El presidente del Govern, Pere Aragonés, ha anunciado este jueves la declaración de emergencia por la grave situación de sequía que vive Cataluña en estos momentos. Una declaración que afecta a 202 municipios de las cuencas internas y que comporta medidas como la prohibición de consumir más de 200 litros de agua por día y ciudadano. Los embalses del sistema Ter-Llobregat no llegan al 16% de las reservas, consecuencia de lo que Aragonés ha calificado como «la peor sequía del último siglo». Ante esta situación, muchos han sido los que han aplaudido la adopción de medidas para afrontar el problema. Otros, por el contrario, han preferido criticar al Govern por la falta de acciones cuando la sequía era solo una amenaza y no una realidad.
El lamento de Junts y la ayuda de Torra
En redes sociales como X es posible leer mensajes de unos y otros, mientras el Govern anuncia que la sequía se superará «gracias al esfuerzo compartido, la planificación y las inversiones bien dirigidas», según ha señalado Aragonés. Una postura que han criticado duramente desde Junts, cuyo diputado autonómico Salvador Vergés ha asegurado que el Ejecutivo catalán «no ha estado muy diligente a la hora de tirar adelante las grandes infraestructuras de agua de país definidas en la Ley de Sequía», que fue impulsada por esta formación en el Parlament. Otros posconvergentes como el expresidente Quim Torra han preferido ofrecer su colaboración a Pere Aragonés en esta grave situación.
Información municipal
Los ayuntamientos afectados por las restricciones, por su parte, han lanzado ya campañas en redes sociales informando de la situación e indicando a los ciudadanos qué deben hacer.
Barriendo para casa
Entidades como Aigua és Vida han aprovechado el momento para lanzar su particular campaña contra el modelo actual, culpando al turismo y a los cerdos de la situación creada por la falta de lluvias y de infraestructuras hídricas. Y economistas como Santiago Niño-Becerra se han preguntado si el Govern no ha tenido tiempo de reparar cuestiones tan básicas como las fugas en las redes, por los que se pierde un 25% del suministro de agua.
Hastío ciudadano
Los ciudadanos, finalmente, han preferido tomárselo con filosofía, admitiendo que, una vez más, serán los que paguen las consecuencias de la mala gestión política.