Como no podría ser menos, la decisión del Tribunal Supremo (TS) de investigar las actuaciones del Fiscal General del Estado por un presunto delito de revelación de secretos ha causado una auténtica conmoción en todas las instancias del poder judicial, incluidas la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales, y provocado una respuesta inmediata del gobierno de Sánchez cuyos ministros han salido en tromba a defender su actuación, contraponiendo la actuación ejemplar de un profesional a los bulos y las noticias falsas puestas en circulación para desprestigiarle. El propio presidente Sánchez salió a la arena para marcarles el camino a su pequeña corte de ‘aplaudidores’ y ‘aplaudidoras: García Ortiz, dijo Sánchez, “ha hecho su trabajo y ha hecho lo que debía hacer: perseguir al delincuente y combatir un bulo”.
Obviamente, los partidos de la oposición disienten de la posición expresada por los ministros y consideran la investigación abierta en el TS una circunstancia que imposibilita a García Ortiz para desempeñar su cargo al estar en cuestión su independencia del gobierno y su neutralidad al exigir el cumplimiento de la ley. Muy llamativo resulta que, en una comparecencia tras conocerse su imputación, García Ortiz haya dejado caer una velada amenaza a quienes lo han acusado, advirtiéndoles que “los fiscales manejamos material muy sensible y manejamos también muchísima información de sobra que por supuesto no voy a usar jamás”. Sólo por verter estas amenazas genéricas, completamente irresponsables, el fiscal general del Estado está incapacitado para seguir en su puesto y debería ser cesado inmediatamente.
La noticia ha ocupado también las portadas de la mayoría de los medios de comunicación que han subrayado sin excepción el hecho insólito de que un fiscal general del Estado vaya a ser investigado por primera vez desde la aprobación de la Constitución Española en 1978. Claro que unos lo han hecho para destacar lo incongruente que resulta su permanencia en el cargo, conocidas sus revelaciones, en tanto otros han defendido a García Ortiz casi con las mismas palabras empleadas por los ministros del gobierno de Sánchez, destacando que se investigue a quien expone la verdad de los hechos y se dé pábulo a los bulos y noticias falsas propagadas por sus críticos. No deja de resultar sorprendente que, pese a ser la Fiscalía una institución jerárquica y si el asunto fuera tan evidente como nos dice el gobierno de Sánchez, la mayoría de los fiscales se haya mostrado a favor de que dimita García Ortiz para no dañar más a la institución. Las editoriales son incluso más reveladoras del servilismo de algunos medios afines al régimen ‘sanchista’ y una en particular que merece ser analizada con cierta atención.
El auto del TS
Cualquiera que se haya tomado la molestia de leer las densas veintiuna páginas del auto 20557 sabe perfectamente que, como ha manifestado Eligio Hernández, fiscal general del Estado con el presidente González entre 1992 y 1994, el TS ha completado un trabajo concienzudo e impecable y la única salida de García Ortiz es dimitir. En efecto, el TS ha centrado su atención en “determinar si la conducta atribuida por los querellantes, y que se detalla en la Exposición Razonada, al aforado puede subsumirse en el art. 417 del CP, que castiga a la autoridad o funcionario público que revelares secretos e informaciones de los que tenga conocimiento de por razón de oficio o cargo, y que no deben ser divulgados”. El asunto del que se ha ocupado el TS no es si el jefe del gabinete de la presidenta Ayuso difundió un ‘bulo’, ni si el querellante González Amador defraudó a Hacienda, asuntos en los que casi todos los ministros y medios afines al gobierno pretenden centrar la atención, sino en averiguar si se produjo antes de publicar la nota de prensa un intercambio de información de correos electrónicos de carácter reservado que no deberían haberse publicitado hasta la apertura del juicio oral.
