La Ley de Amnistía ha entrado finalmente en vigor este martes, tras ser sancionada por Felipe VI en la tarde del lunes y publicada en el Boletín Oficial del Estado. Pero su entrada en vigor no significa necesariamente que vaya a ser aplicada rápidamente. Es más, el Fiscal General del Estado, Álvaro Ortiz, ha encontrado ya el primer obstáculo al comprobar que los fiscales del procés, Javier Zaragoza y Jaime Moreno, no están dispuestos a aplicar la ley en los casos de malversación, según recoge El Mundo. Zaragoza y Moreno pedirán a Ortiz que les dé la orden por escrito y esto obligará a que se pronuncie la Junta de Fiscales de Sala.
Órdenes de detención vigentes
El juez Pablo Llarena, por su parte, ha dado orden de que se comunique a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que las órdenes nacionales de detención contra Carles Puigdemont, Marta Rovira, Lluís Puig y Toni Comín siguen vigentes aunque la Ley de Amnistía ya haya entrado en vigor. Llarena, además, ha dado traslado a las partes para que en el plazo de cinco días informen sobre «la aplicabilidad o no aplicabilidad de la norma a los distintos hechos que se atribuyen a los encausados [… ] y sobre la pertinencia de mantener o modificar las medidas cautelares acordadas contra ellos, prestando una particular referencia a si los hechos se entienden comprendidos en las previsiones del artículo 1 de la LO 1/2024 para los delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos así como si pueden considerarse excluidos del ámbito de aplicación de la ley por la específica previsión del legislador recogida en su artículo 2e».
También en el Tribunal Supremo, la magistrada Susana Polo, que instruye el caso Tsunami contra Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg por presuntos delitos de terrorismo da un plazo de 10 días a las partes para que informen sobre la aplicabilidad o no aplicabilidad de la controvertida ley. Puigdemont y Wagensberg están citados a declarar por videoconferencia el próximo día 21. Además, la magistrada ha cursado una orden europea de investigación y una comisión rogatoria internacionales, según recoge El Nacional.
¿Contraria al Derecho de la UE?
En el Tribunal de Cuentas la entrada en vigor de la Ley de Amnistía ha llevado a que la consejera del departamento segundo de la sección de Enjuiciamiento, Elena Salguero, haya dictado, por su parte, una providencia para que las partes señalen en 10 días si se debe aplicar o no la Ley de Amnistía. En este caso, los afectados son Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras y unos 30 altos cargos de la Generalitat a los que la Fiscalía reclama la devolución de 3,2 millones de euros, que SCC sube hasta los 5,5 millones. La consejera Salguero, además, incluye en este documento diversas consideraciones según las cuales la ley podría contravenir el Derecho de la UE por lo que también propone a las partes que indiquen sus posturas al respecto.