Cataluña se encuentra actualmente sumergida en un cambio demográfico que, en la línea del resto de Europa Occidental, marca el pulso de los principales retos sociales y económicos de su futuro más cercano. A un contexto de baja natalidad, encontrándose actualmente esta en mínimos históricos, se le suma un creciente flujo migratorio extracomunitario proveniente principalmente de países africanos y del sudeste asiático. Aunque este suceso se percibe como una respuesta parcial a la crisis demográfica, la llegada masiva de personas provenientes de otros continentes no está exenta de desafíos. Este fenómeno poblacional ha transformado las comunidades, tensado sus recursos públicos y reabierto debates sobre integración y convivencia en una región que siempre ha pretendido abanderarse como punto de encuentro y convivencia intercultural.
Los datos oficiales más recientes sitúan la tasa de natalidad catalana en 1,1 hijos por mujer, siendo este uno de los casos más precarios del continente europeo. Sumado a ello, un crecimiento exponencial en la esperanza de vida de sus ciudadanos genera un desajuste entre la población más envejecida, dependiente económicamente del sector aún productivo, y el percentil más joven, que carga sobre cada vez menos espaldas con el mantenimiento del sistema de bienestar —pensiones, sanidad y demás servicios públicos de primera necesidad—. No son pocas las zonas del Área Metropolitana de Barcelona, por ejemplo, en que los ciudadanos mayores de 65 años superan ya en términos absolutos a los menores de edad. Este desequilibrio pone de manifiesto un problema estructural de no fácil solución.
¿Es lícito por parte de las comunidades extranjeras exigir la adaptación del temario a un esquema de valores ya no diferente, sino del todo irreconciliable?
Guillem Espaulella
La inmigración parece tener que jugar en este contexto un papel fundamental. Los nacimientos por parte de la población extranjera, comúnmente conocidos como inmigrantes de segunda generación, representan ya en las principales áreas urbanas cerca del 40 % de la natalidad total. Se genera aquí una dualidad en la externalidad generada por su presencia; si bien es este grupo poblacional el que cubre numerosas vacantes en los sectores poco cualificados, aliviando relativamente la tensión impositiva que causa el mantenimiento del estado del bienestar, lo cierto es que lo precario de sus puestos de trabajo permite a duras penas realizar transferencias cuantiosas al estado en formato tributario: son empleos mal pagados con escasa aportación asignada. Aun así, siguen siendo receptores de la totalidad de los servicios que el estado pone a disposición de la ciudadanía, generando un desbalance entre coste y aportación. A esta situación se suma la diferencia cultural. Más allá del folclore y el intercambio lúdico, se generan tensiones entre una sociedad de profundos principios democráticos e identidad laica y una comunidad emergente que no está dispuesta a renunciar a una identidad de marcado carácter religioso y temperamento más dogmático.
Barrios como El Raval son un ejemplo claro de estas dinámicas. En sus calles conviven tradiciones marroquíes, pakistaníes y subsaharianas con los vestigios de una Barcelona más tradicional. Muchas escuelas en estos barrios tienen un porcentaje elevado de alumnos que no hablan catalán ni español como lengua materna, lo que supone un esfuerzo adicional para los docentes y afecta al rendimiento académico general. A su vez, las marcadas diferencias en valores familiares y religiosos a menudo generan tensiones por su incompatibilidad con el currículo educativo, creando malestar entre padres y autoridades educativas y produciendo un debate sobre si es lícito por parte de las comunidades extranjeras exigir la adaptación del temario a un esquema de valores ya no diferente sino del todo irreconciliable con muchos de los principios que nos configuran como sociedad.
En muchas comunidades africanas, las normas sociales y religiosas asignan roles de género y restricciones que chocan con los valores de igualdad de carácter occidental. Prácticas como los matrimonios forzados han sido documentadas en Cataluña, generando debates sobre los límites de la tolerancia cultural. Estas tensiones no son abstractas: afectan directamente a la convivencia en las aulas, los servicios sociales y los espacios públicos, donde los valores de unos y otros no siempre encuentran un punto común.
No debemos perder de vista en este sentido el fenómeno de la inmigración irregular, una realidad difícil de cuantificar, sí, pero que juega un papel importante en la dinámica migratoria de Cataluña. Aunque las cifras oficiales estiman que hay entre 700.000 y 800.000 inmigrantes en situación irregular en toda España, su distribución regional no coincide con estas aproximaciones, que parecen pecar de escuetas. Estos inmigrantes, al carecer de documentación, enfrentan barreras adicionales para acceder de pleno derecho al mercado laboral, lo que imposibilita su integración en el sistema económico de cotización y aportaciones sin que ello vaya en detrimento de su derecho a la hora de acceder a servicios públicos como la sanidad, la educación, las prestaciones por vulnerabilidad o las ayudas de acceso al hogar, dejando este grupo en concreto una balanza claramente negativa por lo que a sustracción y aportación de recursos se refiere.
La situación se resume, por lo tanto, de la siguiente manera: tenemos una población envejecida con una pirámide de edad invertida. Dicha población presenta una tasa de natalidad manifiestamente insuficiente para solventar dicha realidad y sin el más mínimo indicio de cambio en sus dinámicas reproductivas. A su vez, los integrantes de la misma son, en especial en los percentiles de edad más avanzados, altamente dependientes de la transferencia de recursos económicos por parte del estado, que, por su configuración, no puede financiar dichas transferencias con su estructura demográfica actual. Por último, la importación masiva de jóvenes de otras naciones del mundo como respuesta a este dilema de solvencia no solo no ha solucionado las cuentas ni prolongado su sostenibilidad, sino que ha generado un grave problema de integración que parece encaminado a desenlazarse en una sustitución demográfica y cultural por parte de un esquema de valores en clara contraposición con todo aquello que consideramos deseable.
A pesar de estos retos, Cataluña cuenta con herramientas institucionales y acceso a recursos europeos que pueden permitirle afrontar esta crisis demográfica con soluciones más solventes. El fomento de políticas que incentiven la natalidad entre la población autóctona, combinadas con un apoyo decidido a las familias jóvenes a través de ventajas fiscales, subvenciones directas y medidas de conciliación laboral, podrían ayudar a mitigar este desequilibrio poblacional sin depender de la importación demográfica.
Con una apuesta sostenida por la retención y atracción de talento joven, a través de una formación de alta calidad y programas específicos para emprendedores, Cataluña tiene la oportunidad de construir un futuro más equilibrado. No nos engañemos, las mayorías parlamentarias que conforman nuestras instituciones, así como el sesgo ideológico imperante, no acompañan este enfoque. Con todo, si somos capaces de poner los verdaderos problemas sobre la mesa, Cataluña está en disposición de enfocar sus esfuerzos en estas medidas internas, garantizando la sostenibilidad del sistema de bienestar y preservando resilientemente nuestra identidad cultural.
