El importe de la Deuda Pública española al final de abril de 2024 es 1,604 billones. Este descomunal importe es el principal problema de nuestras cuentas públicas. Sostener esta montaña de deuda obliga a pagar un coste ingente por intereses. La AIReF estima ese coste en 48.000 millones para el año 2026. Puede ser algo más. Y ello, unido al inevitable amento de los gastos en Defensa, puede comprometer pensiones, sanidad o educación.
¿Qué hacer para evitar esa situación? Desde luego, es imposible reducir el importe absoluto de la Deuda. Eso exigiría liquidar los Presupuestos con superávit: una fantasía. Pero a lo que sí debemos aspirar es a que el importe absoluto de la Deuda crezca lo menos posible. Dicho en otras palabras: es necesario que el Déficit tienda a cero. Cuando en Bruselas hablan de consolidación presupuestaria se refieren a eso.
El Déficit del año 2023 fue el 3,66%. El Gobierno está convencido de que este año 2024 será el 3%. Y que en 2025 será el 2,5%. Y Bruselas participa de ese convencimiento pues no nos va a aplicar el Protocolo por Déficit excesivo, que castiga a los países que superen el 3%. A ver cómo castigan a Italia y Francia, que tuvieron en 2023 un Déficit del 7,4% y del 5,5% respectivamente. Tremendos datos los de nuestros colegas.
Cómo se lucha contra el déficit
La lucha contra el Déficit debe ser el objetivo fundamental de la política económica del Gobierno español. Esa lucha tiene un triple frente:
1.Crear mucho empleo. Esta es la mejor manera de aumentar los ingresos públicos por impuestos y cotizaciones a la SS. Desgraciadamente, hay graves desencuentros entre Gobierno y empresarios que lastran el trabajo conjunto por este objetivo. Lo que pasa con la reducción de jornada es un triste ejemplo. No se puede dejar esto en manos de Sumar. Hay que llegar a acuerdos.
2.Gastar menos. Esta es la eterna asignatura pendiente de la Administración española, a nivel central, autonómico y municipal. Sigue habiendo mucho gasto superfluo, improductivo o redundante. También hay inversiones que no deberían acometerse.
3.Recaudar más. Y aquí viene el tema de la Reforma Fiscal que quiere Bruselas.
Qué reforma fiscal quiere Bruselas
Bruselas está empeñada en que España acometa una reforma fiscal fuerte que asegure nuestra senda de consolidación fiscal. Dice que lo que hemos hecho hasta ahora es muy poca cosa. Y condiciona el 5º desembolso de los Fondos Europeos (7.500 millones para este segundo semestre de 2024) a que cumplamos este hito.
Hay que destacar que los impuestos que Bruselas quiere endurecer no son el IRPF ni el Impuesto sobre Sociedades. Ambos impuestos están más o menos en línea con los parámetros europeos. Tampoco nos dicen nada de lo que recaudamos en cotizaciones a la SS. En eso somos de los primeros de la clase.
Lo que Bruselas reclama es que endurezcamos el IVA y los impuestos medio-ambientales de modo que nuestra recaudación por esos impuestos se equipare a la media europea. El Banco de España sostiene algo parecido. Veamos qué pasa con esto.
Endurecer los tipos del IVA
El IVA español tiene tres tipos de gravamen:
a)El super-reducido del 4%: se aplica a la alimentación básica: pan, leche, queso, huevos, frutas, verduras, legumbres, tubérculos, cereales y aceite de oliva (recién incluido).
Atención: en virtud del reciente Decreto-Ley 4/2024, de 26 de junio (noveno paquete de medidas económicas para paliar los efectos de la guerra de Ucrania), estos productos irán al 0% durante el tercer trimestre de 2024. Durante el cuarto trimestre irán al 2%. Luego irán a su tipo normal del 4%. Son medidas transitorias para contener el IPC, bastante poco ortodoxas.
También se aplica el 4% a libros, periódicos y revistas, medicamentos, viviendas de protección oficial y otros menos relevantes.
b)el reducido de 10%: se aplica a los demás alimentos, carne y pescado entre ellos. Da igual el wagyu que el pollo, las cigalas que las sardinas: todo al 10%. Y el aceite de soja o girasol irá al 10%; el de oliva al 4%.
