La jornada laboral pactada en España se ha ido reduciendo en los últimos años de forma constante a través de la negociación colectiva. En 2023, la jornada laboral media pactada se situó en 38,3 horas semanales.
Cerca de un 45% de los asalariados tienen una jornada de 38,5 o menos horas, pero el resto todavía se sitúa por encima. Pese a la tendencia hacia la reducción del tiempo de trabajo, el grueso de sectores tiene pactadas jornadas medias de más de 37,5 horas semanales. Reducir la jornada laboral a 37,5 horas afectaría al 75% de los trabajadores españoles en mayor o menor medida e implicaría recortar el tiempo de trabajo un 2,8%, según cálculos de la patronal Cepyme.
En tres sectores, la jornada pactada media es de al menos 39 horas por semana: Hostelería, Comercio y Agroganadería. En otras cuatro ramas de actividad, el tiempo de trabajo pactado es, en promedio, de al menos 38,5 horas semanales: actividades inmobiliarias, actividades administrativas, otros servicios y Actividades profesionales y técnicas. Es en este tipo de actividades donde más impacto tendría la reducción de jornada laboral que está tratando de imponer el Gobierno de Pedro Sánchez.
Con ese escenario de tan pobre productividad empresarial no parece muy sensato imponer una reducción de la jornada laboral en España
La inmensa mayoría de micro pymes de estos sectores cargarán con la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. Si a este cambio le sumamos los constantes incrementos acumulados de precios de materias primas, energía, salario mínimo, cargas burocráticas, impuestos y cotizaciones sociales, el panorama empresarial español puede quedar muy maltrecho al sufrir una reducción brusca de la productividad de las empresas que en el primer trimestre de 2024 era un 3,3% inferior a la de un año antes y 2,8% menor que la del mismo trimestre de 2019. Yendo más atrás, encontramos que la productividad es ahora 2% inferior a la de 2015 e, incluso, 9,7% más baja que la de 2011.
Con ese escenario de tan pobre productividad empresarial no parece muy sensato imponer una reducción de la jornada laboral en España, que implicaría la pérdida de 12,5 millones de horas trabajadas por semana. Fuentes patronales estiman que el coste añadido de internalizar esta medida en las pymes españolas tendría un coste directo de 11.800 millones de euros.
Además de hacer más difícil que las empresas sean más rentables, las pequeñas empresas tendrán otros problemas añadidos: desajustes organizativos, caída agregada de la producción/ventas y nuevos costes administrativos por la contratación de nuevos trabajadores en un momento en el que en muchos sectores cuesta encontrar mano de obra. En el caso de microempresas de 1 u 2 trabajadores, la reducción de jornada laboral puede incitar a no tomar medidas para paliar el mayor coste laboral y conformarse con menores niveles de facturación. Eso tendría un coste añadido de 30.000 millones de euros. Eso si muchas no optan por cerrar o reestructurar su negocio a la baja, posibilidad factible que generaría más desempleo en el país con más parados de Europa.
La productividad es ahora un 2% inferior a la de 2015 e, incluso, un 9,7% más baja que la de 2011
Otras empresas optarán por trasladar el incremento de costes laborales a los precios de venta de sus productos o servicios, cosa que tampoco ayudará mucho a contener la inflación que tantos problemas nos ha venido dando en los últimos meses.
Sólo las grandes empresas tendrán el suficiente músculo económico y organizativo para poder asumir las consecuencias de la reducción de la jornada laboral. En este sentido, cabe destacar que en España contamos con cerca de tres millones de pequeñas y medianas empresas frente a las poco más de 5.500 grandes empresas, que estarían más capacitadas para afrontar las consecuencias de la nueva ocurrencia del gobierno.
Esta medida, junto con otras que van en la misma dirección, están haciendo de España un país poco atractivo para invertir, impulsar una empresa y hacerla crecer. No es casualidad que cada vez más potenciales emprendedores inviertan su dinero en actividades que están lejos de la obligación de contratar a empleados. Así, las actividades especulativas van ganando terreno y se van reduciendo en términos relativos aquellos sectores que crean productos y servicios.
Solo las grandes empresas tendrán el suficiente músculo económico y organizativo para poder asumir las consecuencias de la reducción de la jornada
Por supuesto que estoy a favor de que la gente trabaje menos tiempo si la productividad de una empresa va mejorando paulatinamente, pero no puedo apoyar un trágala de unos políticos que invitan a que otros paguen sus delirios comunistas. Será nefasto a medio y largo plazo para la competitividad de la empresa española que ha visto cómo desde 2019 han subido sus costes laborales medios un 20%.
Tratando a gorrazos a empresarios y emprendedores que se juegan todo su patrimonio en nuevos proyectos no vamos a poner unos sólidos cimientos para el desarrollo sostenido de un país próspero, competitivo y con músculo empresarial. Este tipo de medidas no se pueden impulsar de espaldas a aquellos que van a acabar pagando la fiesta.
