El poco público que todavía presta atención a lo que se dice en el Congreso de los Diputados puede que se haya escandalizado –aunque a estas alturas eso ya es difícil– por la manera en la que Junts y ERC han insultado a algunos magistrados del TS y, por extensión, a la Magistratura en general. No se trata solo de que sostengan que los jueces tienen ojeriza a los independentistas, tesis que se repite con la misma insistencia con la que un niño justifica sus malas notas diciendo que el profesor le tiene manía, sino que les imputan abiertamente delitos continuados de prevaricación en su obsesiva persecución a independentistas, lo cual debería dar lugar a que se tuviera por nulo todo lo que hubieran decidido pues nunca habría tenido un suelo legal en el que apoyarse, y no se trata solo de la extravagante tesis de que todo lo que se haga en nombre del independentismo es necesariamente ajustado a derecho, especialmente si se opone el derecho de otro Estado (España versus Cataluña) sino de que la libertad de insulto va incluida en el pacto que el PSOE mantiene con los que disponen de la manija de la mayoría parlamentaria.
En las crónicas parlamentarias se lee que esos graves desmanes verbales se han producido porque la Presidenta del Congreso lo ha permitido cuando hubiera debido llamar al orden al diputado que vertía conceptos ofensivos para otras Instituciones del Estado (art. 103 del Reglamento del Congreso), pero optó por no hacerlo. Unos dirán que eso es consecuencia de los pactos entre el PSOE y los independentistas, que no se limitan a la investidura de Sánchez, como todos saben, y otros dirán que la Presidencia prefirió dejar campar sin límites a la libertad de expresión, y quien quiera creérselo que se lo crea. Quien, en cambio, considere dramático que desde el Poder Legislativo se cuestione impunemente la probidad del Poder Judicial no tendrá más remedio que aguantarse.
Sería un error, no obstante, limitar la significación de esas gravísimas acusaciones a unos excesos verbales producidos durante un debate parlamentario, y animados por la barra libre que el PSOE permite o su complicidad omisiva, por el momento, a los parlamentarios independentistas, que, a su vez, obran impulsados por el afán de mostrar a su público su contundencia y gallardía en el modo de tratar a los jueces como merecen.
Las deslenguadas imputaciones de diputados de Junts y de ERC se insertan en un «plan»
Al contrario: las deslenguadas imputaciones de diputados de Junts y de ERC se insertan en un “plan”, que suponen sagaz, para forzar la interpretación de la futura Ley de Amnistía, comenzando por el momento mismo en que Puigdemont solicite su aplicación ante la Sala II del TS, circunstancia en la que es probable que simultáneamente recuse a su Presidente y a todos los magistrados que integraron la Sala que juzgó y condenó a los dirigentes independentistas, pues ya se han encargado sus diputados y los de ERC de decir que aquel juicio fue una farsa que pisoteó los derechos fundamentales a la libertad de opinión y a la autodeterminación de los pueblos. Un Tribunal así “manchado” no puede decidir si Puigdemont ha de quedar fuera de la Ley de Amnistía en aplicación del art.2 de esa Ley y a causa de su implicación en el llamado tsunami democrático.
En la misma clase de lógica hay que colocar la imputación de la secretaria general de RC, señora Rovira por un delito de terrorismo, que solo es, según ello, una derivación de la persecución por razones ideológicas a la que están sometidos los líderes del independentismo, pues así se ha dicho en el Congreso de los Diputados sin que el Partido principal del Gobierno haya dicho nada en contra, ni siquiera que se respetaran las decisiones judiciales hasta que le correspondiente proceso concluya. Peor aún: la Fiscalía, que en estos temas se muestra totalmente acompasada con los compromisos del Presidente del Gobierno, ha decidido modificar su primitivo criterio que era el de acusar por terrorismo para pasar a la calificación de desórdenes públicos, que tiene cabida sin obstáculos en la proyectada Ley de Amnistía.
Otro problema, diferente pero enlazado, es el del nombramiento de Comisiones parlamentarias para investigar sobre la existencia de planes gubernamentales de «espionaje» a los líderes independentistas y a todas las personas que hayan contribuido al programa secesionista de un modo u otro. Más allá de la inconcreción del objeto y de su significación, pues, no se olvide, el mencionado programa ha pasado a veces por la comisión de hechos constitutivos de delitos, lo realmente grave es que, en la aprobación de la creación de una comisión de investigación, cosa a la que ha contribuido el PSOE, va implícito un significativo «respeto» a la legitimidad de las actividades secesionistas.
Muy posiblemente esas comisiones no servirán para nada, pero eso es lo de menos pues el leitmotiv de su creación no es otro que el de sembrar la sospecha sobre la limpieza de los procedimientos judiciales y policiales en relación con todo lo que esté vinculado al independentismo. Bien es cierto que el Consejo General del Poder Judicial ha protestado enérgicamente por lo que considera, con razón, un ataque inadmisible contra la independencia judicial. Pero la muy débil posición en que se encuentra ese más que cuestionado órgano tras su contumaz falta de renovación hace que sus pronunciamientos carezcan de la fuerza que en otras circunstancias tendrían, pensando, especialmente, en la eventual llegada del problema a instancias europeas.
El leitmotiv de las comisiones no es otro que el de sembrar la sospecha sobre la limpieza de los procedimientos judiciales y policiales en relación con todo lo que esté vinculado al independentismo
Todo apunta en una misma dirección, y el objetivo es ensanchar las posibilidades del llamado lawfare hasta donde convenga al grupo directivo tanto de Junts como de ERC. Eso, inevitablemente, pasa por el cuestionamiento público de la honestidad y profesionalidad de la actuación judicial, pero ello no parece preocupar al PSOE, que, en apariencia, es indiferente a hechos de la importancia de una protesta suscrita por todas las asociaciones judiciales.
La gravedad de la situación no se puede reducir a la condición de un problema propio del camino que ha de conducir a la aprobación de una amnistía, mayoritariamente rechazada por los españoles – cosa que el Gobierno no se atreve a negar – pues nos encontramos inmersos en una profunda crisis de la normalidad del Estado de Derecho, y las heridas que se están produciendo son de difícil sutura, y el tratamiento solo puede ser la regeneración política, arcaico y constante hispano deseo.
Mientras tanto, el Presidente seguirá conforme al refrán: ande yo caliente y ríase la gente.
