La organización Amnistía Internacional ha hecho su particular análisis de la propuesta de ley de amnistía registrada por el PSOE ante el Congreso y pactada con el líder de Junts, el prófugo Carles Puigdemont. Un análisis que presta especial atención a las figuras de los expresidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y que, además, reclama que la ley establezca para las «víctimas» de la acción del Estado contra el procés «indemnizaciones y medidas de asistencia médica y social».
En lo que a las indemnizaciones se refiere, Amnistía Internacional considera que la ley debe garantizar «una reparación efectiva» de las «víctimas» de las acciones llevadas a cabo por el Estado mediante los cuerpos y fuerzas de seguridad durante jornadas como la del referéndum ilegal o tras la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del procés, en octubre de 2019. La entidad presidida por Esteban Beltrán asegura sobre esta cuestión que se produjo «un uso excesivo de la fuerza» y que los afectados por ello deben ver «reconocidos sus derechos». Además, añade que estas personas han de recibir «la asistencia necesaria para superar las consecuencias del uso excesivo de la fuerza».
Reparación también para los Jordis
Estas supuestas «víctimas» deben tener «una reparación completa» que incluya «indemnizaciones y medidas de asistencia médica y social«. Incluye en este grupo a «agentes de policía heridos o personas víctimas de agresiones entre manifestantes, en ocasiones con resultado de lesiones de entidad».
En cuanto a los Jordis, Amnistía Internacional aseguran que su condena por sedición fue «injusta» porque lo que su papel en el procés fue el de ejercer «pacíficamente sus derechos a la libertad de reunión y de expresión». Recuerda la entidad en el mismo comunicado que la ley de amnistía «contempla la extinción de su responsabilidad penal y cancelación de antecedentes», pero «no anula las resoluciones judiciales condenatorias ni prevé una indemnización o reparación alguna para ellos, lo que contradice el derecho internacional, que para estos casos establece que las resoluciones judiciales deben ser declaradas nulas y sin efectos y que se garanticen recursos efectivos para las víctimas de violaciones de derechos humanos».
