La última consigna en las altas esferas gubernamentales ha sido la de rebajar el tono tras las polémicas declaraciones en las que la vicepresidenta Montero daba a entender que no habrá concierto para Cataluña y la consiguiente respuesta airada de ERC, el socio prioritario de Sánchez en el Congreso y de Illa en el Parlamento de Cataluña, advirtiendo que de no cumplirse lo pactado para investir a Illa será mejor que PSOE y PSC busquen otros socios o se preparen para convocar elecciones. Si no para otra cosa, esta última escaramuza ha servido para poner de manifiesto, por una parte, la debilidad extrema del gobierno de Sánchez, y para confirmar, por otra, que el proceso de secesión, desarbolado tras aplicarse el artículo 155 de la Constitución y sentar en el banquillo a la mayoría de los cabecillas del intento fallido de constituir una república independente, no sólo ha resurgido de sus cenizas, sino que ha pasado a ocupar el centro de la política nacional.
Un gobierno entregado a sus avalistas
¿Qué dijo exactamente la Sra. Montero? Visto lo visto desde la llegada de Sánchez al palacio de la Moncloa, no es que uno pueda otorgar credibilidad alguna a la responsable del ministerio de Hacienda, pero, en fin, estas fueron sus palabras: “Nos encontramos ante un modelo que ni es un concierto económico ni es una reforma al uso del sistema de financiación autonómico. Es una fórmula que permite profundizar en el autogobierno que Cataluña aspira y, por otra parte, se contempla la solidaridad como el eje y como el núcleo del acuerdo. Va a ser bueno para el conjunto del Estado español”. Naturalmente, no explicó en que consiste el acuerdo ni por qué va a ser bueno para el conjunto del Estado español. Cualquier persona con conocimientos elementales de aritmética sabe que, si Cataluña sale beneficiada, las restantes Comunidades Autónomas de régimen común saldrán perjudicadas, salvo, claro está, que uno tenga el cráneo privilegiado de la vicepresidenta, capaz de llegar a la conclusión deseada por sevillanas con independencia de las premisas de partida.
Hereu, ministro de Administraciones Públicas y cuota del PSC en el gobierno de España, salió también al ruedo para echar un capote y tranquilizarnos: estamos, dijo, ante un acuerdo magnífico que conviene afrontar “con mucha convicción y con serenidad” y que “con diálogo y acuerdos con todos, lo sacaremos adelante en beneficio de todo el mundo autonómico en toda España». Tampoco explicó Hereu en qué consiste el acuerdo, ni qué beneficio obtendrá “todo el mundo”, ni cuándo va a producirse “el diálogo y los acuerdos con todos”, porque de momento sólo se ha dialogado con ERC, un partido independentista, y a los gobiernos de las demás Comunidades se les ha impedido exponer su opinión en donde debería haberse fraguado el acuerdo con todos: en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Narbona, presidenta del PSOE de Sánchez, quitó también hierro a la amenaza de ERC y adelantó que el Gobierno cumplirá con la literalidad del pacto. Veamos qué dice literalmente el pacto firmado por Illa con ERC para investirlo presidente y las consecuencias que cabe esperar en caso de se cumpla literalmente lo pactado:
Construir una solución al conflicto político basada en un consenso amplio de la sociedad catalana sobre el futuro de Catalunya. Este consenso nos ha de permitir avanzar en la vía del diálogo y la negociación con el Estado para dar lugar a un acuerdo que sea refrendado por la ciudadanía de Cataluña.
Impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal, basado en la relación bilateral con el Estado y la recaudación, gestión, y liquidación de todos los impuestos, con el objetivo de dotar a las instituciones catalanas de los recursos necesario para hacer frente a las necesidades de una Cataluña de 8 millones de habitantes.
Reforzar los pilares del reconocimiento nacional de Catalunya, especialmente el modelo de escuela catalana, el fomento del uso del catalán y la acción exterior de la Generalidad.
Y asegurar la continuidad de unas políticas públicas que garanticen el impulso de un sistema productivo y unos servicios públicos centrados en la búsqueda de la prosperidad compartida y el bienestar y las oportunidades para el conjunto de la ciudadanía.
