A cuenta de la Ley Orgánica de amnistía (LOA), la investidura de Pedro Sánchez Pérez-Castejón como presidente del Gobierno resulta cada vez más indigesta incluso para sus seguidores más acérrimos. Sobre la pretendida constitucionalidad de la norma me remito a lo que sobre esta cuestión afirmaban hasta el 23-J el presidente Sánchez, miembros de su Gobierno y los líderes del PSOE y PSC, los mismos sujetos (¿o serán otros?) que la defienden ahora con uñas y dientes: era inconstitucional y laminaba la división de poderes. Y en cuanto a la justificación meramente pragmática que se esboza en el texto de la norma en tramitación por vía de urgencia en el Congreso “cuando ya se han superado los momentos más acusados de la crisis y toca establecer las bases para garantizar la convivencia de cara al futuro”, lo mejor que se puede decir es que estamos ante un falseamiento de la realidad llamado a producir una nueva ola de inestabilidad en Cataluña.
Muchos ciudadanos nos preguntamos si la ley de amnistía en lugar de garantizar la convivencia, como pretende hacernos creer el Gobierno, no está dando alas a quienes consideran un objetivo irrenunciable “preservar el mandato del 1-O, trabajar para hacerlo efectivo y crear las condiciones que nos permitan materializarlo”, esto es, constituir la república catalana independiente. Mientras los miembros del Gobierno y la bancada que lo respalda en el Congreso se congratulaban puestos en pie por haber logrado sacar adelante por los pelos dos de los tres primeros Reales Decretos-Leyes de la XV Legislatura, los secesionistas de Junts se frotaban los ojos y confesaban incrédulos como cada minuto que pasaba antes de las votaciones conseguían arrancar a Bolaños y Montero alguna concesión más, sin ni siquiera exigírseles a cambio votar a favor de los decretos. Como decía en mi artículo de hace unas semanas, los secesionistas andan muy crecidos y basta con ojear las páginas de Junts, ERC, la Asamblea Nacional Catalana, Ómnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia para comprobarlo.
Un buen botín en la primera escaramuza
Las dificultades del Gobierno para aprobar los tres primeros Reales Decretos-Leyes votados en el Congreso la tarde del 10 de enero de 2024 auguran fuertes turbulencias para la aeronave pilotada por una tripulación cuya labor se va a ver comprometida por las diferencias entre PSOE-PSC y Sumar, dentro del propio gobierno de coalición, y por las rivalidades entre sus variopintos y exigentes avalistas: el verso suelto de Podemos, el PNV enfrentado a EH Bildu en El País Vasco, y ERC enfrentada a Junts en Cataluña, adobado todo ello con elecciones autonómicas en estas dos Comunidades. Podemos ya ha dado un primer aviso votando en contra del Real Decreto-Ley presentado por Díaz para reformar el subsidio de desempleo.
Sánchez ha dado en la clave al comentar tras perder una de las tres votaciones y sacar adelante las otros dos por un margen estrechísimo que seguirán “buscando votos debajo de las piedras para dar estabilidad” al Gobierno. No tengo ninguna duda de que así lo harán hasta que alguna de las víboras del pedregal les atice un picotazo mortal. De momento, al gobierno ha superado la prueba para que los diputados de Junts no participaran o se abstuvieran en las votaciones a cambio de concesiones y promesas negociadas hasta el último momento que ponen de manifiesto el escaso margen con que cuenta el Gobierno para sacar adelante proyectos legislativos, a excepción de aquellos que favorezcan los intereses de Junts, ERC, EH Bildu y PNV. Y en cada ocasión que lo haga pondrá al resto de las Comunidades en pie de guerra.
El botín logrado por Junts no ha sido precisamente insignificante en esta primera escaramuza en el Congreso. La primera y más relevante concesión política del Gobierno ha sido la supresión del artículo 43 bis incluido en la Ley Ómnibus para reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), al considerar el prófugo que podía retrasar la aplicación de la LOA “cuando un magistrado presentara cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)” hasta que el TJUE emitiera una decisión sobre cómo aplicar el derecho comunitario. ¡El prófugo debió decirse a sí mismo a ver si después de tantos desvelos no puedo beneficiarme de la amnistía y regresar a Cataluña!
