Las elecciones celebradas en Cataluña el pasado 12 de mayo (12-M) dejaron un resultado claro: los tres partidos que no cuestionan la continuidad de Cataluña en España, llamémosles constitucionalistas, obtuvieron 68 escaños en el Parlamento (PSC, 42, PP, 15 y Vox 11) y contaban, por tanto, con mayoría absoluta, en tanto que los partidos declarados abiertamente secesionistas se quedaron en 61 escaños (Junts, 35, ERC 20, CUP, 4 y AC 3) y perdieron la mayoría parlamentaria que les había permitido controlar todas las instituciones de autogobierno y financiar el proceso secesionista desde las elecciones autonómicas de 2012. Estaba en manos de los partidos constitucionalistas abrir una etapa de recuperación del buen gobierno y arrinconar a los secesionistas que, sin el control de los recursos de la Generalidad y los medios de comunicación públicos y subvencionados, se podrían haber quedado en los huesos en poco tiempo.
El flamente Rull, tras conocer que los dos posibles candidatos a la investidura carecen de los apoyos necesarios, les ha concedido más tiempo
No ha resultado posible. El PSC se ha mantenido una vez más fiel a su sectarismo ideológico, lo que le ha llevado a perder el control de la mesa del Parlamento, aceptando que sea Rull, exconsejero del prófugo de Waterloo y delincuente indultado por Sánchez, quien presida la mesa, y ésta haya quedado de nuevo en manos Junts y ERC, con dos puestos cada uno, mientras el PSC se ha conformado con tres puestos y hacer de convidado de piedra. El flamante Rull tras conocer que los dos posibles candidatos a la investidura, Illa (PSC) y el prófugo (Junts), carecen de los apoyos necesarios, les ha concedido más tiempo para lograrlos. El próximo 26 de junio, Rull firmará la resolución que pondrá en marcha el plazo de dos meses del que dispondrán ambos candidatos para recabar los apoyos necesarios y proceder, en su caso, a realizar el debate de investidura.
La incierta situación recuerda la vivida tras las elecciones autonómicas de septiembre de 2017 cuando Mas, candidato de la coalición de Junts pel Sí, formada por la extinta CiU y ERC, necesitaba el visto bueno de la CUP para ser investido, cosa que no logró en los meses siguientes. Al final, la CUP obligó a Mas a retirar su candidatura y éste eligió al entonces alcalde de Gerona y presidente de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) para evitar la disolución de la cámara y la repetición de elecciones. El más tarde prófugo de la justicia fue finalmente investido cuando el reloj daba la última campanada el domingo 10 de enero de 2016 y aquella decisión inició el período álgido de desgobierno y confrontación social en el que estamos todavía inmersos los catalanes. Illa quiere armar otro gobierno respaldado por los comunes de Colau, un grupo político casi reducido a la marginalidad y claramente predispuesto a formar parte, pero necesita contar también con los veinte diputados de ERC para salirse con la suya.
Los republicanos quieren ahora vender muy cara la piel que les queda y se han apresurado a airear sus principales exigencias al Gobierno de Sánchez
Esquerra, por su parte, ha salido malparada tras haberse convertido en uno de los socios prioritarios del gobierno de Sánchez en el Congreso, y su caída se agravado tras haber dado por buena la ley de amnistía en la votación celebrada en el Congreso el pasado 30 de enero. Junts que rechazó en ese momento la norma, logró acaparar todo el protagonismo en los meses siguientes al obligar a Sánchez a aceptar todas sus exigencias para que la norma enmendada resultara finalmente aprobada en el Congreso el 30 de mayo. Un mal negocio que costó a ERC perder 12 escaños en el Parlamento catalán en las elecciones del 12-M, y que ha abierto serias fisuras y tensiones en la dirección del partido y en una militancia frustrada al ver que la independencia prometida por sus dirigentes en 2017 está cada día más lejos.
Por ello, los republicanos quieren ahora vender muy cara la piel que les queda y se han apresurado a airear sus principales exigencias al gobierno de Sánchez para no descarrilar la investidura de Illa. Primera, la cesión a la Generalidad de todos los tributos recaudados en Cataluña; segunda, negociar bilateralmente la aportación o cupo catalán de la Generalidad al sostenimiento del Estado; y, tercera, la celebración en Cataluña de un referéndum de autodeterminación acordado con el gobierno de España. De momento, el gobierno de Sánchez sólo se ha mostrado predispuesto a otorgar una financiación singular a Cataluña, una propuesta que ha suscitado ya el rechazo unánime de los gobiernos de las restantes Comunidades sujetas al régimen de financiación común. Aunque la financiación singular dista mucho de satisfacer las exigencias planteadas por ERC, no conviene olvidar que la posición del gobierno de Sánchez puede modificarse de un día para otro como ocurrió con los indultos y la amnistía.
ERC podría abstenerse en ambas investiduras y abortar la legislatura, obligando a disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones en otoño
ERC tiene ante sí tres posibles cursos de acción con consecuencias muy distintas para el futuro del ‘país’ y de su propia formación. Los republicanos pueden, en primer lugar, apoyar la investidura del prófugo, lo que equivaldría en términos políticos a reconocer su vasallaje al pujolismo y sus derivadas, y otorgar a Junts un protagonismo que podría provocar una auténtica sangría a ERC y devolverla a la marginalidad. La segunda opción pasa por apoyar la investidura de Illa, pero manteniéndose al margen del gobierno socialista para guardar las formas ante sus bases, y condicionar el desarrollo de la legislatura negociando en el Parlamento cada norma, como han hecho los republicanos en el Congreso, para recuperar visibilidad y restar protagonismo a Junts. Finalmente, ERC podría abstenerse en ambas investiduras y abortar la legislatura, obligando a disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones a comienzos de otoño. Visto lo sucedido el 12-M, este escenario no resulta tampoco muy esperanzador para ERC.
Pase lo que pase en las próximas semanas, la conclusión inescapable es que la sociedad catalana va a seguir padeciendo las consecuencias del proceso de inestabilidad política y ruptura de la convivencia que desencadenó la victoria del PSC en noviembre de 2003 y la constitución de los gobiernos tripartitos presididos por Maragall (2003-2006) y Montilla (2006-2010), y alcanzó su fase de apogeo durante las presidencias de Mas (2010-2015) y del prófugo de Waterloo (2016-2017). Sólo la aplicación del artículo 155 y las condenas a los líderes del proceso calmaron temporalmente los ánimos de los separatistas a los que las reformas en el Código Penal y la aprobación de la ley de amnistía han vuelto a insuflar vida. Ni la investidura de Illa sometida a la vigilancia estrecha de una ERC necesitada de recuperar el protagonismo, ni mucho menos el posible retorno del prófugo como presidente a Cataluña, ni la repetición de elecciones en caso de que ninguno de los dos candidatos logre ser investido, auguran un futuro político más estable en Cataluña ni el restañamiento de las heridas abiertas por el proceso nacional-secesionista en la sociedad catalana.