Aunque no han pasado los cien días de cortesía desde que Illa fue investido Muy Honorable presidente de la Generalidad de Cataluña con el respaldo de ERC y los Comunes, disponemos ya de suficientes indicios para para sacar algunas conclusiones provisionales sobre lo que puede dar de sí esta legislatura con el PSC de nuevo al frente del gobierno. Contamos con un mosaico de rectificaciones, discursos, decisiones políticas y gestos, suficientemente amplio y variado como para que los constitucionalistas catalanes podamos hacernos una idea bastante precisa de la confianza que nos merece Illa como político y las políticas que puede desplegar su gobierno en esta Cataluña normalizada institucional, política y socialmente hablando, como dirían Sánchez y Bolaños, gracias a la amnistía.
De la amnistía al acuerdo de investidura
Los ciudadanos hemos visto al candidato Illa desdecirse y apechugar con una amnistía que él mismo había descartado enfáticamente y por duplicado pudiera llegar a producirse. A Illa le gusta presentarse como un humanista cristiano, una circunstancia que al parecer no es un obstáculo moral para engañar a los catalanes, amigos y conocidos incluidos, que se tomaron en serio sus palabras: “ni amnistía, ni referéndum, lo repito para que quede claro, ni amnistía ni referéndum”. No estamos ante una rectificación menor sobre una promesa electoral incumplida, sino ante un cambio con una enorme trascendencia política porque deslegitima las actuaciones desplegadas por el Estado español (y que el propio Illa respaldó) para poner fin al intento de secesión de Cataluña consumado el 27 de octubre de 2017.
Los catalanes hemos podido leer el acuerdo de investidura firmado con ERC, un partido secesionista, en el que Illa acepta los siguientes dos puntos:
- Construir una solución al conflicto político basada en un consenso amplio de la sociedad catalana sobre el futuro de Cataluña… refrendado por la ciudadanía de Cataluña.
- Impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal basada en una relación bilateral con el Estado y la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos.
- Reforzar los pilares del reconocimiento nacional de Cataluña, especialmente el modelo de escuela catalana, el fomento del uso del catalán y la acción exterior de la Generalidad.
Illa se había opuesto en numerosas ocasiones hasta ahora a realizar un referéndum donde los ciudadanos catalanes decidan el futuro político de Cataluña, pero lo cierto es que tras firmar el acuerdo de investidura algo tendrá que hacer el presidente para contentar a sus avalistas de ERC si quiere seguir en el cargo. Y tras lo ocurrido con la amnistía, uno tiene que reconocer que sus palabras tienen la misma firmeza que una pluma al viento: no sabemos aún cómo vestirá a la mona, pero tendremos mona.
En cuanto a la financiación singular, los términos empleados en el acuerdo ofrecen pocas dudas: plena soberanía fiscal, relación bilateral con el Estado y administración de todos los tributos. El objetivo de los secesionistas de ERC se resume en una frase muy repetida desde las elecciones catalanas: “queremos tener la llave de la caja” y negociar con el Estado cuánto sale de ella. La vicepresidenta Montero se niega a identificar financiación singular con concierto, y con intención de despistar al personal ha llegado a compararla con la singularidad de los archipiélagos balear y canario. No sabemos cuánto tiempo está ERC dispuesta a estirar la negociación, pero no hay que olvidar que el acuerdo sobre financiación constituye su mayor baza política y el nuevo líder de los republicanos, sea quien sea, va a exigir a Illa cumplirlo.
Reforzar los pilares del reconocimiento nacional de Cataluña va a resultar un asunto menos conflictivo. Empezando por la escuela catalana, Maragall y Montilla desde la Generalidad y los alcaldes socialistas en el ámbito local se han mostrado siempre como firmes defensores del modelo de inmersión lingüística en la escuela catalana. Además, los gobiernos tripartitos presididos por Maragall y Montilla ya aprobaron normas para ‘fomentar’ el uso social del catalán que contemplaban la imposición de multas a los comercios rotulados únicamente en castellano y a las empresas de restauración que no disponían de una carta en catalán, sin exigir un trato recíproco a empresas similares cuando proporcionaban información a los clientes exclusivamente en catalán.
