De nuevo, la acción judicial pone en peligro la amnistía pactada entre el Gobierno y el separatismo. El titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, el magistrado Jesus Aguirre, ha prorrogado la investigación del caso Volhov seis meses. La resolución implica al exdirigente de CDC, Víctor Terradellas y al jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, ambos colaboradores estrechos del expresident fugado. La investigación se centra en los contactos entre Rusia y el secesionismo en el marco de la desviación de fondos públicos para impulsar el 1-O y la DUI en 2017.
En el auto hecho público hoy, el juez justifica la prorroga atendiendo a «la extraordinaria complejidad de la causa y la abundante documentación por revisar». También se especifica que en diciembre pasado recibieron una nota anónima con más pruebas de los vínculos rusos con el procés. Y, por primera vez, se apunta a que los emisarios del Kremlin pudieron comentar con los autores del procés su intención de invadir Ucrania.
Desestabilizar a la UE
Y es que los objetivos de la colaboración catalana-rusa pasaban por desencadenar «una guerra entre la Unión Europea y Rusia (…), la invasión de Ucrania y la consecuente limitación del suministro de gas a Europa el primer paso importante de la estrategia política del gobierno ruso y su presidente Putin (de tendencia política de extrema derecha) para la desestabilización de la democracia y la Unión Europea, consecuencias entre las cuales se podría producir la salida de España de la UE por causa de la independencia unilateral de Cataluña apoyada por el gobierno ruso, mediante soporte económico y militar, ofrecimientos ambos ya conocidos en esta instrucción».
