De la importancia de la historia no hay duda alguna, o no debiera haberla, y si de algo hay que preocuparse profundamente es de la creciente incultura histórica de la sociedad española, problema fomentado, entre otras razones, por el arrinconamiento de las Humanidades en general y de la Historia en particular en los planes de estudios. Pero no voy a dedicar estas notas a ese tema, y no porque no lo merezca, sino porque hay algo peor que desconocer la historia, que es alterarla o manipularla o transformarla en un instrumento de ideologización.
Las peleas por la verdad histórica son consubstanciales a ese dominio del conocimiento, y no hay que escandalizarse porque un prestigioso historiador sostenga, por ejemplo, que las causas del golpe de Estado de Primo de Rivera fueron unas mientras que otro historiador, igualmente eminente, estime que las causas fueron otras. La historia no es una ciencia exacta, y el investigador elige aquello que considera más relevante y, si es riguroso, explica cuáles son las razones que le llevan a opinar así.
Basta con acudir a los textos que desde el inicio del pujolismo se enseñaban en las escuelas e institutos catalanes para comprobar la desvergonzada manipulación de la historia que transmitían
Pero hay algo que nada tiene que ver con el disenso en el análisis histórico, y es la parcialidad o el sectarismo, o, como he dicho antes, la construcción de un relato histórico sectario. Y eso es, precisamente, lo que viene sucediendo en Cataluña, desde hace tiempo, y que desde el actual Gobierno catalán se quiere seguir propiciando. Digo que viene sucediendo porque basta con acudir a los textos que desde el inicio del pujolismo se enseñaban en las escuelas e institutos catalanes para comprobar la desvergonzada manipulación de la historia que transmitían, y me alejaría del tema si me detuviera exponer algunos ejemplos. Que con el tiempo esa cosa (subvencionada) llamada Institut per la Nova Historia sostuviera que Santa Teresa de Jesús, Cristóbal Colón, Erasmo de Rotterdam, Cervantes, San Ignacio o Garcilaso eran catalanes es, en el fondo, una derivación pervertida y grotesca de la visión ultracatalana de la historia, siempre bajo una idea rectora: a Cataluña le han robado sistemáticamente todo lo que es suyo y ha sido vampirizada por los castellanos (concepto indeterminado).
Trasladada esa idea a la exposición de la historia del siglo XX, con especial incidencia en la secuencia de la Segunda República, Guerra Civil y larga dictadura franquista se generan consecuencias patéticas. Vaya por delante que la circunstancia política no es ajena al despropósito, pues es cosa sabida que el PSOE, por unos motivos vergonzosos, y el PSC, por otros, algo menos bochornosos, no saben cómo mimar al independentismo para que se sienta a gusto y perdone la pérdida de las elecciones que determinaron la Presidencia del Sr. Illa. En esa línea de multiplicación de las muestras de cariño se inscriben algunas decisiones del Gobierno catalán, como, por ejemplo, no intervenir en TV3 permitiendo que continúen todos los ritos antiespañoles que forman parte del ADN de la cadena.
Más polémica provocará la decisión de incluir como día de conmemoración el 14 de abril, aniversario de la proclamación de la II República
Mención especial merece, sin duda alguna, un hecho que, por desgracia, no ha trascendido todo lo que merece: por lo visto, el Gobierno catalán ha aprobado una Ley de Memoria Democrática de Cataluña (existe otra Ley nacional con el mismo nombre, la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática), que había elaborado el anterior Gobierno catalán, de ERC, cuyo camino a la aprobación se truncó por la convocatoria de elecciones. Según se dice, Illa prometió a ERC asumir la Ley que no se había podido aprobar. Dicho texto, cuya promulgación parece inminente, contiene perlas cultivadas con esmero, como es la obligación de interpretar la historia desde la «perspectiva de género».
Pero no para ahí su aportación, pues también incluye medidas comprensibles, como la supresión de símbolos que recuerden la dictadura, así como el retiro de distinciones u honores concedidos a personas que apoyaron la dictadura, tema en el que se superpone una similar normativa estatal. Más polémica provocará la decisión de incluir como día de conmemoración el 14 de abril, aniversario de la proclamación de la II República, lo cual puede ser respetado por lo que aquel hecho supuso en la historia del siglo XX español, pero, desde luego, no puede ponerse a su misma altura el 7 de noviembre, día de la constitución de la Asamblea de Catalunya, que también será objeto de público recuerdo, pese a que la Asamblea de Catalunya fue un organismo promovido por diversas fuerzas políticas y sociales que tuvo cierta presencia pública entre 1971 y la aprobación del Estatuto de Autonomía de 1979, y del cual, en la actualidad, muchos ni se acuerdan.
la Generalitat podrá ejercer la acusación popular en delitos de lesa humanidad y contra la integridad física y moral cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista
Una decisión vergonzosa de esa nueva Ley es que no contempla reconocimiento alguno para quienes murieron durante la Guerra civil por la acción u omisión del Gobierno catalán de la época o de los grupos «incontrolados» que campaban a sus anchas por Barcelona y otros lugares mientras que el Gobierno de la Generalitat miraba hacia otro lado.
El broche final es que se dispone (como si eso lo pudiera decidir una Ley de un Parlamento autonómico) que la Generalitat podrá ejercer la acusación popular en delitos de lesa humanidad y contra la integridad física y moral cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Ese anuncio es de difícil puesta en práctica, si se recuerda el tiempo transcurrido desde 1939, y a pesar de que se alargue hasta 1975 el periodo temporal comprendido en la ley, con la sola excepción de los delitos imprescriptibles (los de lesa humanidad) si todavía quedan hechos que no hayan sido perseguidos y que puedan calificarse así.
Es penoso que se quiera blanquear la conducta de algunas personas u ocultar los horrores de la Guerra cuando no puedan imputarse a «los otros«
En sí mismo, el tema de la nueva Ley de Memoria Democrática de Catalunya (no muy nueva porque en gran parte es una recolección de textos anteriores) no tiene la trascendencia que algunos le quieren dar. Mucho más grave es la obsesión por construir una historia separada girando en torno a una idea central e inmutable: la victimización de Cataluña por los foráneos, prolongada, al parecer, hasta nuestros días, cual si se tratara de un estado de agresión permanente, que, además, necesita un relato histórico que sea coherente con la teoría de los agravios, postergaciones y robos continuados.
Es penoso que, además, se quiera blanquear la conducta de algunas personas u ocultar los horrores de la Guerra cuando no puedan imputarse a «los otros«. Que las leyes de reparación son necesarias es indudable, aunque topan con la difícil barrera del tiempo y, en otros casos, de la falta de voluntad, como ha sucedido con los pocos recursos materiales aportados para la búsqueda de fosas de asesinados.
Lo que no es admisible es que, se prevea desde una Ley que unas fosas serán buscadas, pero otras no, porque en el sentir de los promotores de esa Ley no todos los muertos lo merecen.
