La Ley de Estabilidad Presupuestaria (Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril) regula los principios básicos que deben cumplir las cuentas públicas. Su artículo 15 obliga al Gobierno a tomar cada año un acuerdo aprobando los Objetivos de Estabilidad Presupuestaria (en adelante, OEP), y someterlos a la aprobación de las Cortes. Dichos OEP incluyen tres magnitudes:
1.Techo de Gasto (sin incluir intereses de la Deuda) en millones de euros;
2.Déficit máximo, desglosado entre Administraciones, en % de PIB; y
3.Objetivo de Deuda Pública, en % de PIB.
La fijación de estas magnitudes es indispensable para poder elaborar los Presupuestos Generales del Estado (en adelante, PGE).
El Gobierno los aprobó y el Congreso los rechazó
El pasado 16 de Julio el Gobierno tomó el acuerdo sobre los OEP. Pero el 23 de Julio el Congreso los rechazó. Ello fue por el voto en contra de los 7 diputados de Junts. Así, resultaba imposible tramitar los PGE 2025.
Ante este rechazo, el artículo 15 de la Ley 2/2012 obliga al Gobierno a tomar un nuevo acuerdo fijando otros OEP y enviarlo a las Cortes.
El pasado 10 de septiembre, el Gobierno, haciendo alarde de contumacia (es decir, sin cambiar una coma ni hablar con Junts), tomó un acuerdo aprobando exactamente los mismos OEP que habían sido rechazados en Julio. Ello suponía un incumplimiento flagrante de la Ley 2/2012 que, ante el rechazo inicial, obliga al Gobierno a tomar un nuevo acuerdo (nuevo quiere decir diferente del anterior). Pero al Gobierno eso no le importaba. Y este jueves 26 de septiembre estaba previsto celebrar la sesión del Congreso al respecto.
Pues bien, hace unos días Junts, como era previsible, anunció que volvería a votar en contra de tales OEP, exponiendo al Gobierno a hacer de nuevo el ridículo y haciendo imposible la aprobación de los PGE 2025.
El Gobierno entra en pánico
Pedro Sánchez se alarmó. No ha hecho nada desde el 23 de julio y ahora cae en la cuenta de que necesita los PGE para cumplir con las nuevas reglas fiscales europeas. No puede presentarse en Bruselas con los PGE de 2023, prorrogados dos veces. Y necesita que Junts vuelva al redil pues, además, hay pendientes muchos millones de Fondos Europeos cuyo desembolso depende de la aprobación de leyes en el Congreso.
Por eso el viernes 20 envió a Santos Cerdán urgentemente a Ginebra para tratar de convencer a Puigdemont para que depusiese su actitud. No sabemos qué ofreció Santos Cerdán, pero su gestión resultó infructuosa. Al mismo tiempo, Oscar Puente decía que no pasaba nada si no se aprobaban los PGE 2025, que el Gobierno seguiría como si tal cosa.
Aunque la gestión en Ginebra resultó infructuosa, Puigdemont dejó entrever alguna posibilidad de negociación. Por eso, Sánchez decidió retirar la aprobación del acuerdo de la sesión del Congreso del jueves 26, a la par que ordenaba negociar con Puigdemont sus condiciones para aprobar los OEP. En eso estamos ahora.
En qué consisten los objetivos de estabilidad presupuestaria
Los OEP, aprobados por el Gobierno y rechazados por el Congreso, consisten en lo siguiente:
1.Techo de gasto para 2025, excluyendo intereses de la Deuda e incluyendo los Fondos Europeos: 199.000 M. Esto afecta sólo a la Administración Central.
2.Déficit del conjunto de las Administraciones Públicas para 2025: 2,5% del PIB (unos 40.000 M), a repartir de la siguiente forma:
*Administración Central: 2,2% (35.200 M).
*Comunidades Autónomas: 0,1% (1.600 M).
*Administración Local: 0%
*Seguridad Social: 0,2% (3.200 M).
