Este miércoles 7 de febrero de 2024 el Senado (con mayoría absoluta del PP) ha tumbado el Acuerdo del Consejo de Ministros del 12 de diciembre de 2023 que fijaba los objetivos de estabilidad presupuestaria, techo de gasto, déficit y deuda pública para el período 2024-2026.
Ese Acuerdo fija para 2024 el techo de gasto, es decir, el incremento del gasto no financiero de la Administración Central, en un 0,5% más que en 2023. El déficit previsto es el 3% del PIB (no sabemos todavía el de 2023; estará en torno al 3,9%). La deuda pública prevista al final de 2024 es el 106,3% del PIB (no sabemos todavía la de final de 2023; estará en torno al 108%).
El OK del Senado es indispensable para aprobar esos objetivos. Y sin esa aprobación no se pueden elaborar los Presupuestos del 2024.
Hacienda está trabajando en la elaboración de los Presupuestos 2024. Con retraso. Su idea era aprobarlos en abril. Pero, tal como están evolucionando las relaciones PSOE – Junts por el esperpento de la amnistía, es probable que el Gobierno no consiga los votos necesarios para aprobar los Presupuestos. ¿Se prorrogarían entonces los Presupuestos de 2023, con los mismos objetivos de estabilidad presupuestaria, techo de gasto, déficit y deuda pública? Para eso no haría falta el OK del Senado.
De dónde viene la intervención del Senado en este tema
En septiembre de 2011, en lo peor de la crisis financiera de 2007, boqueando Zapatero como Presidente del Gobierno, Bruselas obligó al Estado español a acatar unas reglas de ortodoxia presupuestaria en materia de deuda (no más del 60% del PIB) y de déficit (no más del 3%). Para ello nos obligaron a reformar en profundidad el artículo 135 de la Constitución. Lo cual se hizo con el pleno acuerdo PP – PSOE, sin que ninguno de los dos solicitara un referéndum. ¿Dónde ha quedado esa capacidad de entendimiento ante las situaciones difíciles? Vamos degenerando.
Por culpa de la pandemia y de la guerra de Ucrania dichos objetivos de deuda y déficit han estado suspendidos hasta el 31 de diciembre de 2023. A partir de 2024 se han restablecido de nuevo y vamos a tener que seguir reduciendo el déficit por debajo del 3%.
En ejecución de lo que dice este artículo 135 de la Constitución se aprobó la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Cabe suponer que Bruselas, tras imponer el nuevo artículo 135, dio su OK a dicha Ley Orgánica.
Qué dice esa ley orgánica
En su artículo 15 dice que el Consejo de Ministros tomará un Acuerdo fijando los objetivos de estabilidad presupuestaria (incluye techo de gasto y déficit) y deuda pública, referidos a los 3 ejercicios siguientes. Estos son los cimientos de los Presupuestos Generales del Estado. Es lo que se hizo el pasado 12 de diciembre.
Sigue diciendo dicho artículo que el Acuerdo del Consejo de Ministros se remitirá en primer lugar al Congreso donde será sometido a debate y votación. Eso se hizo el pasado 10 de enero, lográndose la aprobación del Acuerdo con los 178 votos que apoyan al Gobierno.
A continuación el Acuerdo se remite al Senado, donde se somete igualmente a debate y votación. Y eso es lo que se hizo el pasado 7 de febrero, produciéndose el rechazo del Acuerdo por 147 votos en contra frente a 113 votos a favor. Derrota esperada pues nadie se había molestado en hablar con el PP.
La intervención del Senado es decisiva
En este tema, tanto vale el Congreso como el Senado. Por regla general, cuando una ley aprobada en el Congreso no consigue la aprobación del Senado, vuelve al Congreso y éste puede hacer caso omiso del veto o de las enmiendas del Senado y ratificar su texto inicial.
No ocurre así en este caso. ¿Por qué? Seguramente porque se busca en estos temas el máximo consenso. Y porque los objetivos sometidos a la aprobación tienen mucho que ver con las cuentas de las Comunidades Autónomas; y el Senado es la Cámara de representación territorial.
¿Qué va a pasar ahora?
Según la Ley, si el Senado rechaza los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo Acuerdo que se someterá otra vez a la aprobación del Senado. Eso nos sitúa en el 7 de marzo.
Aunque la Ley habla de un “nuevo Acuerdo”, parece que el Gobierno remitirá el mismo Acuerdo que fue rechazado. Bonita manera de propiciar el entendimiento. No hacen ni caso a las propuestas del PP, que dice que el Senado podría dar el OK si se respeta la autonomía fiscal de las CCAA y se admiten ciertas rebajas en el IRPF e IVA.
¿Y qué pasa si, como es previsible, el Acuerdo es rechazado nuevamente por el Senado? La Ley no lo aclara. Dicen que hay un informe de la Abogacía del Estado según el cual, en caso de un segundo rechazo, se prorrogarían los Presupuestos de 2023.
El 7 de marzo ya habrán sido las elecciones en Galicia. Puede que el PSOE sufra. Y quizá sepamos qué va a pasar con la amnistía. Y si persiste el rechazo de Junts, Sánchez podría prorrogar los Presupuestos de 2023, sin “rebajarse” a acordar nada con el PP.
¿Y no podrían sentarse y hablar?
Sin embargo, tras el rechazo del Senado de este 7 de febrero, hay una buena oportunidad para que Sánchez y Feijóo se sienten a hablar, se pongan de acuerdo en dos o tres cosas y tengamos unos Presupuestos de consenso para el 2024. El PP no pide mucho.
Ninguno de los dos dará un paso antes del 18F. Pero después, si Junts sigue en sus trece, podría aprovecharse la ocasión para cambiar el clima cainita en que vivimos. No sería difícil acordar algo y evitar la prórroga de los Presupuestos.
Mucha gente agradecería una pequeña señal de que empieza a cancelarse la polarización. Seguir enfrentando a media España contra la otra media nos lleva por muy mal camino.
