Los servicios jurídicos de Societat Civil Catalana (SCC) han presentado este jueves ante el Tribunal de Cuentas, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo los correspondientes escritos solicitando a las tres instancias que planteen cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la aplicación de la ley de amnistía en las causas por malversación y terrorismo que implican a los principales líderes del procés secesionista catalán, según ha informado la entidad en un comunicado.
En representación de SCC, que ejerce como acusación en los tres procedimientos, el bufete Chapapría-Navarro & Asociados ha solicitado que el Tribunal de Cuentas, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo “acuerden la suspensión del procedimiento en lo relativo a la aplicación de la ley de amnistía hasta la resolución de las cuestiones prejudiciales que solicitamos que se planteen, a fin de evitar la aplicación de una norma que podría ser incompatible con el Derecho de la Unión Europea y para garantizar así los derechos de las víctimas y la integridad del proceso judicial”.
Malversación, una línea roja
En el caso del procedimiento que se sigue en el Tribunal de Cuentas por desvío de fondos públicos para la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre y para la promoción internacional de Cataluña, SCC considera que la malversación «que dio lugar a este proceso contable es una línea roja en el Derecho comunitario y, en este sentido, exigimos a 11 ex altos cargos de la Generalitat la devolución a las arcas públicas de 5 millones de euros».
Como acusación popular en el caso Tsunami Democràtic que se instruye en la Audiencia Nacional, así como en la causa especial por terrorismo abierta en el Tribunal Supremo (por la condición de aforados de Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg), SCC defiende que esta organización «estructurada y jerarquizada, tenía por finalidad subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente al Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva». «La ley de amnistía«, añade la entidad constitucionalista en su nota, «pretende extinguir las responsabilidades penales derivadas de unos hechos gravísimos». Por ello, SCC alega que «dicha ley no es conforme al Derecho de la Unión Europea ya que infringe principios y disposiciones fundamentales, tales como la protección de los intereses financieros de la UE, la independencia judicial, la igualdad ante la ley y el derecho a la tutela judicial efectiva”.
Tratado de la Unión Europea
En opinión de SCC, «la amnistía de delitos graves, incluyendo el terrorismo, sin exigir arrepentimiento ni garantías de no reincidencia, erosiona la confianza pública en la Justicia y debilita la aplicación justa e igualitaria de la ley». De este modo, su escrito apela, entre otros, «al artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) sobre el respeto a los derechos humanos y a la dignidad humana: ‘Permitir que los perpetradores de delitos graves queden impunes puede violar los derechos de las víctimas y su dignidad, ya que se les niega una reparación adecuada y la justicia que merecen’. Consideramos que la ley de amnistía socava los principios de Estado de derecho, igualdad y respeto a los derechos humanos y, por lo tanto, es incompatible con los tratados de la Unión Europea».
