La voracidad fiscal de este gobierno no tiene límites. No se cansa de elevar los impuestos existentes ni de crear nuevas figuras fiscales para elevar la recaudación pública mientras merma la competitividad de nuestras empresas, dinamita la seguridad jurídica en el entorno económico y reduce la renta disponible de millones de españoles que no viven de lo público.
2025 viene cargadito de más mordidas fiscales. Con las cuchilladas fiscales aprobadas en la última sesión del Congreso de los Diputados, el ejecutivo socialista pretende recaudar casi 18.000 millones de euros más, entre impuestos y cotizaciones sociales.
Destaquemos las subidas más importantes:
- Durante gran parte del 2024, los alimentos básicos tenían aplicado el 0% de IVA, pero a partir del 1 de enero, este IVA regresará –según el tipo de alimento– al 4%, al 7,5% o al 10% según corresponda. No parece que esta medida ayude a las clases más desfavorecidas que han visto como crecía sin parar el precio de la cesta de la compra durante los últimos años.
- Desde 2022, el IVA de la electricidad se situaba en el 10% en contratos de menos de 10 kilovatios siempre que el mercado mayorista superara los 45 euros por megavatio hora. Pero esta reducción quedará suprimida de cara a 2025, restableciendo el IVA al 21%. Este nuevo estacazo tampoco ayudará a reducir lo que denominan “pobreza energética” que afecta a 10 millones de españoles.
- Los compradores de coches eléctricos ya no podrán beneficiarse de la deducción del 15% en el IRPF que hasta 2024 se aplicaba a la adquisición de este tipo de vehículos, con un máximo de 20.000 euros.
- Se eliminan incentivos fiscales clave para la movilidad sostenible, como la deducción por la instalación de puntos de recarga en viviendas.
- Llegan a su fin las deducciones en el IRPF por reformas que redujeran el consumo energético en viviendas, que permitían desgravar hasta un 20% del coste –con un máximo de 5.000 euros– si la reforma lograba un ahorro del 7%, y un 40% del coste –con un máximo de 7.500 euros– si el ahorro alcanzaba el 30%.
No parece que el Gobierno se crea ni su propio discurso sobre el apocalipsis climático y, si se lo cree, no está dispuesto a ayudar demasiado a las familias a evitarlo.
- Desde abril de 2025, todos los ayuntamientos deberán aplicar una tasa obligatoria para la recogida, gestión y reciclaje de residuos urbanos. Este “basurazo”, que hasta ahora era optativo para municipios de menos de 5.000 habitantes, tendrá un impacto estimado de entre 165 y 200 euros anuales por hogar.
- Los líquidos para cigarrillos electrónicos y los «vapers» comenzarán a tributar como el tabaco convencional dentro de los Impuestos Especiales. Esta subida afectará tanto a vendedores como consumidores, puesto que, al ser un impuesto dirigido a las empresas de venta, estas incrementarán los precios de los productos.
- El tipo del IRPF que grava el ahorro subirá del 28% al 30% para aquellas rentas que superen los 300.000 euros de beneficios anuales. Esto afectará a los ingresos generados por depósitos, dividendos, seguros y ventas de inmuebles. Este aumento sigue la línea del alza anterior, cuando en 2023 el gravamen pasó del 26% al 28%.
- Se renueva el ‘impuestazo’ para la banca que acaba trasladando a los clientes en forma de comisiones y merma de crédito en el sistema. Establece una escala de tipos que alcanza el 7% para aquellos bancos con márgenes de intereses y comisiones superiores a los 5.000 millones de euros. Según los resultados registrados en 2023, los tres más grandes –CaixaBank, Santander y BBVA– se encuentran en este tramo. Marca un tipo del 6% para aquellas bases mayores a 3.000 millones, que podría afectar al Banco Sabadell. Un tipo del 4,8% para bases de más de 1.500 millones, del 3,5% a partir de los 750 millones, y del 1% para las inferiores. Cabe recordar que el anterior gravamen temporal establecía un tipo único del 4,8% a partir de 850 millones de ingresos anuales.
- Se pretende mantener (con algunos cambios) el gravamen temporal a empresas energéticas en 2025 y el importe a satisfacer por cada obligado al pago durante el año 2025 será el resultado de aplicar el porcentaje del 1,2 por ciento a su importe neto de la cifra de negocios derivado de la actividad que desarrolle en España en 2024. De confirmarse finalmente este impuesto que no parece tener apoyos parlamentarios suficientes para su convalidación, el Ejecutivo recaudaría unos 1.500 millones más al año que, como siempre, acabaríamos pagando los españoles en nuestras respectivas facturas energéticas.
La ministra de Hacienda conoce muy bien el síndrome de la rana hervida: si una rana se pone repentinamente en agua hirviendo, saltará, pero si la rana se pone en agua tibia que luego se lleva a ebullición lentamente, no percibirá el peligro y se cocerá hasta la muerte.
Así proceden los capos del Gobierno. Cada año le meten una nueva vuelta de tuerca a la presión fiscal para que no se note tanto el expolio al que nos someten. Eso sí, se olvidan de que la rana finalmente muere…
