El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha anunciado un notable incremento en las solicitudes de la Ley de Segunda Oportunidad en Cataluña. Este mecanismo, diseñado para ofrecer una salida legal a las personas insolventes de buena fe, está ganando protagonismo como una herramienta clave para recuperar la estabilidad económica y social. Y es que la Generalitat ha detectado que cada son más los ciudadanos que se acogen a esta oportunidad en Cataluña. Por ello, desde el Govern se apuesta por «un tratamiento holístico de la ley porque muchas de las personas que piden esta segunda oportunidad también pueden optar a otros servicios con los que hacer frente a la situación de vulnerabilidad», según ha explicado la directora de Derecho, Entidades Jurídicas y Mediación del Departamento de Justicia, Imma Barral.
Esta ley ha sido la protagonista del 2º Congreso Europeo de la Ley de Segunda Oportunidad, celebrado en el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), donde se han analizado los retos y oportunidades de esta normativa. Un congreso en el que también ha participado el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, que ha destacado el enfoque humanista de la ley, calificándola como una auténtica política social: «Hablar de la segunda oportunidad es poner rostro a una justicia mucho más humana. Reivindiquemos la justicia como una política social; esta ley es su cara más cercana al ciudadano».
¿Qué es la Ley de Segunda Oportunidad?
La Ley de Segunda Oportunidad permite a las personas físicas insolventes de buena fe renegociar o exonerar sus deudas tras cumplir ciertos requisitos. Su objetivo principal es evitar que la insolvencia se convierta en un estigma o una «muerte civil», facilitando que los afectados puedan reconstruir su vida económica y personal.
Este marco legal tiene su base en la Directiva (UE) 2019/1023, que promueve la reestructuración y exoneración de deudas en un tiempo razonable. En Cataluña, su aplicación está siendo impulsada por la colaboración entre administraciones públicas y operadores jurídicos.
El papel de la abogacía y las instituciones
Jesús M. Sánchez, decano del ICAB, ha subrayado el papel crucial de la abogacía en la difusión y aplicación de esta ley: «Todas las personas merecen una segunda oportunidad. Desde la abogacía y los colegios profesionales, seguimos ayudando a la ciudadanía con este procedimiento».
Por su parte, Joan Martínez, presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, destacó que este mecanismo permite superar situaciones de insolvencia y reducir su impacto económico y social, construyendo una sociedad más justa.
Compromiso institucional para un futuro mejor
La directora de Derecho, Entidades Jurídicas y Mediación del Departamento de Justicia, Imma Barral, enfatizó la importancia del acompañamiento a las personas vulnerables. En este sentido, ha señalado que «las administraciones públicas deben ser una vía de apoyo para quienes enfrentan situaciones de insolvencia o podrían encontrarse en ellas en el futuro». Barral también ha explicado que el Departamento trabaja en sistemas de detección precoz para identificar casos potenciales y construir alianzas con los ayuntamientos para ofrecer soluciones más efectivas.
La Ley de Segunda Oportunidad es más que una herramienta legal; es un símbolo del compromiso con una justicia que prioriza a las personas. En palabras del conseller Espadaler: «El Departamento de Justicia y Calidad Democrática seguirá apoyando el despliegue de esta norma con firmeza, trabajando en soluciones reales para quienes más lo necesitan».
