La investidura de Illa coincidió con la visita relámpago del prófugo a Barcelona que ocupó más atención en los medios de comunicación que el discurso del candidato desgranado en el Parlamento de Cataluña una hora después. Si la aparición en carne mortal y desaparición inmediata sirvió para que los creyentes pudieran constatar su disposición a viajar de tapadillo al ‘país’ con la colaboración indispensable de los Mozos de Escuadra -la misma policía que incumplió la orden judicial de retirar las urnas el 1 de octubre de 2017-, el discurso de investidura de Illa permitió despejar las dudas que pudieran albergar algunos ciudadanos de buena fe sobre la disposición del PSC a hacer el trabajo sucio a los secesionistas, envolviéndolo una vez más, eso sí, en celofán ‘progresista’, para camelar a los más tontos del barrio, como dirían los flamencos.
El partido nacionalsocialista catalán (PSC) lo ha hecho muchas veces a lo largo de su breve y vergonzante historia. Ellakuría recordaba en un artículo titulado, “Salvador Illa, el pragmático y obediente gobernador del sanchismo en Cataluña”, publicado en El Mundo el 8 de agosto, como “un conocido escritor español, simpatizante del PSC” fue engañado por Illa durante una cena en una localidad del Ampurdán en el verano de 2023. El humanista cristiano, así le gusta a Illa definirse a sí mismo, “le aseguró reiteradamente que no habría una ley de Amnistía, que eso era imposible y así se lo garantizaba”. Ellakuría no reveló el nombre del escritor en cuestión, pero cabe conjeturar que pudo ser el mismo que publicó un artículo en el diario oficial del régimen sanchista titulado “No habrá amnistía” el 13 de septiembre de 2023.
Justo dos meses después, el 13 de noviembre el grupo socialista en el Congreso (PSOE-PSC) registró la proposición de ley de amnistía para la normalización de la situación institucional, política y social en Cataluña, el envoltorio ‘progresista” con que PSOE y PSC trataban de encubrir la compra de los votos de los siete diputados de Junts y los siete diputados de ERC para investir a Sánchez presidente el 16 de noviembre. En diciembre de 2023, el escritor español que había hecho pública (en otra columna publicada también en El País el 20 de julio de 2023) su intención de votar a Pedro Sánchez en la selecciones generales del 23-J, continuaba noqueado sobre la lona por los golpes bajos asestados por Sánchez e Illa, a cuenta de la amnistía, y le dediqué un artículo, entre reprobatorio y consolativo, en este diario el 3 de diciembre de 2023.
¿Miente Illa como un bellaco?
Pero volvamos al asunto que nos ocupa, la investidura de Illa. Fernández, presidente del PP en Cataluña, acertó plenamente al reprocharle al candidato haber mentido reiteradamente como un bellaco a los catalanes, y el humanista cristiano se sintió profundamente dolido y ofendido por su falta de cortesía parlamentaria. Pero lo cierto es que la relación de Illa con la verdad deja mucho que desear pese a su formación humanista y cristiana. Engañó semana tras semana a los ciudadanos cuando ejerció de ministro de Sanidad de España durante la pandemia (véase, por ejemplo, mi artículo “Los fraudes del SIS” recogido en mi libro Covid-19: la Gran Decepción), minimizando los riesgos del virus Covid-19 y la urgencia de adoptar medidas preventivas para preparar el sistema hospitalario. Su gestión tuvo resultados catastróficos y produjo un exceso de mortalidad cercano a 50.000 personas en las nueve semanas transcurridas entre el 9 de marzo y el 10 de mayo de 2020. E Illa volvió a engañar descaradamente a los ciudadanos al difundir al final de la primera oleada de la pandemia el demagógico y profundamente inmoral eslogan publicitario “#SalimosMasFuertes”. Hay pocas dudas de que Illa salió fortalecido, no así las víctimas abandonadas a su suerte.
