Uno de los puntos del Acuerdo PSOE-Junts del pasado 9 de noviembre decía lo siguiente:
“se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años”.
Tras los sucesos de septiembre y octubre de 2017, muchísimas empresas catalanas trasladaron su sede social (= domicilio social) fuera de Cataluña. Es evidente que esto constituye un demoledor voto de castigo contra el procés. Por eso es muy difícil de asimilar por el independentismo. Necesitan hacer lo que sea para que regresen las empresas que se fueron.
En el imaginario independentista la fuga de empresas no puede ser achacable al procés. Su victimismo llega hasta el punto de echar la culpa de esto al Gobierno español. Buena prueba de ello es lo que dijo Puigdemont en su declaración de 5 de septiembre de 2023:
“El Gobierno español lleva a cabo un ahogo sistemático de la economía catalana, del cual es ejemplo doloroso la estrategia de cambio de sedes empresariales incentivada por un Real Decreto todavía vigente”.
Veamos cómo son realmente las cosas.
CUÁNTAS EMPRESAS SE HAN IDO
Desde octubre de 2017 hasta julio de 2023 el número de empresas que han trasladado su sede social fuera de Cataluña es 7.743. Dato publicado por Cinco Días el pasado 10 de noviembre. Es un dato alucinante. Sobran los comentarios. Sólo en el último trimestre de 2017 fueron 3.208.
Entre ellas están todas las importantes: Caixa y su grupo (Criteria, la Fundación, VidaCaixa, SegurCaixa), Banco Sabadell, Naturgy, Aguas de Barcelona, Cellnex, Inmobiliaria Colonial, Abertis, Catalana de Occidente, Cementos Molins, Codorniu, Hotusa, Grupo Planeta, Bimbo, Allianz, Axa, Zurich, Oryzon, Cervezas San Miguel, Grupo Gallo…
El porcentaje que tal número de empresas representa en el PIB de Cataluña puede estar en torno al 25%.
QUÉ SIGNIFICA EL TRASLADO DEL DOMICILIO SOCIAL
Hay que aclarar que el mero traslado del domicilio social fuera de Cataluña no tiene consecuencias económicas ni fiscales. No implica traslado de consejeros, ni de directivos, ni de empleados, ni de instalaciones, ni de oficinas. Los impuestos se siguen pagando igual que antes. Materialmente, todo continúa igual.
Otra cosa muy distinta sería el traslado del domicilio fiscal fuera de Cataluña, pues eso exige el desplazamiento físico fuera de Cataluña de buena parte de consejeros y directivos. Y eso lo han hecho pocas empresas. Y ninguna de las cotizadas en el IBEX. El traslado del domicilio fiscal sería una auténtica catástrofe para la economía catalana.
Entonces, ¿por qué tantas empresas han trasladado el domicilio social fuera de Cataluña? Muy sencillo: para que la compañía en cuestión siguiese domiciliada en un país perteneciente a la Unión Europea, para seguir en el euro, para seguir cotizando en una Bolsa reconocida internacionalmente, para seguir bajo el paraguas del Banco Central Europeo… Casi nada. En una Cataluña independiente esas transcendentales cuestiones quedaban sumidas en la incertidumbre. Así, con el domicilio en España, tras la supuesta independencia, la empresa seguiría siendo española y sus negocios en Cataluña serían los de una sucursal.
El clima generado en Cataluña en octubre de 2017 era de una gran inseguridad jurídica, y eso es fatal para las empresas. Las personas razonables no se tomaban en serio que la independencia saliese adelante. Pero los consejeros y directivos tienen la obligación de proteger la empresa, y a sus empleados y accionistas, de cualquier riesgo que pueda amenazarles, aunque sea poco probable.
CÓMO SE HACE EL TRASLADO DEL DOMICILIO SOCIAL
El artículo 285 de la Ley de Sociedades de Capital, tal como quedó redactado por la Ley 9/2015, dice que el Consejo de Administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional, salvo disposición contraria de los Estatutos.
Sin embargo, muchos Estatutos atribuían a la Junta General de Accionistas la facultad de cambiar el domicilio social. Y podía interpretarse que eso era una disposición contraria de los Estatutos que hacía imposible que el Consejo pudiera cambiar el domicilio social.
Para disipar tales dudas, se dictó el Real Decreto-Ley 15/2017, de 6 de octubre, aclarando que existe disposición contraria de los Estatutos sólo cuando con posterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley se hubiere aprobado una modificación que expresamente declare que el Consejo no tiene la facultad de modificar el domicilio social.
De esta manera, se eliminaba cualquier duda y quedaba claro que el Consejo podía modificar el domicilio social dentro del territorio nacional sin problema.
Este Real Decreto-Ley se aprueba el 6 de octubre de 2017, fecha crítica del procés, a instancias de las propias empresas catalanas, agobiadas por la tremenda inseguridad jurídica a la que se veían condenadas. Pero la atribución al Consejo de la facultad de cambiar el domicilio social se hizo mucho antes, en la Ley 9/2015. El Real Decreto-Ley 15/2017 sólo disipó algunas duda interpretativa.
CONCLUSIONES
1.El Gobierno español no ha promovido el traslado del domicilio social de las empresas catalanas fuera de Cataluña. Han sido las propias empresas las que han necesitado la aclaración del Real Decreto-Ley 15/2017 para proteger su negocio ante la enorme inseguridad jurídica creada por el procés.
2.El mero traslado del domicilio social no tiene consecuencias económicas ni fiscales pues no implica desplazamiento de consejeros, ni de directivos, ni de empleados, ni de instalaciones ni de oficinas. Los impuestos se siguen pagando igual que antes.
3.Sin embargo, que 7.743 empresas hayan trasladado su domicilio fiscal fuera de Cataluña desde octubre de 2017 tiene una lectura política transcendental: las empresas tienen miedo a la independencia y necesitan ponerse a salvo. Y hasta ahora no ha vuelto ninguna.
4.Los acuerdos concluídos por el PSOE con Esquerra y Junts están suministrando oxígeno a esas formaciones que estaban en decadencia. Y siguen diciendo que lo volverán a hacer. En tales condiciones, no hay ninguna probabilidad de que vuelvan a Cataluña las empresas que se fueron.
