Ante el fracaso del procés, el nacionalismo catalán ha convertido la lengua en el principal caballo de batalla, alertando de una supuesta emergencia lingüística y endureciendo el veto al castellano en todos los ámbitos a su alcance, principalmente en la Educación y la Administración. A su vez, como han denunciando algunos lingüistas como Javier Pérez López, estas políticas —compartidas por los partidos de izquierda— parecen haber alimentado la intransigencia de parte de los catalanes secesionistas, que cada vez más consideran ilegítimo el uso del castellano en Cataluña, apoyando señalamientos o escraches impulsados por lobbys ultra como Plataforma per la Llengua.
En sintonía con este panorama, dicha plataforma ha hecho público un estudio en el que muestra que el 55% de los catalanes considera que ser catalán depende la cultura y la lengua —entendiéndose por ésta únicamente el catalán, pese a que en Cataluña existen dos lenguas oficiales y la mayoría tiene como lengua materna el castellano—. Esta visión aumenta si los encuestados son votantes de partidos nacionalistas como Junts, ERC y la CUP: en este segmento, entre el 60 y el 70% creen que la lengua y la cultura determinan la pertenencia. Por el contrario, para el 50% de los votantes de partidos constitucionalistas como PSC o PP, la condición de catalán es legal y administrativa y depende de vivir en esta comunidad autónoma.