Ni normalización ni pacificación
Sólo Borrell, alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y dirigente del PSC, se atrevió, en una entrevista concedida al diario El País, a contradecir que Cataluña esté infrafinanciada, mucho menos expoliada, el argumento empleado habitualmente por el movimiento nacionalsecesionista para exigir mejoras en la financiación, una reivindicación que se remonta al presidente Mas y a su consejero de Economía Mas-Colell. Mucho más discutible es su tesis de que los indultos, la amnistía y la investidura de Salvador Illa “han tenido un efecto pacificador muy positivo en Cataluña”, y apunte, a modo de prueba, a que ahora una parte importante de la sociedad catalana ya no está dispuesta a “seguir a los flautistas de Hamelin que les aseguraron que la UE reconocería una independencia unilateral”.
Un político tan fino como Borrell no debería pasar por alto los aspectos acordados en el pacto ni mezclar cosas tan distintas en el mismo saco. Los indultos pueden emplearse como una medida de gracia en un Estado democrático, la amnistía no. Se puede hasta conceder que los indultos pudieron ayudar a restañar algunas heridas y propiciar la pacificación, aunque no en exceso a tenor de la posición expresada por algunos de los indultados (“lo volveremos a hacer”), pero la amnistía no puede considerarse de ninguna manera una medida de gracia y cualquiera que haya leído el Preámbulo de la norma sabe perfectamente que el PSOE de Sánchez y el PSC de Illa asumieron para investir al primero el relato del proceso secesionista: todo lo que hicimos fue legítimo y todo lo que hizo el Estado para desbaratar el proceso de secesión ilegítimo. Contrariamente a lo que sostiene Borrell, la amnistía resucitó y dio alas al prófugo de Waterloo y el acuerdo para investir a Illa ha insuflado vida a ERC. Por ello, no resulta apropiado ni exacto caracterizar lo ocurrido como la aceptación “post mortem” del relato del proceso secesionista. Porque el proceso no está ni mucho menos muerto.
El desgobierno se contagia
La normalización de la vida institucional, política y social en Cataluña nada tiene que ver con la implementación de la amnistía ni con el acuerdo de financiación singular acordado con ERC, sobre cuyo contenido e interpretación las dos partes firmantes disputan ahora. Buena prueba de ello son los malos resultados obtenidos por ERC y Junts en las elecciones generales del 23-J, cuando la amnistía era todavía descartada por inconstitucional por toda la plana mayor del PSOE de Sánchez. En esas elecciones, ERC y Junts obtuvieron 466.020 y 395.429 votos, respectivamente, muy por debajo de los 629.295 y 481.839 logrados por ERC y CDC, respectivamente, en las elecciones generales de junio de 2016. El proceso secesionista estaba perdiendo fuelle desde 2019 y los altos precios pagados por el PSOE para investir a Sánchez el 16 de noviembre de 2023 (ley de amnistía) y por el PSC para investir a Illa el 8 de agosto de 2024 (transferencia de las competencias fiscales y concierto económico, entre otros) sólo han servido para dar alas al prófugo de Waterloo y a una ERC dividida y hundida en las urnas.
Cualquier observador imparcial reconocería que no pueden mezclarse desde un punto de vista conceptual los indultos con la amnistía, ni con la financiación a la carta y otros compromisos acordados por Illa, y mucho menos achacar la normalización o pacificación de la vida institucional, política y social en Cataluña a tales incongruencias. Más bien al contrario, lo que Sánchez e Illa han logrado con sus concesiones a los secesionistas de Junts y ERC para ser investidos es trasladar al conjunto de España la quiebra institucional, social y política en que ha vivido inmersa Cataluña desde la aprobación de la propuesta de reforma del Estatuto en 2005 y que alcanzó su cénit al proclamarse la independencia en octubre de 2017.
Desde entonces, Cataluña ha vivido en un continuo desgobierno y crispación social, con sus gobernantes más pendientes de ver cómo podían avanzar en su ensoñación secesionista que de mejorar la vida de los catalanes, y esa crispación y desgobierno amenazan ahora con extenderse a la sociedad española y al gobierno de España, pendientes en cada votación en el Congreso de lo que digan unos partidos que no ocultan su intención de acabar con la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la equidad fiscal. Corresponde a todos los ciudadanos españoles refrendar leyes y acuerdos que desnaturalizan y retuercen la Constitución y nos adentran pasito a paso en un estado confederal con ciudadanos de primera y de segunda.
