partidos asisten al espectáculo de la ineficacia del Derecho
Pero, más allá de ese problema, y sin negar la gravedad del drama paralelo de la falta de pisos, que está teniendo fatales repercusiones sociológicas, es asombrosa la frivolidad con la que los responsables públicos o los voceros de algunos partidos o grupos políticos asisten al espectáculo de la ineficacia del derecho que, inevitablemente, da lugar a que se produzcan recuperaciones de derechos subjetivos para recuperar aquellos que han sido pisoteados.
Es una vieja historia: los ciudadanos ceden al Estado su derecho a defenderse y protegerse para que sea éste el que, a través de los medios propios de la organización como Estado de Derecho le proteja. Pero como si se tratara de una ley físico-social, si el Estado no cumple con su parte emergerán las respuestas alternativas, que desgraciadamente pueden incluir la violencia, y la experiencia está sobradamente avalada: nihil novum sub sole.
Claro está que la solución no puede caer directamente en el simplismo de partir de algo correcto, como es recabar para el Estado el monopolio en el uso de la violencia, para, acto seguido, defender que la solución ha de ser el uso directo de la violencia (tesis de Vox). Pero hay un gran trecho diferencial ente no recurrir directamente al uso de la fuerza y la mojigata e hipócrita salmodia de que la violencia no tiene cabida en una democracia.
Sigue habiendo supuestos pacifistas o ‘progresistas’ de barra de bar que declaran su alergia al mundo militar
Esa es una estupidez tan grande como el antimilitarismo, aunque aparentemente no tenga nada que ver. Hoy, y por razones que no voy a exponer porque desgraciadamente son sobradamente conocidas, no hay Estado europeo que se permita poner en duda que es imprescindible contar con el mejor sistema de defensa que permita la capacidad económica del Estado. Pero sigue habiendo supuestos pacifistas o progresistas de barra de bar que declaran su alergia al mundo militar, porque creen que esa es la pose que corresponden a todo aquel que se considere moderno y desligado del pasado, y para ejemplo me remito a la pesadilla que en esta cuestión supuso el anterior consistorio municipal de Barcelona, y, en general, a todo el independentismo, aunque en este segundo caso se mezclan componentes más deleznables engendrados por el odio a todo lo español, sean las Fuerzas Armadas, la Agencia Tributaria o las corridas de toros.
Dejaré ese tema, que nos alejaría demasiado de la cuestión principal que es la evidente generación de formas de sustitución del Estado, provocada por la extendida conciencia de que no cabe esperar soluciones que vengan de él, y menos cuando en el propio Gobierno de la Nación están instalados declarados simpatizantes del movimiento okupa, y da igual que lo sean por sincera solidaridad – difícil de creer – o por oportunismo político, para mostrar ante las jóvenes generaciones un perfil de “estupendos”, con lo cual demuestran lo poco que han hablado con representantes de esas generaciones, pues si lo hicieran se llevarían muchas sorpresas.
Desgraciadamente, doña Demagogia tiene muchos acólitos, y, como se dice vulgarmente, a los políticos, y, en lo que corresponda, al sistema judicial, el problema de la okupación se les ha ido de las manos.
