La Real Academia Española de la Lengua ha elegido la palabra Dana como la palabra del año. Doctores tiene la lengua, aunque hay buenas razones para pensar que si bien resultaba merecedora de tal distinción en el cuarto trimestre (perdonen, la deformación profesional de seccionar el tiempo por trimestres), no parece apropiado hacerlo para el conjunto del año que estamos a muy poquito de dar por finiquitado. La Dana desencadenó una tragedia de considerables proporciones, irreparables en muchos casos, y va a seguir causando dolor y penalidades económicas durante bastante tiempo a las muchas decenas de miles de ciudadanos que padecieron directa o indirectamente, con mayor o menor intensidad, sus estragos. Pero el año comenzó el 1 de enero y la primera palabra del título de este artículo recoge con más exactitud el hedor maléfico que ha ido invadiendo la vida pública hasta alcanzar límites insoportables a finales de año.
Juntos por la impunidad
El gobierno Sánchez defendió el proyecto de ley de amnistía en el Congreso el 30 de enero, un proyecto presentado por el grupo socialista el 13 de noviembre de 2023 con el exclusivo propósito de obtener el respaldo a la investidura de Sánchez del grupo independentista Junts per Catalunya, un partido liderado por un prófugo de la justicia a quien el propio Sánchez se había comprometido en un debate electoral a traerlo a España para sentarlo en el banquillo. Como el prófugo de Waterloo consideró insuficientes las garantías de un texto en cuya redacción había participado, sus siete diputados tumbaron el proyecto para humillar un poquito más a Sánchez, y aunque éste afirmó que no haría más cambios en el proyecto de ley, el PSOE acabó por introducirlos y la ley de amnistía quedó finalmente aprobada con respaldo de Junts el 30 de mayo de 2024. El hedor de impunidad cubría ya casi la mitad del año, aunque quedaba mucho más carburante en los tanques de la bodega monclovita.
Otro asunto que ha inundado de hedor la vida pública es la investigación que el juez Peinado está llevando a cabo sobre las actividades privadas de Begoña Gómez, la esposa del presidente Sánchez, y no precisamente porque no haya caso, como aducen algunos ministros de Sánchez y los líderes del PSOE, sino porque se aprecian indicios de delitos. Más allá del antiestético lucro personal que haya podido derivarse de la codirección de la cátedra extraordinaria para la Transformación Social Competitiva, creada a instancias de la propia Gómez y codirigida por ella en la Universidad Complutense de Madrid, el juez investiga a Gómez por varios presuntos delitos entre los que ocupa un lugar destacado el haber registrado a su nombre los programas informáticos diseñados por empresas como Indra, en la que la SEPI tiene una participación del 28%, con el nada desdeñable coste imputado y no facturado de 128.442 euros. Existen también serias dudas sobre las actuaciones de Cristina Álvarez, directora de programas de presidencia del Gobierno, quien al parecer entendía que su puesto de trabajo en Moncloa incluía atender las actividades privadas de Begoña Gómez.
Ábalos, el señor que «hizo su deber»
Ábalos fue destituido de ministro de Transportes el 12 de julio de 2021 tras una breve y tensa reunión en la que el presidente Sánchez se negó a explicar a su más cercano colaborador las razones de fondo de tan insólita decisión. Aquel 12 de julio, terminaron también sus días como secretario de organización del PSOE, puesto que había ocupado sin interrupción desde junio de 2017. Uno de los últimos trabajos sucios de Ábalos fue lidiar y apechugar con las consecuencias de la visita de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del régimen de Maduro con el que tan buenas relaciones ha mantenido el gobierno de Sánchez merced al incansable trabajo desplegado por el expresidente Zapatero. Sánchez ya explicó en el Congreso que “el señor Ábalos hizo su deber” reuniéndose con Delcy. Quizá algún día lleguemos a saber qué pasó en realidad la noche de autos, por qué el comisionista y nexo corruptor Aldama formaba parte del comité de recepción de la vicepresidenta venezolana, y el papel del ministro Marlaska para despejar una zona del aeropuerto de Madrid y evitar la presencia de testigos incómodos.