El TS deja también meridianamente claro que de la declaración del Fiscal de Delitos Económicos que llevaba el asunto, D. Julián Salto Torres “se desprende que horas antes de la nota de prensa, los correos entre el fiscal del caso y el letrado del Sr. González Amador fueron revelados, estando los mismos en poder del Fiscal General del Estado y de la Fiscal Jefa Provincial, lo que se desprende, en primer término, de la declaración del Sr. Salto, quien declaró que el día 8 de marzo le llamó la Fiscal Jefa Provincial y le informó que Sr. González Amador tenía un vínculo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, le pidió copia de la denuncia ya visada”. Horas después, la Fiscal Jefa Provincial “le pide una dación de cuenta urgente de todos los correos intercambiados con el Sr. Neira [letrado de González Amador] por el artículo 25 del Estatuto… El procede a reenviar todos los correos desde su cuenta institucional tanto a la Fiscal Jefe como la Fiscal Superior”.
Por último, el auto firmado por los cinco magistrados del TS estima que al menos indiciariamente “sí existe una carga de lesividad que afecta al posible perjuicio al derecho de defensa del Sr. González Amador, como consecuencia del correo existente entre su letrados y el Fiscal de Delitos Económicos, el día 2 de febrero de 2024, donde se indica que de común acuerdo don Alberto González, les comunicó que es voluntad firme de este alcanzar una conformidad penal”, reconociendo íntegramente haber cometido dos delitos contra la Hacienda Pública. A la vista de estos antecedentes, a nadie puede sorprender que la sala de lo penal del TS se declare competente para instruir la causa con respecto al aforado Excmo. Sr. D. Álvaro García y la Ilma. Sra. Dª María Pilar Rodríguez Fernández y acuerde la apertura de procedimiento.
«Fiscal imputado, bulos impunes»
Este es el título del vergonzoso editorial publicado en el diario El País., aunque el subtítulo no se queda a la zaga “El Tribunal Supremo debe resolver con urgencia un caso con el que sus instigadores solo buscan desestabilizar”. La primera parte del título reconoce que el fiscal general ha sido imputado, y la segunda sugiere que los magistrados del TS imputan a quienes combaten los bulos (el Fiscal General) y ampara a quienes los difunden. En el texto, puede además leerse que “la información sobre esos correos [publicitados por el fiscal general] permitió desmentir un grave bulo contra la Fiscalía que difundió Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, para defender al novio de la presidenta madrileña, defraudador fiscal confeso”. Francamente curiosa la forma de razonar y tergiversar la realidad.
Primero, el editorial de El País da por probado que Miguel Ángel Rodríguez difundió un grave bulo, aunque no se aclara cuál. Segundo, la función de desmentir un bulo no es asunto de la Sala de lo Penal del TS, sino que compete a los medios de comunicación comprometidos con proporcionar información veraz. Tercero, al Fiscal General tampoco le compete ir por ahí recabando información de sus subordinados para desmentir bulos aparecidos en prensa, sino “promover e impulsar la acción de la justicia, asegurar la legalidad e imparcialidad del funcionamiento de la justicia y la protección de los derechos”. No parece que publicar los correos de un particular detallando los acuerdos alcanzados con la fiscalía, por muy “defraudador fiscal confeso” que sea, promueva la acción de la justicia, asegure la legalidad e imparcialidad de los procedimientos judiciales y proteja los derechos.
El primer Fiscal General considerado no idóneo para el cargo por el CGPJ, ha terminado un año después de su nombramiento por ser el primer Fiscal General investigado por el TS. Y luego el PSOE de Sánchez habla de bulos y fango y hasta se arroga la tarea de regenerar la política y acabar con las noticias falsas. La gravísima circunstancia en que nos encontramos me lleva a recordar la pregunta antológica que Sánchez le formuló a un entrevistador de RNE “¿es que la fiscalía de quien depende?, ¿de quien depende?”, y cuando ante su existencia, el entrevistador le respondió “sí, sí, del Gobierno”, Sánchez concluyó, “pues ya está”. Con independencia de la causa incoada por el TS, lo que parece indubitables que Sánchez ha contaminado una institución que debiera estar por encima de las banderías políticas quien sabe si para salvar su propio pellejo.