3.Deuda Pública 31.12.2025: 103,6% del PIB (a 31.12.2023 era el 107,7%).
Qué le están ofreciendo a Puigdemont
Hay muchos temas sobre la mesa:
1.Para empezar, Junts no está de acuerdo con el reparto del déficit entre Administraciones. De los 40.000 M de déficit total previsto para 2025, la parte del león (35.200 M) queda en manos de la Administración Central. Y a las CCAA se les obliga a apretarse el cinturón, permitiéndoles un déficit ridículo de 1.600 M. No tienen margen para endeudarse y activar políticas de bienestar potentes.
Por eso, Junts exige que, como mínimo, el déficit se reparta por tercios entre la Administración Central, CCAA y Entidades locales. Ello situaría el déficit de cada sector en el 0,77%. El déficit de la Administración Central se reduciría desde 35.200 M a 12.300 M (buena rebaja). El de las CCAA subiría desde los 1.600 M hasta 12.300 M (a Cataluña le tocaría el 19%: 2.340 M, frente a los 300 M actuales). Y el de la Administración Local subiría desde cero hasta 12.300 M.
2.Junts exige además pasos decisivos para aumentar el porcentaje de ejecución de inversiones en Cataluña.
3.Exige también el traspaso total de las competencias en materia de inmigración.
4.Para ir creando buen ambiente, el Gobierno ha empezado a realizar gestos de acercamiento a Junts. Entre ellos:
*activar la Comisión de investigación sobre los atentados yihadistas en 2017 en Barcelona y Cambrils.
*levantar el secreto de los informes del CNI sobre los atentados.
*dar más participación en el CNI a los socios del PSOE.
*activar la Comisión de investigación sobre la Operación Cataluña (policía patriótica) y llamar a declarar a Rajoy y su plana mayor.
*impulsar el uso del catalán en el Parlamento europeo.
*ordenar a la Abogacía del Estado que, apoyando a la Fiscalía, recuse al Sr. Macías, magistrado (conservador) del Tribunal Constitucional, en los recursos sobre la amnistía.
¿Convencerán a Puigdemont con esta macedonia?
¿Qué va a pasar?
1.Nadie sabe qué actitud tomará Junts. Hay que esperar al Congreso del partido, previsto para los días 25, 26 y 27 de octubre. Todo está sobre la mesa, incluido el liderazgo de Puigdemont.
2.Tampoco sabe nadie la actitud que tomará ERC. El acuerdo con el PSC fue aprobado por la militancia por los pelos. Habrá que esperar también al Congreso del partido, previsto para el 30 de noviembre. ERC está abierta en canal. Exigirán pasos decisivos en el tema del Concierto económico.
3.Menos dudas presenta el Congreso Extraordinario del PSOE, que tendrá lugar el 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre. Tal como está el PSOE, es seguro que Pedro Sánchez consiga aquí laminar toda disidencia y se confirme como Gran Jefe, a la búlgara.
4.Con todo esto, es seguro que este año no veremos los PGE 2025. Una vez celebrados todos los Congresos, a partir del 2 de diciembre, empezarán las negociaciones con Junts y ERC para que el Gobierno apruebe unos nuevos OEP. A ver qué pasa. Si nada se tuerce, los PGE 2025 podrían ver el BOE en la primavera de 2025. Y puede que siga pendiente el tema de la amnistía.
5.Pedro Sánchez tiene muchísimo interés en aprobar estos PGE 2025. Si lo consigue, podría prorrogarlos para el ejercicio 2026. Y casi empalmar con las elecciones de julio 2027. Pero entretanto necesita aprobar muchas leyes, y ERC y Junts volverán a ponerle las cosas difíciles, rivalizando entre ellos para ver quien arranca más. Un calvario.
6.La tarea que tiene Pedro Sánchez no consiste en gobernar. Consiste en resistir y para ello está forzado a satisfacer las demandas independentistas. Nadie sabe hasta dónde.
