Tras los sucesos de septiembre y octubre de 2017 muchísimas empresas catalanas trasladaron su domicilio social fuera de Cataluña. Desde octubre de 2017 hasta julio de 2023 el número de esas empresas es increíble: 7.743. Este dato procede de INFORMA D&B (líder en información comercial) y del diario Cinco Días.
QUÉ EMPRESAS SE FUERON
Las empresas que se fueron facturan unos 50.000 millones anuales, lo que supone el 20% del PIB de Cataluña. Entre ellas se encuentran las más importantes: Caixabank (junto con VidaCaixa, SegurCaixa, Criteria y la Fundación), Sabadell, Naturgy, Cellnex, Colonial, Abertis, Catalana de Occidente, Cementos Molins, Codorniu, Hotusa, Planeta, Bimbo, Allianz, Axa, Zurich, Oryzon, San Miguel, Gallo… Y ninguna se plantea volver.
POR QUÉ SE FUERON
Las empresas tienen que proteger los intereses de sus accionistas. Y los de sus empleados. Y transmitir seguridad a sus acreedores. Y si se trata de un Banco, que no huyan sus depositantes. Por eso son muy sensibles a los cambios radicales del entorno político. Esto es muy delicado en las grandes empresas, en las cotizadas en Bolsa, en las que tienen mucha deuda, en las participadas por inversores extranjeros… Si ese cambio político consiste en la secesión, o en un mínimo riesgo de que eso ocurra, todas las alarmas se disparan. Surge el miedo a lo desconocido: ¿qué leyes se nos aplicarán a partir de ahora? ¿seguiremos en la Unión Europea? ¿qué moneda tendremos? ¿en qué Bolsa cotizaremos? ¿en qué Cámara de compensación liquidaremos? ¿seguiremos en el Banco Central Europeo? ¿podremos pagar las pensiones? ¿quién financiará la deuda pública? Incógnitas terribles.
El clima existente en Cataluña a partir de octubre de 2017 era de una gran inseguridad jurídica respecto a esas angustias empresariales. Por eso, 7.743 empresas domiciliadas en Cataluña decidieron ponerse a cubierto. Por si acaso. Trasladaron su domicilio social a otras ciudades españolas, fuera de Cataluña. Y así, pasara lo que pasara, quedaban bajo el paraguas del Estado español. En caso de secesión, la empresa seguiría siendo española y los negocios en Cataluña serían los propios de una sucursal. Seguridad ante todo.
Y a día de hoy no se ha recuperado la seguridad. Por eso ninguna ha vuelto.
EL GOBIERNO DE RAJOY FACILITÓ EL CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL
La presión de los mercados y de los inversores internacionales para ponerse a cubierto cambiando el domicilio social, era muy grande. Por eso, el Real Decreto-Ley 15/2017, de 6 de octubre (atención a la fecha), disipó las dudas existentes y atribuyó inequívocamente al Consejo de Administración la facultad para cambiar el domicilio social (en lugar de la Junta General de Accionistas). Era urgente actuar por la vía rápida.
Es evidente que en este punto el Gobierno de Rajoy actuó a instancia de las propias empresas catalanas, que necesitaban ponerse a salvo ya.
Puigdemont no quiere entender esto y por eso dijo el 5 de septiembre de 2023 que “el Gobierno español lleva a cabo un ahogo sistemático de la economía catalana, del cual es ejemplo doloroso la estrategia de cambio de sedes empresariales incentivada por un Real Decreto todavía vigente”. Nada que ver con la realidad. No había ninguna estrategia gubernamental. Eran las propias empresas las que instaban el cambio de domicilio.
QUÉ SIGNIFICA REALMENTE EL TRASLADO DE DOMICILIO SOCIAL
Hay que aclarar que el mero traslado del domicilio social fuera de Cataluña no tiene ninguna consecuencia económica ni fiscal. No se trasladan consejeros, ni directivos, ni empleados, ni instalaciones, ni oficinas… Todo el negocio continúa en Cataluña exactamente igual. Los impuestos se siguen pagando en el domicilio fiscal, que sigue siendo el mismo.
Y es que el domicilio fiscal no se cambia por un simple acuerdo del Consejo. El domicilio fiscal viene establecido en la normativa fiscal y es el lugar donde está efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de los negocios (artículo 8.2 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades).
Cambiar el domicilio fiscal exige trasladar consejeros, directivos, empleados… de modo que pueda demostrarse que se ha sacado de Cataluña la gestión administrativa y la dirección de los negocios. Esto no lo ha hecho nadie importante. Hasta ahora.
QUÉ PRETENDE JUNTS
De todos modos, para el independentismo es duro reconocer que una mínima probabilidad de secesión ha provocado el traslado de domicilio social de 7.743 empresas catalanas. Y quieren acabar con esto. Por eso, en el Acuerdo PSOE-Junts del 9 de noviembre de 2023 se decía: “se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años”.
¿Qué han hecho al respecto? Veamos. Actualmente se está tramitando en el Congreso un Proyecto de Ley de medidas urgentes sobre justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, procedente del Real Decreto-Ley 6/2023, de 19 de diciembre. Es tal la variedad de normas contemplada en este Proyecto que se le conoce como Proyecto ómnibus.
Pues bien, en este Proyecto Junts ha presentado varias enmiendas para modificar la Ley de Sociedades de Capital en el tema del domicilio social. Y lo que propone es que, en el caso de que el domicilio social (= domicilio registral) no coincida con el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección (= domicilio real o fiscal), cualquier accionista podrá instar a que se realice dicha adecuación. Y el Consejo o la Junta General (según quien ostente la facultad para ello) quedarán obligados a efectuarla, pudiendo el accionista acudir a los Tribunales en caso contrario.
Así pues, lo que Junts pretende es que, por la fuerza, las 7.743 empresas retornen su domicilio social a Cataluña.
QUÉ PUEDE PASAR
No sabemos qué destino correrá esta enmienda y qué hará el PSOE al respecto. La Ponencia iniciará su trabajo después de las elecciones del 12M en Cataluña. Todo depende de cómo queden las relaciones PSOE-Junts después de la cita electoral. Arduo asunto.
En todo caso, es obvio que las empresas que se han ido no volverán al toque de silbato que quiere Junts. Las empresas se han ido por el miedo a la secesión y sólo volverán cuando el riesgo de secesión haya desaparecido.
Si persiste el miedo a la secesión, y se les obliga a que su domicilio social coincida con el domicilio fiscal (o se les sanciona por no hacerlo), lo más probable es que trasladen su domicilio fiscal al lugar en que ahora tienen su domicilio social. Es decir, que se lleven consejeros, directivos y empleados fuera de Cataluña. Y eso sí que sería un problema para Cataluña.
