La Justicia sigue actuando de muro de contención frente a los excesos del secesionismo. Tras la impugnación de la AEB, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha suspendido el controvertido decreto lingüístico aprobado por el Govern de ERC en funciones —lo sacó adelante dos días después de perder las elecciones— con el que pretendía blindar el veto al castellano en la escuela. La norma desarrollaba la ley catalana de 2022 que impidió aplicar las sentencias judiciales que establecían un mínimo del 25% de español. Así, el decreto extendía el monolingüismo en catalán no solo a las clases, sino también al comedor y las extraescolares, y a las conversaciones entre profesores. También, imponía que los docentes obtuviesen el nivel C2 de catalán —el más elevado—.
El TSJC ha considerado oportuna la suspensión de la norma por su voluntad de «marginar» el español y porque la ley que impedía el 25% aún está siendo analizada por el Tribunal Constitucional. Por su parte, la consejera de Educación, Anna Simó, ya ha anunciado que recurrirá la suspensión y ha cargado contra la judicatura española, «altamente politizada». Por el contrario, el constitucionalismo catalán ha celebrado la decisión. El vicepresidente de Impulso Ciudadano, Rafael Arenas, ha declarado: «Somos pocos y estamos solos; pero por nosotros no quedará». Mientras, el exdiputado de Ciudadanos Antonio Robles ha manifestado: «Solo se pierden las batallas que no se dan. Felicidades a la AEB y a todos los padres que defienden los derechos de sus hijos».
