En el orbe constitucionalista, diversas voces consideran que la Justicia podría representar el última dique de contención frente a los abusos cometidos por el separatismo. Ahora, esa tesis cobra vigor al conocerse hoy que los magistrados del procés en el Tribunal Supremo han resuelto aplicar la amnistía a la malversación del exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras y al resto de los condenados por el referendo secesionista del 1 de octubre. En cuanto al expresidente de la Generalitat y aspirante neoconvergente a la investidura Carles Puigdemont, el juez instructor Pablo Llarena no solo no amnistía su malversación sino que mantiene sobre él la orden de detención.
La Sala de lo Penal ha adoptado esta decisión después de estudiar los informes de las acusaciones, representadas por la Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox, y de las defensas sobre la aplicabilidad de la amnistía a los citados autores del procés —entre los que también se cuentan Jordi Turull; Raúl Romeva y Dolors Bassa. Las reacciones no se han hecho esperar. Así, la principal entidad constitucionalista en Cataluña, Sociedad Civil Catalana, se ha hecho eco de la noticia en X acompañándola de la siguiente valoración: «La malversación del procés no se puede borrar. Así lo defendemos, como acusación, en todas las causas».