Illa ha continuado engañando a los ciudadanos durante su etapa como primer secretario del PSC (2021-2024) al pasar de rechazar con total rotundidad la amnistía a defenderla como un instrumento imprescindible para garantizar dos investiduras tóxicas: la de Sánhez, primero, y la suya, ahora. Lo hizo en una intervención en el Consejo Nacional del PSC con motivo de la investidura de Aragonès en mayo de 2021 donde acusó a los partidos secesionistas de haber “llevado a Cataluña a la peor decadencia de las últimas décadas” y afirmó que “ni Cataluña será independiente, ni habrá amnistía ni referéndum de autodeterminación”. La hemeroteca nos permite constatar las numerosas ocasiones en que Illa negó que la amnistía fuera a producirse y hasta argumentó que “esto [la amnistía] no tiene encaje ni en el derecho internacional ni en el derecho constitucional”. Pero Illa cambió radicalmente su posición y pasó en octubre de 2023 a defender la amnistía, y en el debate de su investidura a reclamar que los jueces la apliquen de forma ágil, rápida y sin subterfugios al prófugo de Waterloo y a toda su parentela.
Algunos ciudadanos biempensantes se preguntarán que ha quedado de este filósofo humanista y cristiano tras transustanciarse en salvavidas del secesionismo y recaudador de ERC. Porque aparte de la amnistía y el blindaje del catalán por mar, tierra y aire, poniendo al frente de la nueva Consejería de Política Lingüística a un experto de la Administración republicana en sistemas patrióticos anti-castellano, la concesión estrella hecha a ERC es poner en marcha un sistema de financiación singular para Cataluña que como le recordó el portavoz de ERC contempla la soberanía fiscal completa, esto es, capacidad normativa y la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos que se pagan en Cataluña. En un artículo publicado en el número de julio de la revista Consejeros, he explicado por qué, desde un punto de vista estrictamente económico, este sistema de financiación ‘singular’ ni es justo ni está justificado.
Zarzalejos (José Antonio) expuso en un artículo reciente publicado en El Confidencial que el pacto de Illa con ERC resulta, además, inviable porque “las materias acordadas (no sólo las referentes a la financiación) … afectan a la estructura constitucional” y desbordan el marco competencial articulado por la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la LOFCA. Como Fernández le recordó a Illa durante el debate, el pacto de investidura con ERC supone una reforma encubierta de la Constitución que pretende configurar un estado plurinacional donde el gobierno de la Generalidad dispondría de todas las competencias en política fiscal para que, como bien dijo Maragall en 2006, “Cataluña pueda hacer lo que quiera”. ¡Ahora resulta que saltarse la Constitución y propiciar la desigualdad entre ciudadanos es progresista!
Illa, tras aplaudir la aplicación “con sentido común” del 155 en 2017, retoma la hoja de ruta de connivencia con el secesionismo iniciada por Maragall y Montilla, sus predecesores al frente del PSC y la Generalidad de Cataluña. Sánchez inició un camino similar cuando presentó una moción de censura con un raquítico respaldo parlamentario del PSOE (78 escaños) y PSC (7 escaños) quedando a merced de unos avalistas cuyas exigencias fueron creciendo con el paso del tiempo. Le obligaron, en primera instancia, a indultar a los golpistas condenados por el Tribunal Supremo en 2021 y a suprimir el delito de sedición del Código Penal, y, en segunda instancia, a proceder a ‘constitucionalizar’ la amnistía pese a que la Constitución en su artículo 62 g) prohíbe expresamente “autorizar indultos generales”.
¿Hasta dónde están dispuestos a llegar Illa y Sánchez retorciendo la Constitución y deslegitimando al poder judicial para seguir contando con ERC y Junts en el Congreso y el Parlamento de Cataluña? Nadie lo sabe, pero ternemos la certeza de que de implementarse los pactos de investidura firmados por Illa y Sánchez con ERC van a saltar las costuras del orden constitucional y diluir aún más si cabe uno de los ingredientes básicos de cualquier proyecto socialdemócrata: propiciar la igualdad de oportunidades y el reparto igualitario de las cargas tributarias y los beneficios sociales de los ciudadanos con independencia de donde residan. Las concesiones de Sánchez e Illa a los secesionistas están diluyendo la nación de ciudadanos libres, iguales y solidarios y poniendo es serio riesgo la viabilidad de la socialdemocracia como alternativa de gobierno en España. Por ello, constituye un deber cívico, más allá de las legítimas diferencias ideológicas, poner fin a semejante disparate lo antes posible. Por supuesto, en las urnas.
