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ANÁLISIS / Permisividad y coacción en las universidades públicas catalanas

El catedrático Clemente Polo expone los motivos por los los ultras separatistas campan a sus anchas por los campus catalanes

Los jóvenes constitucionalistas han vuelto a ser víctimas de los ataques de los violentos en el campus de la UAB.

Un nuevo curso académico y todo parece seguir igual en el centro educativo donde impartí docencia y desarrollé mi investigación entre 1984 y 2020. Revelles dedicó una crónica hace unos días en este diario a informar sobre los sucesos violentos protagonizados por una turba de individuos, algunos de ellos encapuchados, en el campus de Bellaterra, sede de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Reconozco que hay infinidad de asuntos más importantes de los que ocuparse estos días, como las dos guerras que están en marcha, una en Europa y otra en Oriente Medio, la campaña presidencial en Estados Unidos, el establecimiento de sanciones a las exportaciones de China, la financiación singular acordada entre el PSC de Illa y ERC, los casos Koldo-Ábalos y Gómez que sobrevuelan el gobierno, la aplicación de ley de amnistía, etc.,etc.,  pero lo cierto es que la última agresión perpetrada por la plataforma antifeixiste de la UAB contra miembros de la asociación de estudiantes S’ha Acabat, bien merece dedicarles unas palabras de admiración y aliento. 

Politización de los equipos rectorales

Cuando llegué a la UAB, el campus era un recinto universitario donde se impartían clases y se investigaba en un clima donde la educación y la cordialidad en el trato primaban sobre las adscripciones políticas, y los equipos rectorales se dedicaban a fomentar la docencia y la investigación de calidad. Fue, sin duda, la razón principal que me llevó a dejar la Universidad Complutense en 1984 y trasladarme de Madrid a Barcelona. Nadie me preguntó cuando se me ofreció una plaza en el Departamento de Economía e Historia Económica cuáles eran mis preferencias políticas ni qué idioma hablaba: cada cual hablaba la lengua en la que se sentía más cómodo y nadie consideraba un mérito expresarse en catalán o castellano. De habérmelo preguntado nunca hubiera abandonado Madrid ni desarrollado mi carrera académica en Cataluña.

La situación empezó a cambiar gradualmente tras la elección como rector de Solà i Ferrando, valenciano de origen, partidario de la unificación de todos los países catalanes y abiertamente independentista. Una de las primeras medidas que adoptó el nuevo rector en la inauguración del curso académico en el que intervino Pujol, entonces presidente de la Generalidad, fue dejar únicamente la bandera catalana en el salón de actos. Aunque meramente simbólica, la decisión de retirar la bandera constitucional en un acto de carácter institucional, como la inauguración del curso académico, constituía una clara indicación del cambio de talante que se estaba operando dentro del entramado gubernativo-administrativo en Cataluña con relación a España. Pujol, allí donde acudía, no dejaba de subrayar que Cataluña era una nación con una lengua e instituciones milenarias propias.

Pero fue durante el segundo de sus mandatos como rector (1998-2002) cuando se produjo el 14 de enero de 1999 un incidente muy grave y revelador, con motivo de la visita a título privado del entonces presidente Aznar al Centro Nacional de Microelectrónica del CSIC, financiado por el Estado español. Aznar había comunicado al rector Solà su deseo de visitar las instalaciones del Centro la tarde anterior y cuando llegó con una pequeña escolta se encontró a un par de cientos de estudiantes antifeixistes para recibirlo. Se produjeron enfrentamientos con la policía nacional que acudió a rescatar a Aznar de la encerrona y pocos días después el claustro de la UAB aprobó declarar al presidente (y a la delegada del Gobierno en Cataluña) persona non grata. ¿Qué había ocurrido? El entorno del rector se había apresurado tras recibir la llamada de Aznar a poner en conocimiento de las asociaciones de estudiantes independentistas la visita del presidente español para que pudieran prepararle el comité de recepción. 

