Estamos viviendo la enésima entrega del enredo protagonizado por el mentiroso y el prófugo, ambos tratando de jugar sus cartas para sobrevivir a una situación política complicada para ambos, especialmente para el segundo que sigue en el limbo del autoexilio. La aritmética parlamentaria posibilitó al mentiroso sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, 2022 y 2023, con un coste relativamente pequeño: engañar a propios y ajenos pactando con quienes había dicho resultaría imposible gobernar e indultar a los líderes del proceso secesionista condenados por sedición y reformar el Código Penal para eliminar el delito de sedición y rebajar las penas por malversación. El prófugo, por su parte, disfrutaba de un cómodo exilio en Waterloo donde ejercía de presidente del consejo de la república catalana y mantenía su escaño de eurodiputado, aunque pendiente de que el Tribunal de Justicia de la UE confirmara la retirada de su inmunidad parlamentaria ya acordada por la Eurocámara y el Tribunal General de la UE.
A merced de sus avalistas
El panorama cambió drásticamente para ambos en los primeros meses de 2024. El prófugo negoció a fondo la ley de amnistía para respaldar la investidura del mentiroso y aunque Junts no logró ser la primera fuerza en las elecciones autonómicas catalanas del pasado 12 de mayo (12-M), sí consiguió sobrepasar holgadamente a ERC, su gran contrincante electoral, y devolver al prófugo el protagonismo perdido tras huir de Cataluña en 2017. Los malos resultados obtenidos por el PSOE en las elecciones europeas del 9 de junio de 2024, convencieron al mentiroso de la conveniencia de adelantar unos meses las elecciones generales al 23 de julio (23-J) para evitar un mayor desgaste de su gobierno. A pesar de la recuperación económica tras la debacle de 2020 y los 37.037 millones inyectados desde Bruselas entre el segundo semestre de 2021 y diciembre de 2023, los resultados del 23-J confirmaron el declive del PSOE en las urnas que se quedó en 102 escaños, un fracaso paliado por el aumento del PSC en Cataluña que sumó 19.
Tras haber engañado tantas veces a propios y ajenos, el mentiroso tiene un serio problema de credibilidad y es muy consciente de que la ascendencia política y el control de los ingentes recursos de la presidencia del gobierno resultan vitales para recabar el apoyo interesado de sus avalistas, sostener engrasados los engranajes del partido, contar con el trato favorable (por no decir con la connivencia) de algunos medios de comunicación, y frenar las investigaciones judiciales en curso sobre las actividades profesionales de su esposa y su hermanísimo. La amnistía pactada con Junts para investir al mentiroso y amnistiar al prófugo y el concierto económico acordado con ERC para investir a Illa han levantado serías ampollas incluso entre los barones del PSOE. El gobierno ha perdido ya demasiadas votaciones en el Congreso desde el pasado 16 de noviembre y sacar adelante los PGE 2025 se ha convertido en una imperiosa necesidad para trasladar cierta sensación de normalidad a militantes y votantes, y alejar la amenaza de unas nuevas elecciones generales cuyo resultado podría resultarle letal.
De Junts pel Sí a Junts pel no
Las dificultades legales que está encontrando la aplicación de la amnistía, la investidura de Illa como presidente de la Generalidad y la formación de un gobierno de concentración nacionalista al que se han sumado altos excargos de ERC y hasta exconsejeros de Convergencia han cortado de raíz las aspiraciones del prófugo de regresar triunfante a ocupar de nuevo la presidencia de la Generalidad. Junts y su líder se han quedado fuera de juego en Cataluña y de poco va a servirles acusar a Illa de nepotismo y sucursalista. La única esperanza de recuperar la iniciativa y afear el respaldo de ERC a la investidura de Illa es seguir apretando al mentiroso en la negociación de los PGE 2025. En estos momentos, nadie sabe cuántos viajes más tendrá que hacer Cerdán, el emisario del mentiroso, a Ginebra ni cuántas concesiones el gobierno de Sánchez tendrá que hacer a Junts para sacar adelante los presupuestos.
Algo sí podemos conjeturar y avanzar. La acritud de los enfrentamientos entre los dos partidos secesionistas en el Congreso con los PGE 2025 como telón de fondo continúa subiendo de tono y, consiguientemente, las exigencias de ambos van a ir en aumento con el paso de los días. La retirada por parte del gobierno de la votación sobre el techo de gasto, un paso imprescindible para la tramitación de los presupuestos, es sólo un aperitivo de lo que está por venir, y es que el resultado de la lucha cainita entre Junts y ERC por el liderazgo del secesionismo depende de cuál de ellos pueda arrogarse haber extraído mayores concesiones al mentiroso. El prófugo, perdido ya el gobierno de Cataluña, no tiene excesiva prisa por llegar a acuerdos, y el PSOE, como ocurrió con la amnistía cuando Junts la rechazó en el Congreso el pasado 30 de enero, está abocado a pasar por el aro si quiere contar con los siete escaños de Junts.
A la condonación de 15.000 millones de la deuda de la Generalidad y a la promesa de otorgar un concierto económico ya acordadas con ERC, Junts añadirá otras piezas menores, como la entrega de documentación secreta del CNI y la creación de una comisión de investigación sobre los atentados en Cataluña en 2017, y algunas piezas mayores con alto simbolismo, como el traspaso del control de las competencias de inmigración y fronteras, y otras de suma importancia para la hacienda pública, como la concreción del concierto económico y la aportación de Cataluña al sostenimiento del Estado español, un Estado recordemos, del que los secesionistas no quieren formar parte. El dilema al que se enfrenta al mentiroso es que necesita los votos de ambos partidos y las concesiones a cualquiera de ellos son vistas como un agravio por el otro.
Esto no es dialogar ni acordar
El gobierno y el grupo parlamentario socialista no dejan de jactarse de su espíritu dialogante y capacidad para buscar acuerdos. La realidad es bien distinta de como la pintan Montero, Alegría, Patxi y el resto de la muchachada monclovita: el mentiroso preside un gobierno débil que ha concedido hasta ahora todo lo que le han exigido sus avalistas: indultos, reforma del Código Penal, más inversiones para Cataluña, amnistía, quita de la deuda, concierto económico… lo que haga falta para seguir en la Moncloa. Ir a Ginebra a tomar nota de las nuevas exigencias del prófugo para asegurarse el respaldo de los suyos en el Congreso difiere bastante de lo que cualquier persona razonable entiende por dialogar y acordar.
Puestos a conjeturar, hay algo más que podemos dar por seguro: las próximas concesiones del gobierno a Junts, ERC y a los partidos que se sumen a la fiesta (PNV, EH Bildu y BNG) ni siquiera van a garantizar al gobierno estabilidad para toda la legislatura. Hay dos buenas razones para avalar esta afirmación. Primera, el gobierno encontrará, como ha ocurrido con la amnistía, serias dificultades para encajar algunas de estas concesiones en el ordenamiento constitucional. Y, segunda, los avalistas van a sacar la bandeja cada vez que el gobierno los necesite para sacar adelante una votación importante. Si estos primeros meses de legislatura han sido muy movidos, los próximos podrían ser turbulentos. No me extraña que Sánchez prefiera tirar de estadista y pasear su cuerpo serrano por el extranjero.
