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El Defensor del Pueblo descarta recurrir la Ley de Amnistía y muestra su acuerdo con la misma

El socialista Ángel Gabilondo suyos los argumentos del PSOE, del Gobierno de Sánchez y de los separatistas en favor del controvertido texto

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. RTVE.

El Defensor del Pueblo, el socialista Ángel Gabilondo, no interpondrá recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía. La petición se la había formulado la entidad constitucionalista catalana Impulso Ciudadano, que ha dado a conocer este jueves la respuesta de Gabilondo. En su escrito, el Defensor del Pueblo señala que ha tomado esta decisión en base a un informe de la «Junta de Coordinación y Régimen Interior» de este organismo y «con pleno respeto a cualquier otra opinión diferente».

Gabilondo se escuda en que ya han presentado cuestiones judiciales contra la controvertida ley tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En este sentido, el Defensor del Pueblo argumenta en su respuesta que si este organismo recurriera la ley, tal y como han solicitado Impulso Ciudadano y otras entidades, «se alejaría de los principios que informan la actuación del Defensor del Pueblo, conforme a los cuales ha de apartarse de asuntos judicializados».

Los argumentos de Sánchez y los separatistas

Sorprendentemente, el Defensor del Pueblo también indica en su respuesta que «la Constitución no prohibe expresamente la amnistía, que debe entenderse como una figura distinta a los indultos generales, en tanto la intervención de la ley transforma su naturaleza». Haciendo suyos los argumentos del PSOE, del Gobierno de Sánchez y de los separatistas, también señala que «no se trata de una institución prohibida en los países miembros de la Unión Europea y que algunos de ellos la mencionan en sus Constituciones«. Y, aunque asegura que «por razones institucionales» y «de fondo», no entra en sus competencias recurrir la Ley de Amnistía, ofrece como respuesta un amplio análisis de los argumentos a favor de la misma. Algo que Impulso Ciudadano ha calificado como «una resolución escandalosa«.

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