Otro ejemplo de la politización creciente de los equipos de gobierno de las universidades catalanas tuvo lugar tras el asesinato de Lluch, exministro de Sanidad del presidente González, ejecutado por la banda terrorista ETA en el aparcamiento de su vivienda en Barcelona el 21 de noviembre de 1990. Conocida la noticia, el rector de la Universidad de Barcelona (UB) improvisó un acto de duelo y repudia en el paraninfo. La mesa presidencial iban a ocuparla el propio rector y Jordi Nadal, historiador y colega de Lluch. Castillo, ministra de Educación del presidente Aznar, comunicó al rector su intención de desplazarse a Barcelona para asistir al acto, y éste se apresuró a convocar a los rectores de todas las universidades barcelonesas para sentarlos en la mesa presidencial. Puedo dar fe de ello, porque así me lo confesó, al comentar el incidente de forma casual con uno de los vicerrectores de Solà.

Cuando la ministra entró en la sala por una puerta lateral situada detrás de la mesa presidencial permaneció de pie y fue entonces cuando Maragall, alcalde de Barcelona, se levantó de la silla que ocupaba en la primera fila de asientos en el proscenio perpendiculares a la mesa presidencial, cruzó por delante de ésta, y le ofreció a la ministra ocupar su asiento. La ministra rehusó amablemente, Maragall volvió a ocupar su asiento y Castillo permaneció en pie durante todo el acto. Ni Solà ni ningún otro rector se dignaron a ofrecer su asiento a la ministra. Me encontraba sentado dos filas detrás de Maragall y fui testigo ocular de los hechos. Quizá por estos y otros méritos, Solà fue nombrado consejero de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información a propuesta de ERC en el primer gobierno tripartito, cargo que ejerció entre diciembre de 2003 y abril de 2006. 

Campando a sus anchas

Los sindicatos de estudiantes independentistas han campado por sus respetos en los campus universitarios catalanes durante las últimas décadas y actuado con total impunidad, ya fuera haciendo pintadas en las fachadas y paredes de los edificios universitarios, ya exhibiendo pancartas insultantes o amenazantes contra quienes no comparten su aspiración de reunificar  los países catalanes, sin que los rectores hayan mostrado diligencia alguna para hacerlas desaparecer de los espacios públicos e identificar a los autores para expedientarlos y hacerles pagar el coste de reponer el material mobiliario y fijo dañado.

En bastantes ocasiones, los estudiantes han empleado la violencia física para impedir cualquier actividad cultural contraria a su ideología totalitaria. Así ocurrió, por ejemplo, en 2008, para impedir la conferencia que el profesor Savater iba a impartir en la UB, y de nuevo en 2010 para boicotear una conferencia de Rosa Díaz, líder de UPyD, cuya presencia en la UAB fue acogida con una violencia de los estudiantes totalmente desmedida en una clara exhibición de matonismo fascista. Algunos de los juzgados por este caso vieron incluso impulsada su carrera política y llegaron a ser concejales de formaciones secesionistas y enaltecedoras de Terra Lliure en dos municipios catalanes. Más recientemente, se produjeron actuaciones igualmente intolerantes y violentas en la UAB con motivo de la presencia en el campus de Álvarez de Toledo, candidata al Congreso por Barcelona, y los candidatos a la alcaldía de Barcelona, Bou, presidente de Empresaris de Catalunya, y Valls, exprimer ministro de Francia, para participar en un acto organizado por la asociación S’Ha Acabat.

En la carta remitida a Montserrat, consejera de Investigación y Universidades de la Generalidad, la asociación S’ha Acabat denuncia las agresiones perpetradas el 1 de octubre de 2024 “por un grupo de más de un centenar de radicales encapuchados que mostraban comportamientos violentos y proferían consignas de contenido separatista y terrorista” contra su carpa informativa instalada en la feria de asociaciones de la UAB. En esta ocasión, sólo la intervención de los Mozos de Escuadra “evitó que esta turba violenta pasara de las amenazas a la agresión física”, comportamientos que las propias autoridades universitarias han hecho la vista gorda o incluso alentado en algunas ocasiones. La gran pregunta es si esta carta dirigida a la consejera recién nombrada por Illa servirá para que el gobierno catalán ordene a los rectores adoptar medidas para desmantelar las asociaciones de estudiantes ‘antifeixistes’ que coartan derechos fundamentales como la libertad de expresión de otros estudiantes, o si preferirá mirar una vez más hacia otro lado.

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