También se aplica el 10% a las demás viviendas, al transporte, hostelería, actividades culturales y otros menos relevantes.
c)el general del 21%: se aplica a todos los demás bienes y servicios.
Pues bien, lo que nos piden es que desaparezca el tipo del 4%, de manera que todos esos productos pasen a tributar al 10%. Y que muchas cosas que van al 10% pasen a tributar al 21%. Esto, que nos pondría en línea con Europa, tiene un fuerte impacto recaudatorio, pero es terrible para el consumidor. Y para el IPC. Y el Gobierno se resistirá todo lo que pueda pues le tiene pánico al IPC.
El endurecimiento de los tipos del IVA podría incrementar su recaudación en torno al 1% del PIB, o sea, unos 14.000 millones.
Endurecer los impuestos sobre gasolina y gasóleo
Cuando en España se habla de impuestos medio-ambientales o de fiscalidad verde se habla realmente de los impuestos especiales que gravan los hidrocarburos, especialmente la gasolina y el gasóleo. Todos los demás impuestos verdes carecen de relevancia.
Actualmente cada litro de gasolina va gravado con un impuesto especial de 0,47 euros. Y cada litro de gasóleo con 0,38 euros. Es exactamente esa cantidad fija por litro. Así se recaudaron 12.000 millones en 2023. Y, además, todo el coste del producto, más ese impuesto especial, va gravado con IVA al 21%.
De lo que se trata es de: a) equiparar la fiscalidad del gasóleo con la gasolina (este trato de favor al gasóleo no tiene ningún sentido); y b) aumentar sustancialmente el impuesto especial.
Por ejemplo: un aumento del impuesto especial de un 40% (0,19 euros más por litro) aportaría un aumento recaudatorio de unos 5.000 millones de euros.
Con el impacto adicional del IVA esto supondría un incremento del precio en 0,23 euros por litro. Muy difícil de soportar por el consumidor. Y por el IPC. Pero esto nos pondría en línea con nuestros pares europeos.
Bruselas nos pide que aumentemos los impuestos medio-ambientales en un 0,5% del PIB, o sea 7.000 millones.
Cuál es la actitud del Gobierno
El Gobierno se resiste como gato panza arriba antes estas exigencias de Bruselas. Dice que ya ha hecho los deberes en este tema. Seguramente se refiere al Impuesto sobre las Grandes Fortunas y a los Impuestos extraordinarios sobre Bancos y Energéticas (estos dos últimos corren el riesgo de ser anulados en Europa). También dice que nuestros ingresos fiscales están comportándose bien y que la senda de reducción del déficit está clara: 3,66% en 2023, 3% en 2024 y 2,5% en 2025. Vamos bien y no tenemos que hacer nada.
El Gobierno omite que ha hecho una gran reforma fiscal de tapadillo. Que es la que más ha mejorado la recaudación. Consiste en no haber deflactado las tarifas del IRPF por la inflación. El IPC en 2021 fue un 6,5%, en 2022 un 5,7% y en 2023 un 3,1%. La interanual de junio está en el 3,4%. La de la eurozona en la misma fecha está en el 2,5%. Ojo con esto.
No deflactar la tarifa implica que, teniendo exactamente la misma renta en términos reales, se paga por IRPF un tipo medio mayor. Es lo que se llama progresividad en frío. No deflactar es una injusticia flagrante. En País Vasco se deflacta. Y en la cuota autonómica de Madrid también. El Estado se hace el sueco.
De la recaudación de IRPF en 2023 al menos 3.200 millones proceden de no haber deflactado las tarifas. El Banco de España estima que la recaudación por IRPF de los años 2019-2023 ha aumentado en 11.000 millones sólo por no deflactar. Y es la clase media la más castigada. Esta ha sido la mayor reforma fiscal del Gobierno. Un auténtico hallazgo. Y sin necesidad de hacer nada.
Conclusión
Las reformas fiscales que propone Bruselas castigan duramente al consumidor y producirán un fortísimo rechazo social. El IPC se dispararía. El Gobierno no va a hacer nada de eso. Y, además, no cuenta con mayoría suficiente para aprobar estas cosas. Su único objetivo es resistir, aunque sea con parálisis. Lo que sí va a hacer es continuar sin deflactar la tarifa del IRPF.
Y Bruselas pasará por el aro.
Y ya veremos cómo queda el Déficit.
