En Cataluña, una financiación diferenciada no es solo una demanda de los partidos secesionistas, sino también de constitucionalistas como el PSC o de catalanistas como els comuns. Sin embargo, dicha opción cuenta también con fuertes detractores además del PP o Vox. Es el caso de la organización Empresaris de Catalunya, que advirtió ayer en un comunicado que la medida conllevaría sobrecostes para las empresas, pues deberían gestionar la relación con dos agencias tributarias distintas. Así, es la primera voz que se opone a una financiación singular no por las desigualdades que ésta acarrearía sino por sus perjuicios económicos para el tejido empresarial catalán.
En este sentido, la entidad ha revelado su inquietud ante los posibles pactos que entablen PSC, ERC y Junts para que la comunidad catalana disponga de una «financiación diferenciada», lo que podría representar «una nueva traba y costes añadidos para las empresas». De la misma manera, EDC ha advertido de la posibilidad de que las empresas extranjeras que quieran invertir en España podrían optar por otros destinos económicos para evitar los costes de una excepcionalidad fiscal para Cataluña. Empresaris de Catalunya es una asociación de empresarios que «defienden el marco legal constitucional en Cataluña como garantía de convivencia y progreso económico».