Lo más sorprendente del caso es que el ministro Bolaños justificó la reforma de la LEC el pasado 28 de diciembre apelando a que se trataba de “un compromiso de España con la Comisión Europea y que estaban en juego 10.000 millones de euros de fondos europeos”. Pues bien, el mismo un ministro Bolaños (¿o sería otro con igual fisonomía y apellido?) minimizaba la importancia de haberla retirado aduciendo “que hubiera una controversia sobre un artículo que realmente no cambiaba nada, no tenía demasiado sentido”. ¿Era o no un compromiso de España con la Comisión Europea? ¿Estaban o no en juego 10.000 millones de fondos europeos? La mentira se ha convertido en moneda de curso corriente entre los ministros de Sánchez y los actuales líderes del PSOE, quizá porque tienen en el presidente un consumado maestro del engaño.
Pero hay más y algunas de las concesiones y promesas extraídas por Junts al Gobierno, aunque pendientes todavía de concretarse, podrían tener implicaciones muy preocupantes sobre la configuración del Estado Autonómico y la igualdad de los españoles. Éstas son las más destacables:
- El Gobierno de España, según Junts, se ha avenido a transferir “la delegación integral de las competencias sobre inmigración a la Generalidad”, mediante la aprobación de una Ley Orgánica específica para Cataluña. (Subrayado mío.) Naturalmente esta cesión “irá acompañada de los recursos necesarios y permitirá a Cataluña hacer una política integral para que sean el Gobierno y el Parlamento de Cataluña quienes determinen una política propia adecuada a las necesidades y realidad de nuestro país”. Nosotros decidimos lo que conviene a Cataluña y ustedes pagan la factura. Todo un ejemplo más de política solidaria y progresista.
- Asimismo, el Gobierno se ha comprometido a reformar la Ley de Sociedades de Capital “para revertir el RD del PP del 2017” y que les empresas que cambiaron su sede social durante el proceso secesionista puedan volver a Cataluña. Quizá algunos empresarios se pregunten por qué sociedades españolas pueden establecer su sede social en el extranjero, pero a algunas sociedades españolas se les quiere obligar a fijarla en Cataluña de donde salieron espantadas cuando el prófugo ejercía de presidente del gobierno de la Generalidad. No me extraña que los inversores nacionales y extranjeros desconfíen de Sánchez cuando afirma que hay seguridad jurídica en España.
- Por último, el Gobierno parece haberse comprometido también con Junts a publicar las balanzas fiscales con el fin de preparar el terreno para ceder al gobierno de la Generalidad el “100 % de los impuestos que se pagan en Catalunya”, un compromiso incluido en el acuerdo firmado por el PSOE con Junts para sacar adelante la investidura de Sánchez. Ello supondría dejar sin competencias a la Agencia Tributaria en Cataluña y llevaría, casi con toda seguridad, a establecer para Cataluña un cupo similar al de El País Vasco en detrimento de las restantes Comunidades Autónomas. Otro ejemplo de defensa del principio de igualdad de los ciudadanos y política progresista del gobierno de Sánchez.
¿Hasta cuándo?
El enfado del presidente Aragonés y ERC que no habían exigido nada más allá de amnistiar a los sediciosos para votar a favor de los Reales Decretos-Leyes debe ser mayúsculo. Las cesiones van a dar alas al prófugo de Waterloo para seguir chantajeando al Gobierno desde su cómodo refugio en Bélgica poniendo sobre la mesa nuevas exigencias cada vez que se plantee una votación en el Congreso. Desde la investidura de Sánchez, la gran pregunta que flota en el enrarecido clima político es en qué momento Junts le exigirá poner fecha a la celebración de “un referéndum de independencia acordado… para hacer efectivo el mandato del 1-O”. ¿Será antes de votar los PGE o el prófugo le dará al mono más cuerda?
Y la siguiente pregunta sobre el tablero es cuánto tiempo podrá el Gobierno presidido por Sánchez engañar a unos y a otros sin reparar en el daño que está causando a nuestro Estado de Derecho, a la igualdad y a la convivencia, con su indecente mercadeo. Los vuelos del Falcon prometen ser muy ajetreados en esta malhadada XV Legislatura y el futuro de Sánchez pende de un hilo controlado desde la ‘Casa de la República’ en Waterloo desde donde el prófugo ejerce de presidente del ‘Consejo de la República’ catalana. Los daños ocasionados a nuestras instituciones democráticas son formidables, aumentan cada día que Sánchez sigue en La Moncloa, y va a resultar muy complicado repararlos cuando acabe este mal sueño urdido con engaños y mentiras.