Carles Puigdemont ha convocado este viernes en Bruselas una reunión de su equipo más cercano para valorar la decisión que tomará la Mesa del Congreso el jueves sobre la tramitación de su cuestión de confianza al presidente del Gobierno. Este movimiento se produce en un contexto en el que Junts está intensificando cada vez más sus exigencias al Gobierno mientras se tensan sus relaciones por las reticencias del ejecutivo español a cumplir con las concesiones que prometió a los independentistas a cambio de su apoyo para la investidura de Sánchez.
La cuerda se tensa
Junts ya registró la petición para que Pedro Sánchez se sometiera el pasado mes de diciembre a una cuestión de confianza -cabe recordar que esta iniciativa tan solo puede ser planteada por el mismo Presidente del Gobierno, por lo que es el quién debe tomar la decisión-, cuando las relaciones entre partidos se empezaron a resquebrajar por la falta de compromiso del Gobierno con las demandas independentistas. En un movimiento que no sentó nada bien a los convergentes, la coalición de gobierno hizo uso de su mayoría en la Mesa para postergar la toma de dicha decisión. Ahora, los catalanes parecen haber agotado su paciencia.
Los de Puigdemont han subido el tono e intensificado sus demandas. Ante la tardanza del Gobierno por cumplir con las promesas del pacto de investidura, Junts eleva sus peticiones y exige el traspaso de las competencias en inmigración a la Generalitat. En un contexto de creciente tensión por la cuestión migratoria en Catalunya, una de las principales receptoras de migrantes, Puigdemont aboga por que las instituciones catalanas asuman plena responsabilidad en la gestión de esta política, incluyendo aspectos como el control de fronteras y la capacidad de emitir propuestas de expulsión o concesión de permisos de residencia de larga duración.
Junts presenta un primer paquet de mesures «potent» per «fer front a la feblesa i mala gestió del Govern» del PSC
— LaRepública.cat (@LaRepublicaCat) January 9, 2025
➡️ Els de Carles Puigdemont volen modificar la llei per permetre desallotjaments d’ocupacions delinqüencials en 48 hores i registrar una llei catalana d’immigració…
A su vez, exigen una respuesta inmediata por lo que la cuestión de confianza se refiere, condicionando el futuro apoyo parlamentario de su formación al cumplimiento de estos acuerdos.
Así pues, la decisión de la Mesa del Congreso de este jueves será determinante para las relaciones entre Puigdemont y el Gobierno. Un rechazo podría interpretarse de nuevo como una falta de compromiso por parte del Ejecutivo en atender las demandas de sus socios catalanes, lo que probablemente llevaría a Junts a replantear su apoyo en futuras votaciones clave, incluyendo los Presupuestos Generales del Estado, para los cuales son determinantes.
En este sentido, cabe recordar que Junts ya ha votado en contra del Gobierno en otras ocasiones. Sucedió con la reforma del subsidio por desempleo, contra los decretos anticrisis y contra los objetivos de déficit, y puede volver a suceder.
En la reunión de Bruselas, Puigdemont y su equipo evaluarán los posibles escenarios y definirán la estrategia a seguir, reafirmando su postura de que, sin avances concretos en el traspaso de competencias en inmigración, no podrán mantener su respaldo al Gobierno de Pedro Sánchez.
«Puigdemont tiba la corda, però sap que l’alternativa a Sánchez és el PP de bracet de Vox i que no hi tindria res a pelar pel català, l’amnistia o la immigració. A molt estirar, acords econòmics»
— NacióDigital (@naciodigital) January 7, 2025
✍️ El Despertador de @Ferrancm del 7 de generhttps://t.co/Ga7fQUAD2r
En este contexto, y pese al flirteo por parte de los populares a un posible apoyo de Junts a una moción de censura, los catalanes parecen descartar de momento esta opción, puesto que para qué prosperara sería imperativo el apoyo de Vox, con quién el partido postconvergente se niega a votar.
A la tensión del momento se suma la desclasificación de los documentos del CNI sobre los atentados del 17 de agosto en Cambrils i Barcelona, que ha llevado al expresidente a cuestionar la capacidad del Estado español e insinuar su connivencia en los actos terroristas.
