“Inquiokupa” es una palabra que procede de otras dos: inquilino y okupa, lo que puede ayudar a hacerse una idea de lo que estamos hablando. Se refiere a aquellas personas que habiendo firmado un contrato de arrendamiento de una vivienda y, por tanto, viviendo legalmente en ella, dejan de pagar el alquiler sin marcharse del inmueble.
En ese momento, los inquilinos pasan a ser morosos que no abonan la renta mensual a los propietarios pese a seguir viviendo en la casa, generando diversos problemas a la hora de desalojarlos por tener su contrato legal de alquiler en vigor, al contrario de lo que ocurre con los okupas tradicionales, que entran en una vivienda de forma ilegal, sin consentimiento de los dueños.
Menos impuestos, menos carga burocrática para construir, colaborar y no demonizar al que levanta viviendas, un marco legal que respete la propiedad privada, menos discursitos perroflautas pro-okupas y más promoción de vivienda pública
Antonio Gallego
Se está dando la circunstancia de que hay personas que entran en viviendas firmando contratos de arrendamiento con la intención de no pagar al cabo de un par de meses para quedarse como inquiokupas y que sea más difícil echarlos. Usan esta técnica para evitar las penas de la ocupación al uso.
Estos “amigos de lo ajeno” conocen perfectamente las leyes en vigor. Se acogen al Real Decreto-ley 11/2020 que prohibía el desahucio en el contexto de la pandemia de COVID 21 y que el Gobierno ha ido prorrogando sistemáticamente desde entonces.
Así pues, en España existe una normativa realmente amable para aquellos que quieren vivir en una casa sin dar un palo al agua. Muchos caraduras que no quieren pagar perjudican seriamente al propietario que en su día confió en ellos y también generan un clima de desconfianza que hace que muchos propietarios decidan no alquilar más sus inmuebles, hecho que estrangula la oferta y encarece los precios. Con los precios en niveles récord, no hay que ser Winston Churchill para saber que los que acaban pagando el pato, además de los propietarios, son los inquilinos de buena fe con las rentas más modestas.
Además, existen infinidad de casos en los que el inquiokupa, además, deja notables «destrozos» una vez se les desaloja, por lo que cuando el propietario recupera su vivienda, tiene que asumir mayores costes reparando estos desperfectos.
Los inquilinos de bajos ingresos, que previamente podían acceder a viviendas en alquiler a precios razonables, ahora se encuentran con una barrera aún mayor para encontrar una vivienda. La incertidumbre sobre los contratos, la permisividad con okupas, las draconianas medidas de protección de inquilinos y los cambios legales constantes, hacen que muchas personas se vean excluidas de un mercado de alquiler cada vez más inaccesible.
¿Usted alquilaría una vivienda que le ha costado años pagar para que luego no le paguen la renta pactada? ¿No se dan cuenta los gobernantes que, con este marco legal, alquilar una vivienda en España es un deporte de riesgo? ¿Es normal que los okupas tengan más derechos que los propietarios de viviendas?
El Gobierno pretende que la política social que no quiere hacer se la hagan los propietarios de viviendas. Son los políticos con mando en plaza los que tienen que ayudar a los colectivos vulnerables, no los propietarios de viviendas parasitadas por okupas, inquiokupas y otros mangantes de diverso pelaje.
Una pena que España lleve años sin una estrategia de vivienda sensata. Menos impuestos, menos carga burocrática para construir, colaborar y no demonizar al que levanta viviendas, un marco legal que respete la propiedad privada, menos discursitos perroflautas pro-okupas y más promoción de vivienda pública deberían ser ejes estratégicos de cualquier gobernante normal. Lástima que los normales ahora no manden…