En todo caso, Ábalos, como Koldo García, su asesor para todo, y Aldama, el nexo corruptor, están ya imputados y el Tribunal Supremo ocupado en desenredar una madeja que amenaza ya con hacer perder al primero su aforamiento como diputado en el Congreso. De momento, el pacto de silencio entre Ábalos y Sánchez sigue en pie, convencidos ambos de que negarlo todo constituye de momento su mejor estrategia de defensa. Aunque el presidente Sánchez, los ministros y líderes de Ferraz se esfuerzan en restar credibilidad a las declaraciones de Aldama y niegan haber mantenido relación alguna con un delincuente confeso, resulta chocante que el ministerio del Interior lo condecorara y hasta le proporcionara instrucción en el uso de armas, que algunos presidentes autonómicos como Armengol (Baleares) y Torres (Canarias) compraran y pagaran las mascarillas inservibles proporcionadas por la empresa del delincuente presunto, que varias ministras le concedieran una licencia para operar una sociedad de hidrocarburos, y hasta que hayan aparecido fotografías con Aldama junto a Ábalos en una reunión en un despacho de la sede de Ferraz y con el presidente del gobierno en un acto del PSOE. “Sé lo que estás haciendo y te doy las gracias”.
¿De quién depende el fiscal general? Pues, eso
El 14 de marzo, Sánchez Acera, jefa de gabinete de Óscar López quien a su vez era el jefe del gabinete del presidente Sánchez en ese momento, hizo llegar desde Moncloa a Lobato, entonces secretario general de la federación socialista madrileña, una información que contenía datos privados de un contribuyente, González Amador, pareja sentimental de Ayuso. presidenta de la Comunidad de Madrid, antes de que fuera publicada en los medios de comunicación. El objetivo de la filtración de Moncloa era desgastar a un adversario político sembrando dudas sobre su honorabilidad. Las actividades desarrolladas por García Ortiz, fiscal general del Estado, y algunos de sus subordinados en la tarde noche del 13 de marzo, apuntan a que la información procedente del fiscal del caso llegó a la fiscalía general del Estado, y de ahí, por una vía u otra, a manos de Sánchez Acera y a los medios de comunicación que la publicaron.
Los únicos hechos indubitables son que García Ortiz, fiscal general del Estado, está siendo investigado por el Tribunal Supremo y que se niega a dimitir de su cargo a pesar de que su continuidad sitúa la institución encargada de velar por el cumplimiento de la legalidad en una situación delicada, por no decir insostenible. El borrado de toda la información contenida en el móvil de García Ortiz en la semana del 11 al 17 de marzo en que se produjo la filtración no constituye prueba alguna de su inocencia, como nos aseguró el presidente del gobierno, sino un claro indicio de su intento por eliminar cualquier rastro sobre sus actividades en la semana crítica. Y el alto tribunal tampoco parece estar muy satisfecho con la posición del presidente, como lo demuestra que haya citado a los fiscales que recibieron órdenes de sus superiores para enviar los datos privados sobre un contribuyente luego filtrados.
La inocentada de 2024
La única explicación a que Sánchez se agarre como una lapa a la Moncloa y García Ortiz se aferre a su cargo de fiscal general es que ambos van a utilizar todos los resortes del poder para hacer frente a las investigaciones judiciales y defender sus intereses políticos y personales, siendo para ellos la pérdida de credibilidad que su comportamiento está causando a las instituciones que presiden un asunto muy secundario. La inocentada política de 2024 se adelantó al día 24 de abril, cuando el presidente Sánchez comunicó por carta a los ciudadanos que, tras la apertura de diligencias contra su esposa por tráfico de influencias y corrupción en los negocios en un juzgado de Madrid, se retiraba unos días a sopesar en el sosiego de los jardines de Moncloa si merecía “la pena todo esto”, el compendio de “falsedades difundidas por “una coalición de intereses derechistas y ultraderechistas que no aceptan la realidad de España, el veredicto de las urnas”.
Han leído bien: veredicto de las urnas. Algunos ciudadanos de buena fe se lo creyeron, como siguen tragándose las nuevas promesas de Sánchez, pese a que la lista de ‘desdecimientos’ e incumplimientos del presidente ha batido todos los récords desde la instauración de la democracia en 1978 y la sombra de la corrupción cerca ya la Moncloa y la sede de Ferraz. Otros presentíamos encontrarnos ante un teatrillo burdo (“nunca he tenido apego al cargo”) pero efectivo (“si lo tengo al deber, al compromiso público y al servicio público”). Menos mal que Sánchez no puso el acento en su inquebrantable compromiso con la verdad y el respeto a la palabra dada.
A los escépticos, no nos defraudó. El lunes 29, Sánchez comunicaba en una comparecencia institucional sin preguntas lo que algunos sospechábamos desde su anuncio, y así lo recogí en el título del artículo que publiqué en el diario Expansión el 30 de abril: “«He decidido seguir» (Ya lo sabíamos)”. Si vuelve a repetir la triquiñuela, por favor, no caigan de nuevo en la trampa: Sánchez no va a salir nunca de la Moncloa mientras resistir pueda. Y es que, como Trump en Estados Unidos, sabe que la presidencia constituye su mejor y más poderosa arma para salir impune de las investigaciones judiciales que acosan a su gobierno y a su familia.
