La Fundación Civismo acaba de hacer público el estudio Un análisis de la propuesta de «financiación singular» para Cataluña en el que alerta contra las consecuencias que puede tener para España otorgar a esta comunidad autónoma el sistema que pretenden las formaciones separatistas. La propuesta de pacto fiscal planteada por el Govern del republicano Pere Aragonés al Gobierno de Pedro Sánchez supondría que Cataluña, por ejemplo, gestionara y recaudara el IRPF, el IVA y el impuesto de Sociedades, entre otros, asumiendo el 100% de los tributos. Algo que rechaza de plano la Fundación Civismo por considerar que, entre otras cuestiones, si Sánchez accede a esta exigencia, el factor tributario acabaría convirtiéndose «en poco menos que la bola del trile«.
«La imposición de esta singularidad catalana supondría renunciar al principio de igualdad y consolidar una España a dos velocidades en la que un 21% de los ciudadanos de primera clase disfrutarían de prestaciones públicas muy superiores a las del resto del país», advierte la entidad como primera conclusión, «esto podría ser solo el principio. Ceder ante las reivindicaciones supondría abrir la puerta a demandas similares por parte de otros territorios de renta elevada basadas en exactamente el mismo argumento, la equiparación financiera con las comunidades forales. Por ende, la principal consecuencia de la implantación de la singularidad catalana sería el deterioro directo de los servicios básicos, como la sanidad y educación».
14.389 millones de euros menos
En el mismo estudio, la Fundación Civismo asegura que, de acceder a esta exigencia, el Estado dejaría de recaudar «más de lo que gasta en Defensa (13.161 millones de euros), más de l15% del gasto público total en Sanidad o el 23% del gasto público total en Educación, para cifras de 2023». Es decir, el Estado dejaría de ingresar 14.389 millones de euros, «el equivalente a 45 veces la inversión realizada en el nuevo Hospital 12 de Octubre de Madrid». Y añade: «La caída de la recaudación del Estado central ajustada per cápita ascendería a 384 euros pero español situado en el régimen común».
Otra de las consecuencias de otorgar una financiación singular a Cataluña sería que las comunidades que hoy reciben fondos de compensación por estar por debajo del PIB «pasarían a tener que aportar al redistribuirse dicha barrera». Algo que afectaría especialmente a Castilla y León o Cantabria. Además, según el estudio de la Fundación Civismo (que se puede consultar íntegro en este enlace) este sistema «incumpliría diversos principios fundamentales» de la Constitución como el de igualdad (art. 14), el de garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales (art. 158) y el principio de solidaridad.