Primeros nombramientos y gestos
Los nombramientos del nuevo presidente permiten hacernos una idea bastante cabal de la orientación que va a imprimir a su gobierno. Para empezar, Illa no ha dudado en incorporar a numerosos altos cargos (47 secretarios y directores generales) en el último gobierno de ERC e incluso ha elevado a rango de Consejería el Departamento de Política Lingüística y nombrado consejero a Vila, secretario del departamento con Aragonès desde 2021. Muy significativo ha sido el nombramiento como consejero de Justicia y Calidad Democrática de Espadaler, quien fuera consejero de Medio Ambiente CiU (2002-2003) en el último gobierno de Pujol y consejero de Interior con Mas (2012-2015), en los años en que el líder convergente decidió ponerse al frente del movimiento secesionista. Tras la ruptura de CiU, Espadaler fundó con otros militantes de UDC el partido Unidos para Avanzar (Units per Avançar) que ya se presentó en coalición con el PSC a las elecciones autonómicas en 2017.
Pero el nombramiento más sorprendente de todos ha sido, sin duda, el de Sàmper, militante de Junts hasta febrero de 2024 y consejero de Interior (2020-2021) del inhabilitado presidente Torra. Una de sus decisiones más atrevidas como consejero fue restituir a Trapero, cesado en el cargo tras la destitución del gobierno de la Generalidad el 27-O, como Mayor de los Mozos de Escuadra hasta que fue cesado de nuevo por el gobierno de Aragonès en 2021. Y no deja de resultar paradójico que coincidiendo con la vuelta al gobierno de Sàmper, Parlon, la consejera de Interior de Illa que se opuso a que el PSOE respaldara la aplicación del artículo 155 en 2017, haya decidido restituir por segunda vez a Trapero al frente de la policía autonómica en respuesta al fracaso del operativo desplegado para detener al prófugo de Waterloo en Barcelona el mismo día en que Illa fue investido presidente.
No quisiera terminar este artículo sin referirme a dos gestos harto significativos. El primero fue la reunión de Illa con el expresidente Pujol, en el palacio de la Generalidad, enmarcada en “la ronda de contactos que el socialista está teniendo con sus antecesores y que aún no se sabe si incluirá también a Carles Puigdemont”. Ya resulta patético leer en X que “el expresidente Jordi Pujol es una de las figuras más relevantes de la historia política de Cataluña. Ha sido un placer recibirlo hoy en el Palau de la Generalitat”, y sería ya el colmo que Illa viajara a Waterloo para reunirse con el prófugo y evitar que los Mozos vuelvan a hacer el ridículo. Sólo cabe una explicación racional a tanto despropósito: los lideres del PSC han hecho suyos desde la Transición los mitos sobre la historia de Cataluña puestos en circulación por los nacionalistas y secesionistas, como puede constatarse en la ofrenda floral con la que honran a otra de las figuras políticas más relevantes de la historia política de Cataluña cada 11 de septiembre.
Visita de cortesía a Felipe VI
Otro ejemplo de la normalización de la vida política catalana es la visita de cortesía del presidente Illa a Felipe VI, jefe del Estado. Desconocemos sobre qué versó la conversación, pero a diferencia de lo ocurrido tras su encuentro con Pujol, no hemos leído en X ni en ningún otro medio de comunicación que “el Rey Felipe VI es una de las figuras más relevantes de la historia política de España. Ha sido un placer reunirme con él en el palacio de la Zarzuela”. No, ni mucho menos. Hablar bien del Borbón que se atrevió a denunciar el 3 de octubre de 2017 los graves hechos que se estaban produciendo en Cataluña en aquellos días levantaría ampollas entre sus consejeros, avalistas y hasta en las filas del PSC, en tanto que alabar al jefe de una trama corrupta y agradecerle lo mucho que ha hecho por la recuperación del autogobierno de Cataluña parece ser un gesto de reconciliación contra el que casi nadie se ha atrevido a levantar la voz, salvo alguno para echarle en cara a Pujol haberse reunido con quién respaldó la aplicación del 155.
Habrá quien quiera interpretar el acuerdo de investidura, los nombramientos y esos primeros gestos de Illa como signos positivos de la normalización de la vida institucional, política y social en Cataluña, aunque lo cierto es que esa normalización se circunscribe al ámbito del catalanismo con ínfulas nacionalistas, soberanistas y secesionistas, dejando fuera no sólo al resto de partidos políticos sino también a todos los catalanes constitucionalistas que sentimos nostalgia de la normalidad política y social de comienzos de los años 80, cuando Cataluña destacaba dentro de España por ser una sociedad abierta y culturalmente avanzada. No se puede decir lo mismo unas décadas después y ni la trayectoria de Illa desde que se convirtió en primer secretario, ni su lectura de los resultados de las elecciones autonómicas del pasado 12 de mayo, ni sus primeros pasos al frente del gobierno de Generalidad invitan al optimismo, más bien lo contrario: confirman que el PSC continúa fiel a sí mismo.