La Generalitat sigue sancionando a los comerciantes que no se ajustan a sus dictados lingüísticos. Es conocido que el Govern impone multas a los comercios que no rotulan en catalán —esto es, mayoritariamente, a los que lo hacen en castellano—. Y su despliegue punitivo va en aumento. Según publica el diario La Razón, el gobierno nacionalista ingresó en 2022 un total de 112.606 euros, equivalentes a 68 sanciones por la cuestión mencionada. Esta cantidad multiplica casi por siete lo que recaudado en 2021, año en el que recibió 17.350 euros con 16 sanciones.
Por otra parte, según relata el rotativo, la Agencia Catalana de Consum de la Generalitat ingresó 3.344.187 euros en 2021 gracias a las sanciones que impone contra empresas que incumplieron la Ley del Código de Consumo autonómica, aprobada por el Parlament en 2010, y que obliga a usar el catalán en los servicios y productos que se venden en la comunidad catalana. De esa cantidad, los 17.350 euros correspondientes a las multas por rotular en español fueron encuadrados bajo la categoría de «vulneración de los derechos lingüísticos».
