El acuerdo entre Pedro Sánchez y ERC ya comienza a dar frutos visibles, aunque sean meramente simbólicos. Así, el Govern ha anunciado este martes que el Gobierno, 84 años después del «asesinato de Lluís Companys» ha reconocido «de manera oficial» que el dirigente de ERC fue «represaliado, condenado y fusilado por ser el máximo representante de la Generalitat de Cataluña y por su militancia e ideología«.
En una nota de prensa, la Generalitat ha indicado que el Ministerio de Política Territorial y de Memoria Democrática ha remitido a la Conselleria de Justicia, Derechos y Memoria la declaración de reconocimiento y reparación personal que deja constancia de este cambio. El texto señala que Companys fue condenado «por haber sido abogado de los sindicatos únicos y de la CNT, por haber organizado la Unió de Rabassaires, por haber sido fundador de Esquerra Republicana, por haber proclamado la República el 14 de abril de 1931 y por cargos públicos ejercidos durante la Segunda República, concretamente la Presidencia de la Generalitat».
El mismo escrito declara «ilegales e ilegítimos tanto el Tribunal Regional de Responsabilidad Política de Barcelona como el consejo de guerra sumarísimo» que juzgaron a Companys, así como «cualquier otro jurado u órganos penales o administrativos que se hubieran constituido para imponer condenas o sanciones por razones políticas». Por ello, el expresidente catalán «tiene derecho al reconocimiento y a obtener la reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva«. De este modo, el Estado declara «ilegítimas y nulas cualquier condena, sanción o resolución» dictada en su contra por «razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra Civil o la dictadura posterior».
