Los Presupuestos Generales del Estado son el documento en el que se recoge la previsión anual de los ingresos y gastos del sector público estatal. Constituyen uno de los instrumentos más importantes de la política económica del Gobierno, en los que se plasman los objetivos estratégicos de las distintas políticas públicas y los recursos asignados para su cumplimiento.
Tanto las comunidades autónomas como las corporaciones locales gozan de plena autonomía financiera para decidir y aprobar su propio presupuesto. Por tanto, en España además del presupuesto del Estado existen los presupuestos de las administraciones territoriales que no están en manos del gobierno central.
Por ley, los diferentes gobiernos tienen la obligación de irlos actualizando y aprobando cada año para ajustar a la realidad económica los flujos económicos para no perder margen de maniobra. Por tanto, la aprobación de las cuentas públicas es una de las acciones más relevantes que tiene que impulsar un gobierno que quiera gestionar bien la “cosa” pública y el 1 de enero de cada año deberían entrar en vigor las cuentas debidamente actualizadas.
Tradicionalmente se ha considerado que un gobierno no era estable cuando no tenía capacidad de aprobar los presupuestos públicos. La prorroga automática de los presupuestos del año anterior, por la imposibilidad de aprobarlos en tiempo y forma, es una mala noticia para la economía y pone en evidencia la mala gestión de los políticos de turno.
En España también nos hemos acostumbrado a la incompetencia de nuestros políticos en este ámbito. Lo que hace años hubiera supuesto una crisis institucional de primer orden, hoy ya lo vemos como algo habitual. De hecho, España no ha contado por presupuestos generales actualizados en este año que acaba y tampoco van a ser aprobados los del 2025. España prorrogará los presupuestos de 2023, formulados sobre unas bases económicas que no se ajustan a nuestra realidad económica actual, por la incapacidad política de un gobierno que no tiene suficiente respaldo parlamentario.
Exactamente igual les ocurre a 7 comunidades autónomas españolas: Cataluña, Extremadura, Aragón, Baleares, Castilla y León, Murcia y la Comunidad Valenciana tampoco han sido capaces de aprobar la ley más importante que aprueba un parlamento cada año.
Da igual si uno mira a izquierda o a derecha. La incapacidad para negociar y pactar unas cuentas públicas para gestionar adecuadamente los intereses económicos de la sociedad es un mal que no distingue ideologías. Ni los separatistas apoyan a Sánchez en Madrid, ni VOX apoya al PP en las comunidades donde el partido del Sr. Feijóo ganó las elecciones. La irresponsabilidad, la pérdida de vista del interés general y el politiqueo barato es un mal muy extendido entre nuestros “gobernantes”.
Parece que a muchos de nuestros políticos les da igual no aprobar presupuestos en los territorios donde tienen responsabilidades. Les importa un rábano que esto genere inseguridad jurídica y económica, que no se puedan actualizar con tiralíneas salarios, inversiones o impuestos, que las administraciones públicas tengan limitada su capacidad de impulsar nuevos programas de gasto o responder con eficacia a problemas del entorno económico como la inflación o a las reglas de ajuste presupuestario marcadas por los organismos europeos.
Los españoles deberíamos castigar en las urnas la gestión torticera de la cosa pública, exigirle a los políticos rigor, seriedad y una gobernanza mínimamente decente. No nos merecemos a unos políticos que están más pendientes de sus respectivos intereses electorales que de las necesidades de los ciudadanos.
Pedro Sánchez sabe muy bien de lo que hablo. De hecho, en 2018, cuando el Sr. Rajoy no pudo sacar adelante su proyecto de cuentas públicas, dijo lo siguiente: “O presupuesto o elecciones. España no puede seguir paralizada. España no merece estar varada como consecuencia de la guerra fría entre el Gobierno y su principal socio de gobierno y, si no hay presupuestos generales del Estado, el Sr. Rajoy debería adelantar las elecciones. Si no lo hace, le exigiremos al Sr. Rajoy, por obligación con la ciudadanía de este país y por responsabilidad constitucional, que se someta a una cuestión de confianza”.
Aplícate tu cuento, Pedro.
