El Consejo de Ministros del martes 8 acordó autorizar a las Mutualidades de funcionarios para concertar la asistencia sanitaria con las Aseguradoras médicas para el período 2025-2026. Y se aprobó la dotación presupuestaria para ello. Los Conciertos actuales finalizan el 31 de diciembre de 2024.
Este es un tema candente que puede dar guerra. Vamos a echarle un vistazo.
EL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO
En España la inmensa mayoría de los ciudadanos tienen cubierta su asistencia sanitaria por el Estado a través del Sistema Nacional de Salud (SNS), gestionado y financiado por las Comunidades Autónomas con sus propios presupuestos. El SNS español es bastante completo (aunque, obviamente, podría mejorar) e incluye los gastos de farmacia casi en su totalidad. El gasto total del SNS es descomunal: en 2023 fueron 97.000 M, un 7% del PIB. Son 1.736 euros anuales per cápita.
Sin embargo, hay una minoría de ciudadanos que, aunque también tienen cubierta su asistencia sanitaria por el Estado, deben hacerlo a través de Mutualidades que conciertan dicha asistencia con aseguradoras médicas privadas. Son los funcionarios públicos (civiles, militares y de la Justicia), activos o jubilados, y sus familiares. Esto es así desde hace muchos años. Y no tiene nada que ver con las pensiones de jubilación (derechos pasivos), que paga el Estado fuera de la Seguridad Social.
Hay 3 Mutualidades:
*MUFACE (Mutualidad de funcionarlos civiles del Estado), la más numerosa.
*ISFAS (Instituto Social de las Fuerzas Armadas).
*MUGEJU (Mutualidad General Judicial).
En total, hay millón y medio de asegurados (sumando titulares y familiares).
En las 3 Mutualidades los funcionarios pueden elegir qué tipo de asistencia sanitaria desean. Pueden elegir el SNS (lo hacen un 28%). O pueden elegir una aseguradora médica privada como ADESLAS (34%), ASISA (25%) o DKV (13%), que les atiende a través de su red de médicos y hospitales. Fuera del SNS hay que co-pagar los gastos de farmacia en un porcentaje mucho mayor. Y además los funcionarios cotizan una cuota mensual a la Mutualidad (cosa que no ocurre en el SNS).
Como vemos, el 72% de los funcionarios eligen una de esas Aseguradoras. En consecuencia, las Mutualidades conciertan con dichas Aseguradoras la prestación del servicio de asistencia sanitaria y pagan una prima anual por cada beneficiario.
QUÉ ESTÁ PASANDO
La realidad es que la prima que están pagando hasta ahora las Mutualidades no cubre los costes del servicio prestado por las Aseguradoras. Tomando datos del conjunto del mutualismo en 2023, la prima media es 1.013 euros anuales per cápita. Para comparar: el gasto per cápita anual del SNS en dicho año 2023 es 1.736 euros. Tremenda diferencia.
Es indudable que los gastos sanitarios están creciendo extraordinariamente. Ello se debe al aumento de la longevidad, la pandemia, nuevas pruebas diagnósticas… Las aseguradoras privadas están perdiendo dinero y reclaman un aumento sustancial de la prima per cápita.
Las pérdidas estimadas en el trienio 2022-2024 para el conjunto de las tres ascienden a 429 M (el 47% para ADESLAS, el 34% para ASISA y el 19% para DKV).
QUÉ HA OFRECIDO EL GOBIERNO
Conforme al acuerdo del Consejo de Ministros de este martes, la prima media por mutualista crece un 17,15% pasando de 1.032 euros anuales en 2024 a 1.209 euros anuales en 2025.
QUÉ QUIEREN LAS ASEGURADORAS
Las aseguradoras sostienen que esa prima para 2025 de 1.209 euros anuales per cápita es totalmente insuficiente. No cubren costes. Piden una subida del 40% sobre los 1.032 euros del 2024 para llegar a 1.445 euros.
QUÉ PUEDE PASAR
Si el Gobierno se niega a cubrir los costes de las Aseguradoras es posible que no haya Concierto y que se extinga este tipo de asistencia sanitaria. Hay que recordar que en el pasado otras Aseguradoras (Sanitas, Mapfre, Caser) abandonaron el mutualismo por su falta de rentabilidad. Ojo con esto.
En consecuencia, si el mutualismo desaparece, millón y medio de personas pasarán a ser atendidas por el SNS. Tal como está el SNS en falta de personal, saturación y listas de espera, la situación estará cerca del colapso.
Por otra parte, perderían su empleo unos 13.000 trabajadores de ASISA, ADESLAS y DKV.
CONCLUSIONES
1.Para los partidarios de “lo público a toda costa” este régimen peculiar del mutualismo administrativo tiene que desaparecer. La sanidad pública debe ser igual para todos y no puede prestarse a través de aseguradoras privadas, que buscan hacer negocio.
2.Sin embargo, tal como está actualmente el SNS, es indudable que la entrada de millón y medio de nuevos pacientes provocaría gravísimos problemas de atención sanitaria, empeorando la calidad del servicio (que de por sí ya es manifiestamente mejorable) y perjudicando a todos sus usuarios. Se tardaría años en recuperar el nivel actual del SNS.
3.Por otro lado, es también indudable que, hoy por hoy, el mutualismo administrativo es un buen negocio para el Estado. En 2023 la diferencia de coste per cápita anual está entre los 1.013 euros del mutualista y los 1.736 euros del SNS. Son 723 euros menos. Aún aceptando el 40% que reclaman las aseguradoras, el ahorro para el Estado estaría en torno a 500 M anuales. No está mal cuando toca vigilar el déficit.
4.No hay que olvidar los 13.000 empleos perdidos en las Aseguradoras.
5.Por todo ello, lo sensato sería mantener el sistema, pactando un Concierto razonable con las Aseguradoras. Y que las Administraciones se pongan a trabajar para mejorar de verdad el SNS, a ver si algún día alcanza la cintura suficiente para incluir a todos los ciudadanos.
Los funcionarios están indignados. Habrá movilizaciones. Y el 31 de diciembre de 2024 es la fecha límite.
