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Los comunes califican de «desorbitado» el precio que ha pagado Collboni por la Casa Orsola

La diputada en el Congreso Aina Vidal asegura que es una "victoria ciudadana" pero, a la vez, cuestiona la "gestión política" de este movimiento que ha llevado a cabo el Gobierno de Collboni sin informar a la oposición

Vista de la fachada de la Casa Orsola con pancartas contra los desahucios.
Vista de la fachada de la Casa Orsola con pancartas contra los desahucios.

Sensación agridulce entre los comunes ante lo sucedido con la Casa Orsola. Por un lado, consideran que ha sido una «victoria ciudadana» el lograr paralizar la pretensión de que este inmueble acabara siendo pasto del alquiler turístico «que está destrozando» Barcelona. Pero, por otro, consideran que el precio que ha pagado por el inmueble el Ayuntamiento capitaneado por el socialista Jaume Collboni, 9,2 millones de euros, es «desorbitado«.

Así lo asegurado este lunes en el Congreso la diputada Aina Vidal, que ha insistido en que la adquisición es «una victoria ciudadana, una victoria de la organización del Sindicat de Llogaters i Llogateres«. Vidal, sin embargo, ha señalado también que los comunes están «preocupados por la gestión política que está haciendo el Ayuntamiento» sobre este problema. Y ha criticado que el Gobierno municipal tomara la decisión de adquirir el histórico inmueble «sin negociar, sin informar». Una gestión que, ha asegurado, «no es buena noticia para nadie, solo para los especuladores».

«Movimiento de maquillaje»

Vidal ha recordado que el Ayuntamiento «ha recortado el 85% del presupuesto que tenía para la compra de edificios». Y ha advertido que los comunes no permitirán que la compra de la Casa Orsola sea «un movimiento de maquillaje».

Los comunes se suman así al rechazo que ha mostrado la oposición a esta adquisición. El PP, por ejemplo, ha anunciado que llevará la operación ante la Fiscalía. VOX, por su parte, ha pedido la auditoría de las subvenciones que otorgue el Ayuntamiento a Hàbitat3, la fundación que ha participado en esta acción municipal. Una compra que ha extrañado dado que en 2021 fue descartada por el Gobierno de Ada Colau, que pudo comprar la finca por 6,5 millones de euros en aquel momento.

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