El Acuerdo PSC-ERC firmado para procurar la investidura del actual Presidente de la Generalitat establece que, en virtud del mismo, se procederá a “impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal, basado en la relación bilateral con el Estado y la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos, con el objetivo de dotar a las instituciones catalanas de los recursos necesarios para hacer frente a las necesidades de la Cataluña de los 8 millones de habitantes.”
Por lo que hemos ido leyendo en prensa estas últimas semanas, parece bastante claro que el Gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a entregarle a Cataluña las llaves de la Agencia Tributaria para salvarle la legislatura a Salvador Illa y a él mismo. Esto rompería la unidad de caja del organismo nacional y abriría la puerta a serios problemas de recaudación, control y deslocalización de capitales.
Rompería la unidad de caja del organismo nacional y abriría la puerta a serios problemas de recaudación, control y deslocalización de capitales
En un país donde abundan las chapuzas y la descoordinación administrativa, no es atrevido intuir que es temerario trocear la información del 16% de los contribuyentes españoles y de un territorio que representa hasta el 18,8% del PIB, como es el caso de Cataluña. Eso, además de modificar profundamente el sistema fiscal español que nos llevaría a la práctica a un sistema confederal, podría suponer serios riesgos en términos de equidad, cohesión territorial y mayores costes de mantenimiento del sistema.
El nuevo puzle, con diferentes administraciones impulsando diferentes normativas sobre las mismas figuras tributarias, generaría mayor inseguridad jurídica que espanta a inversores extranjeros y empeora la atención a ciudadanos y empresas, que vamos a sufrir esta fragmentación de la Agencia Tributaria impulsada única y exclusivamente por intereses políticos de los caciques regionales de siempre.
Se recauda más, mejor y de una manera menos gravosa si se tiene acceso a más información
Hacer esto a la brava, sin consensuarlo con los cinco mil empleados de la Agencia Tributaria en Cataluña, el resto de las Comunidades Autónomas y con los principales partidos de la oposición en contra, es de una irresponsabilidad mayúscula. En cuestiones tributarias también existen economías de escala. Se recauda más, mejor y de una manera menos gravosa si se tiene acceso a más información. Precisamente, para mejorar el funcionamiento de la Hacienda Pública hay que ir en la dirección contraria: se debería lograr una mayor integración y coordinación de todas las Administraciones Tributarias.
Además, no es lógico ni justo que unas comunidades tengan un modelo y competencias fiscales ampliado sólo por el hecho de que allí hay partidos políticos separatistas que tienen cogido por las orejas al presidente nacional de turno. Esa tendencia es más propia de un mercado persa que de un país desarrollado de la Unión Europea. Esto nos llevará -aunque lo nieguen por activa y por pasiva- a que los servicios públicos que se prestan en las regiones más pobres, antes o después, serán peores en cantidad y calidad, lo que supondría el incumplimiento del principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española.
El Gobierno de Pedro Sánchez, con esta impresentable cesión, estaría facilitando el éxito a esos partidos separatistas que no esconden sus amenazas de volver a dar otro golpe de Estado
Si además de estos argumentos tenemos en cuenta el pasado golpista y separatista de partidos políticos con grandes opciones de gobernar Cataluña, no parece que sea una idea brillante para mantener la cohesión territorial de España regalarles el control del tesoro público a tales políticos abiertamente traidores, desleales y sediciosos. En otras palabras, el Gobierno de Pedro Sánchez, con esta impresentable cesión, estaría facilitando el éxito a esos partidos separatistas que no esconden sus amenazas de volver a dar otro golpe de Estado como el de 2017.
En definitiva, no existe ninguna ventaja para nadie a la hora de impulsar una nueva ruptura de la Agencia Tributaria española. Implica mayores costes de gestión, peor coordinación en la lucha contra el fraude, diferencias entre españoles por lugar de residencia, inseguridad jurídica, incertidumbre entre los funcionarios del ramo, facilitar tentaciones golpistas y peor atención a ciudadanos y empresas. Otro desastre para mantener las mismas poltronas.
