A lo largo de los últimos años, la inmigración, sobre todo la ilegal, se ha dejado fuera del debate político por considerar que su utilización como arma arrojadiza solo podría fomentar la xenofobia y el racismo. Pero todo eso ha saltado por los aires con la irrupción primero de Vox y ahora de la formación de ultraderecha separatista Aliança Catalana. El runrún sobre los problemas generados por la inmigración irregular en Cataluña se ha traducido en datos que son incontestables. Por ejemplo, el 78% de los detenidos en Barcelona por los Mossos y la Guardia Urbana en 2022 eran extranjeros, según los números proporcionados por ambos cuerpos al grupo municipal de Vox.
La formación liderada en Cataluña por Ignacio Garriga exige desde hace años medidas para acabar con esta situación. Medidas que van desde las deportaciones de inmigrantes irregulares que hayan cometidos delitos hasta la búsqueda de fórmulas que permitan que no sean los extranjeros los principales beneficiarios de las ayudas del sistema público.
Inmigración solo en catalán
Aliança Catalana va más allá. En su discurso, defiende que «en Cataluña no cabe todo el mundo» y que solo serán bienvenidos aquellos inmigrantes que «beneficien económicamente» a esta comunidad autónoma. La formación liderada por Silvia Orriols propone en su programa electoral «una moratoria en inmigración, cerrar las fronteras a los inmigrantes económicos hasta que Cataluña vuelva a tener capacidad de integrar a los extranjeros en la lengua catalana».
El emirato islámico de Cataluña
En este escenario, llama especialmente la atención la campaña que ha comenzado la formación Frente Obrero, liderada por Roberto Vaquero y que concurre a las elecciones del 12 de mayo con una candidatura encabezada por Alicia Sanz. Este partido, que se define como un «movimiento político de trabajadores, patriota y revolucionario«, ha colocado en la entrada de varias poblaciones catalanes carteles en los que se refiere a estas como «municipio del emirato islámico de Cataluña».
Sin riesgo para la identidad
El resto de partidos también hablan de otra inmigración pero en un tono más mesurado e, incluso, desde posturas totalmente alejadas. El seguramente ganador en votos de las elecciones de mayo, el socialista Salvador Illa, explicaba en febrero en una entrevista con El Nacional su postura al respecto: «No podemos decir aquí que venga todo el mundo, no puede ser. Regularlo y acoger e integrar. Y eso no pondrá en riesgo nuestra identidad, al contrario, la reforzará y la fortalecerá. Y es un reto que, además, se ha de abordar a nivel europeo (…) Es un asunto que requiere una mirada europea pero que también, además, ha de irse declinando a cada estado, a cada comunidad autónoma y a cada municipio. Y por tanto ha de ser una política muy coordinada. Pero el núcleo es este: acoger para integrar y eso no solo no pone en riesgo la identidad sino que la refuerza«.
Gestión de la competencia
En Junts se ha rebajado el tono sobre esta cuestión y en su programa electoral la formación de Carles Puigdemont apuesta por una gestión catalana de la inmigración, competencia que ahora está en manos del Estado. Junts quiere crear una Agencia Catalana de Inmigración para «negociar bilateralmente con el Estado y gestionar de forma integral todos los aspectos relacionados con la fijación de cuotas, con las condiciones de llegada, acogida e integración de los nouvinguts». Eso sí, para este partido la inmigración ha de tener claro «lo que quiere decir la integración en el país, su lengua y las necesidades que tenemos aquí», según el candidato Carles Puigdemont.
Papeles para todos
Las posturas de ERC, por su parte, son mucho más favorables a la inmigración. La formación republicana cuenta en sus filas cargos públicos como la musulmana Najat Driouech, a la que se suele atacar por portar el hijab en el Parlament. Los republicanos no suelen vincular inmigración con inseguridad y sus propuestas tienen más hacia la integración y las medidas para facilitar esta. Así, recientemente han pedido al Gobierno central que cambie la ley para que los inmigrantes en situación irregular puedan abrir cuentas bancarias. Y es que el modelo de país de ERC pasa más por el reconocimiento de que buena parte de estos ciudadanos se encuentran en situaciones de vulnerabilidad que hay que solucionar. Al igual que ERC, los comunes y la CUP son partidarios de mantener la situación actual con respecto a la inmigración e, incluso, algunos de ellos defienden la política de papeles para todos.
Si delinquen, expulsión
Con las elecciones en el punto de mira, el PP, por otro lado, ha comenzado a mostrarse más contundente sobre esta cuestión. Así lo ha evidenciado esta semana el candidato a la presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, quien ha dejado claro que aquellos que vengan a Cataluña «a trabajar y a respetar nuestro ordenamiento jurídico son bienvenidos». «Son nuestros hermanos», añadido, «y nada hay que decir al respecto. Ahora bien, el que venga a convertir el delito en un modo de vida, que acumulen 15 o 20 detenciones, deben ser fulminantemente expulsados de Cataluña y del resto de España».
