El Sindicato de Inquilinos pasa a la acción e impulsa una huelga de alquileres contra La Caixa en Salou y El Vendrell. Alrededor de una treintena de familias se han adherido y han devuelto los recibos de los últimos dos meses, acumulando una deuda que supera los 20.000 euros, con el propósito de protestar por el cobro del IBI. Su protesta se escuda en una sentencia del Tribunal Supremo que declaró ilegal el cobro de este tributo a inquilinos de viviendas de protección oficial.
🔑 El 23N vam anunciar que caminàvem cap a una vaga de lloguers. Avui presentem les primeres!
Llogateres de Salou, el Vendrell i Sentmenat, s’han plantat davant La Caixa per posar fi als abusos en l’habitatge protegit. Comencem! 🧵👇https://t.co/YvaYbr3X5k— Sindicat de Llogateres i Llogaters (@SindicatLloguer) December 11, 2024
Desde el sindicato acusan a la entidad bancaria de lucrarse ilícitamente y de haber obtenido unos beneficios que oscilan los 10 millones de euros con el cobro del IBI, una cláusula que califican como «abusiva», en toda la región catalana.
La expansión paulatina de esta forma de protesta, las huelgas de alquileres, es ya una realidad. De hecho, durante el día de ayer se aprobó que una sesentena de inquilinos de vivienda protegida en Sentmenat emprendan, a partir de marzo, otra huelga de pagos contra Inmocriteria, la empresa gestora de sus respectivos inmuebles.
Todo esto ocurre después de que Moncloa anunciara la creación de una empresa pública para construir y gestionar viviendas. Medidas que, por el contrario, para el tejido sindical, son puros brindis al sol. “Un modelo diseñado para garantizar el lucro de los agentes privados, con un precio final de alquiler desorbitado que puede llegar a los 1.000 euros por 60 m², incapaz de influir en la bajada de precios del mercado privado ni de garantizar el acceso universal a la vivienda”, denuncian.
