El Govern en funciones presidido por Pere Aragonés no parece estar dispuesto a aceptar el reparto que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno central de inmigrantes menores no acompañados por todo el país. Según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, solicitará al Ministerio de Política Territorial este miércoles que introduzca modificaciones en la propuesta del decreto ley para la reforma de la Ley de Extranjería mediante la cual se regulará este reparto. Modificaciones que deberán atender a «la singularidad y al esfuerzo real de Cataluña en la acogida y acompañamiento de estos jóvenes». El conseller en funciones de Derechos Sociales, Carles Campuzano, participará en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebrará este miércoles en Tenerife y que estará presidida por el ministro Ángel Víctor Torres.
En el mismo comunicado, el Govern ha avanzado que Campuzano «exigirá que la lógica de la sobreocupación tenga en cuenta todos los territorios y no solo a Canarias, Ceuta y Melilla». El conseller, además, pedirá que, a la hora de establecer un criterio para el reparto, se tenga también en cuenta «el tiempo de estancia y los recursos disponibles en el sistema con el objetivo de garantizar un reparto justo y equilibrado».
Siete objetivos
Desde Cataluña se pondrá sobre la mesa una propuesta para que «cada territorio reserve un mínimo del 25% de sus plazas de atención a la infancia a la acogida de estos jóvenes, existiendo sobreocupación cuando se supere el 150% en el caso de Canarias, Ceuta y Melilla y el 175% en el resto de territorios». Además, se propondrá también que el traslado de estos jóvenes se lleve a cabo solo cuando se haya comprobado que son realmente menores de edad y que «se respeten las competencias catalanas exclusivas en materia de infancia».
La Generalitat defenderá, por otro lado, la creación de un grupo de trabajo que permita fijar las políticas para atender a estos inmigrantes. Un grupo que, según el Govern, deberá tener siete objetivos: crear un fondo de financiación necesario para la acogida e inserción de los niños y jóvenes migrantes no acompañados; establecer los circuitos y las contingencias del reparto; acordar las políticas de acompañamiento para estos menores; establecer un sistema de recogida de información común a todas las comunidades; llegar a un acuerdo con la Fiscalía para determinar la edad «de la manera más rápida posible»; disponer de información previa y en tiempo real de las llegadas a España de estos menores y trabajar de forma coordinada con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
